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Un derecho postergado, la salud en el Perú sigue siendo un privilegio

“El Perú es un país donde la salud es un lujo para millones”, advierte Hernando Cevallos, exministro de Salud. Sostiene que en la práctica el Estado ha dejado de cumplir con la garantía de un derecho consagrado en la Constitución del Perú, la cual reconoce en su artículo 7, que todos los ciudadanos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad. El mismo artículo señala que el Estado es responsable de determinar la política nacional en materia sanitaria y de asegurar el acceso universal y progresivo a los servicios de salud y a la seguridad social. Sin embargo, esa obligación se cumple solo en el papel.

“No hay una política de fortalecimiento del sistema para tener capacidad de respuesta en cualquier circunstancia. Lo que tenemos es un Estado que actúa solo cuando la crisis ya estalló”, agrega.

Cevallos sostiene que el sistema de salud peruano no solo está fragmentado, sino también profundamente centralizado. “Seguimos con una concentración de profesionales y equipamientos en Lima, mientras las regiones más alejadas carecen de especialistas, de equipos, y de hospitales capaces de resolver casos complejos. Es dramático”, señala.

Esa desigualdad geográfica se traduce en vidas perdidas. En provincias donde los hospitales carecen de unidades de cuidados intensivos o equipos de diagnóstico básico, muchos pacientes son derivados a Lima, saturando los hospitales de la capital. “Por eso —explica Cevallos— las referencias médicas de las provincias terminan rebotando. Es el reflejo de un sistema absolutamente partido”.

Por su parte, el también exministro de Salud Óscar Ugarte coincide en el diagnóstico y advierte que el 96% de los establecimientos de salud del país se encuentra en condiciones inadecuadas, según datos del propio Ministerio. A ello se suma un uso desigual de los recursos. «Más del 70% del presupuesto se dirige a hospitales en tres regiones, muchas veces por intereses políticos que a criterios de necesidad sanitaria”, subraya. 

Decisión política, no solo gestión

Tanto Cevallos como Ugarte comparten una misma lectura del problema: las fallas del sistema no se explican por limitaciones técnicas, sino por la ausencia de decisión política.

“En los últimos años el Ministerio de Salud ha priorizado obras con fines políticos antes que resolver los problemas reales. Eso ha desarticulado el sistema y debilitado la conducción técnica”, remarca Ugarte.

Esa falta de decisión se refleja también en la ejecución del presupuesto. Según Ugarte, las compras de medicamentos este año están totalmente retrasadas; apenas se ha ejecutado el 40% del presupuesto asignado. «Y cuando no lo gastan, lo reparten a los gobiernos regionales a última hora, sin capacidad para usarlo. Así se pierde dinero y se pierde tiempo. Y en salud, eso significa perder vidas”.

Por su parte, Cevallos señala que la política sanitaria peruana avanza bajo una lógica privatizadora que debilita el sistema público. A su juicio, el impulso a las asociaciones público-privadas revela una renuncia implícita a cumplir con el deber de garantizar la salud como derecho. “Cuando el Estado promueve este tipo de esquemas —señala—, está reconociendo su incapacidad para cuidar a su población. La salud no puede ser vista como un negocio, sino como un derecho esencial”.

El espejismo del presupuesto: más dinero, mismos resultados

En los últimos años, el presupuesto del sector salud ha crecido, pero los resultados no. Ugarte lo explica con claridad: “El gasto público en salud debería alcanzar el 6% del PBI, según la OMS. Hoy apenas llegamos al 3.5%. Sin ese incremento sostenido, no hay forma de cubrir el déficit estructural”.

Para Cevallos, el dinero en salud no se pierde únicamente por corrupción o ineficiencia administrativa, sino por la ausencia de una visión clara de desarrollo. Aun con un presupuesto que ronda los 30 mil millones de soles, el país apenas logra mantener en pie la infraestructura existente. El exministro alerta que nueve de cada diez establecimientos del primer nivel funcionan con serias limitaciones, reflejo de un sistema que sobrevive más que progresa. «Para cerrar brechas se necesitarían 30 mil millones de soles adicionales», afirma.

