La reconocida firma de lujo, Dior, enfrenta una fuerte acusación por explotación laboral en Italia y se suma a las otras marcas internacionales vinculadas a la violación de derechos humanos.
Manufacturers Dior SRL, brazo productivo, fue puesto bajo administración judicial preventiva durante un año. Esta decisión, anunciada por la fiscalía de Milán, surge en respuesta a una investigación sobre presunta explotación laboral, que reveló que Dior subcontrató a empresas chinas que ejercían la esclavitud laboral.
La pesquisa se centró en cuatro proveedores chinos que empleaban a 32 trabajadores, incluidos dos inmigrantes ilegales y siete sin la documentación requerida. Ellos se veían obligados a dormir en sus lugares de trabajo, en condiciones de higiene y salud que violaban los estándares éticos. Según el informe, Dior no tomó las medidas necesarias para verificar las condiciones laborales ni la capacidad técnica de estas empresas subcontratadas.
Este caso se asemeja a una situación similar en abril, cuando el tribunal de Milán impuso una administración judicial preventiva a Giorgio Armani Operations por subcontratar a empresas que también explotaban a sus trabajadores. Ambas decisiones reflejan un problema sistémico en la industria de la moda en Italia.
Dior, la segunda marca más grande de LVMH, propiedad de la familia Arnault, ahora debe enfrentarse a la administración judicial mientras continúan las operaciones de la empresa. Las repercusiones de este caso no solo afectan la reputación de Dior, sino también ponen en duda las prácticas laborales en toda la industria del lujo.
La administración judicial tiene como objetivo prevenir futuros abusos y garantizar condiciones de trabajo justas. Las marcas de lujo deben adoptar medidas más estrictas para garantizar que sus proveedores cumplan con las normas éticas y legales, evitando así la explotación y protegiendo los derechos de los trabajadores.