Ambos especialistas coinciden en que la atención primaria debe ser el eje de la reforma. “El primer nivel de atención puede resolver el 80% de los problemas de salud —explica Ugarte—, pero recibe menos del 25% de los recursos. En cambio, se invierte más en grandes hospitales, muchos de ellos orientados por criterios políticos”.

Cevallos recuerda que, durante la pandemia, la acción coordinada y la inversión rápida demostraron que sí se puede. “En cinco meses vacunamos al 80% de la población, levantamos más de tres mil camas UCI y plantas de oxígeno. ¿Por qué? Porque hubo decisión política. Pero después, se desmanteló todo. Hoy el 40% de las plantas no funciona”, lamenta.

Trabajadores precarios y desmotivados

La crisis también tiene rostro humano. En el Perú, miles de profesionales de salud trabajan bajo contratos temporales o sin estabilidad laboral. “No podemos tener un sistema eficiente con trabajadores precarios”, advierte Cevallos. “Dignificar al personal de salud no debería tomar años. Solo se necesita decisión y voluntad política”.

Ugarte advierte que el país enfrenta un déficit cercano al 30% de profesionales de la salud, una brecha que limita la capacidad de respuesta del sistema público. Considera que la solución requiere una planificación nacional articulada entre el Ministerio de Salud y las universidades, orientada a formar los especialistas que el país necesita en el mediano y largo plazo. “A este ritmo —estima Ugarte—, se necesitarían entre ocho y diez años para corregir los déficits estructurales del sistema”.

Salud y desigualdad: la fractura que se ensancha

La salud en el Perú refleja las brechas sociales y económicas que dividen al país. Ambos exministros coinciden en que el sistema sanitario no solo es ineficiente, sino que reproduce y amplifica las brechas sociales y territoriales. Mientras en Lima los hospitales colapsan por exceso de demanda, en las regiones rurales hay comunidades que ni siquiera cuentan con médicos permanentes o equipos básicos para atender una emergencia.

La fragmentación también se manifiesta en la coexistencia de subsistemas —MINSA, EsSalud, sector privado— que no se comunican entre sí. “Seguimos con un sistema partido —insiste Cevallos—. Ni siquiera hay interconexión entre los establecimientos del propio Ministerio. Y el Estado no asume la salud como un derecho fundamental”.

El resultado es un país con atención de primera para unos pocos y servicios precarios para la mayoría. En las zonas rurales, la carencia de infraestructura, especialistas y medicamentos se traduce en muertes evitables, especialmente por enfermedades que podrían tratarse con diagnósticos tempranos o medidas de prevención. La falta de campañas sostenidas y la escasa cobertura de exámenes básicos —como mamografías o pruebas de detección temprana— evidencian que la salud preventiva sigue siendo un privilegio, no un derecho garantizado.

“En un país donde el 70% de las mujeres nunca se ha hecho una mamografía, hablar de prevención es casi una utopía”, lamenta el exministro.

El costo de la inacción

En un país donde la pandemia reveló crudamente la fragilidad del sistema, las lecciones parecen haberse olvidado. Aunque el diagnóstico es crítico, todavía existe margen para revertir la crisis. Ugarte y Cevallos coinciden en que el punto de inflexión dependerá de una decisión política, donde se reconoce a la salud como pilar del desarrollo nacional.

“No necesitamos décadas para empezar a cambiar las cosas —dice Cevallos—, pero sí necesitamos decisión. Si seguimos igual, el sistema va a colapsar, y los más pobres serán los primeros en pagar el precio”.

Ugarte comparte esa advertencia: “Solo un pacto político que garantice continuidad y aumento progresivo del presupuesto podrá sostener una reforma real. De lo contrario, seguiremos administrando la crisis cada cinco años”.