Derechos humanos - Desarrollo económico
Un país sin brújula no avanza: el llamado del PEDN 2050
Aunque el Perú cuenta con un plan de desarrollo que traza su rumbo hasta el 2050, la falta de coordinación estatal y de compromiso político amenaza su ejecución. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 debe pasar de ser un documento referencial a convertirse en una política de Estado con resultados tangibles.
Salir de la crisis en la que el país se encuentra sumido requiere un rumbo claro y eficiente, donde las políticas públicas de todos los sectores se articulen hacia un mismo propósito: el desarrollo sostenible del Perú. En este contexto, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN 2050), formulado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), se vuelve clave.
Este documento constituye una herramienta fundamental, pues establece una visión compartida de país a largo plazo, orientada al bienestar de las personas y a la sostenibilidad de los recursos naturales. Para Marcos Alegre, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, este plan permite al Perú alinear sus políticas públicas, inversiones y esfuerzos del sector privado hacia un mismo horizonte.
“Resume el aporte de actores sociales clave del país que se recogió luego de un amplio proceso de participación social (Acuerdo Nacional) y cuenta con cuatro Objetivos Nacionales”, detalla.
Cada uno de los Objetivos Nacionales se divide en objetivos específicos, que a su vez comprenden acciones estratégicas. El plan también contempla cuatro hitos intermedios (2026, 2030, 2040 y 2050), los cuales permiten medir el avance del país hacia su visión.

Sobre su cumplimiento
De acuerdo con el último Reporte de Seguimiento del PEDN 2050, el 54 % de los indicadores de los objetivos específicos del Objetivo Nacional 1 se encuentra en riesgo alto o moderado de incumplimiento, mientras que en el Objetivo Nacional 2 la cifra alcanza el 36 %, con respecto a la primera meta establecida para el hito 2026.
A menos de un año del primer hito, y con más de dos décadas por delante hasta el 2050, surge la pregunta: ¿podrán lograrse metas como reducir la pobreza monetaria urbana a casi 10 %, o elevar el índice de empleo decente a más del 32 %, tal como plantea el PEDN?
El expresidente del Ceplan, Javier Abugattás, considera que las expectativas de cumplimiento son bajas debido a la falta de unidad en las ejecuciones del Estado.
“Se deben plantear acciones con resultados muy concretos, que mejoren el bienestar de la gente. Si no se hace eso, todo lo demás se queda en el papel. Tenemos muchísimos planes en el Perú, muchos diagnósticos que no pasan a la ejecución”, manifiesta.
Para Abugattás, desde la aprobación del plan este debió reflejarse inmediatamente en el accionar del Estado, en la asignación de recursos y en el presupuesto nacional, lo que no ha ocurrido.
“Eso quiere decir que las autoridades no han alineado su trabajo a esos cuatro objetivos, que además están interrelacionados. La tendencia es que no cumplamos casi nada”, puntualiza.
El especialista atribuye esta situación a factores como la falta de voluntad política, organización y articulación. Recuerda que la importancia del PEDN radica en que nace de un consenso: el Acuerdo Nacional, instancia permanente de diálogo y concertación entre el Gobierno, los partidos políticos, los empresarios y la sociedad civil.
“Pueden ser corrupción o no, pero hay intereses particulares que predominan. Eso ha pasado en los últimos 20 años, cuando ha crecido tanto el dinero en el Estado. Podríamos revisar los presupuestos de las últimas décadas, y al aumentar tanto los recursos, también se han encontrado formas corruptas de apropiarse de ellos”, enfatiza.


Planes de gobierno y debate político
Marcos Alegre sostiene que el PEDN 2050, por su alcance de largo plazo, sienta las bases para una articulación intersectorial y territorial, reduciendo los cambios improvisados de rumbo en la gestión pública.
“De esta manera, fortalece la capacidad del sector público para planificar y anticiparse a desafíos como la pérdida de biodiversidad, la informalidad o la vulnerabilidad climática”, afirma.
Con miras a las próximas elecciones presidenciales, resulta crucial que el debate electoral y los planes de gobierno de los candidatos se enmarquen en los lineamientos del Plan Estratégico, de modo que, independientemente de quién asuma el poder, su gestión mantenga una orientación basada en el consenso nacional.
Según Abugattás, el retraso en la definición de candidaturas dificultará entablar reuniones para que los equipos técnicos alineen sus propuestas a los Objetivos Nacionales.
“En diciembre tendrán que presentar sus planes de gobierno. (…) Entonces, habría que preguntarles alrededor de dos o tres indicadores de los Objetivos Nacionales: cómo lo van a hacer y qué perfiles de personas van a poner”, comenta.

La alineación de los presupuestos públicos también será decisiva para financiar los objetivos del PEDN 2050. Aparece entonces la interrogante: ¿el gobierno de transición considerará los lineamientos del plan en la formulación del presupuesto 2027? Y, más aún, ¿su aprobación en agosto responderá a la visión del PEDN?
“En julio, cuando entre el nuevo gobierno, en agosto tiene que presentar el presupuesto 2027. No hay mucho tiempo. Por eso tienen que tener un buen equipo y un buen plan de gobierno”, precisa Abugattás.
Ante esta coyuntura, el especialista destaca el valor del Informe Preelectoral como punto de partida para contrastar los planes de gobierno con la realidad nacional. Este documento, elaborado por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), busca informar sobre la situación económica, financiera y social del país antes de las elecciones.
“Se publica tres meses antes de las elecciones para darle a los ciudadanos una idea de qué ha pasado en los últimos cinco años y qué se prevé para los siguientes cinco. Eso debería ser el punto de contraste con los planes de gobierno. Llevaría a una discusión seria sobre qué hacer y qué cambiar”, explica.

Seguimiento y continuidad
A mediano plazo, la gran pregunta es cómo asegurar la continuidad del PEDN 2050 más allá de los cambios de gobierno. Según Marcos Alegre, ello dependerá de institucionalizar su implementación como política de Estado de largo plazo, presente en todos los niveles de gestión pública.
“Para lograrlo, es clave que el Plan se convierta en un referente obligatorio para la formulación de políticas, presupuestos y marcos normativos, de modo que su cumplimiento no dependa de los vaivenes de las decisiones de las autoridades de turno”, agrega.
Abugattás propone que empresarios, universidades, centros de investigación y colegios profesionales asuman un rol activo de monitoreo sobre el avance de los objetivos.
“Imagínate un seguimiento mensual en donde todos podamos participar. Primero lo debería publicar el Estado y llevarlo a un Acuerdo Nacional ampliado, donde estén los empresarios. Por ejemplo, Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias y otros miembros”, señala.
Alegre coincide en que se deben fortalecer los mecanismos de gobernanza participativa y multisectorial para el seguimiento y evaluación del plan. La transparencia y la rendición de cuentas, añade, son esenciales para que el PEDN sea un instrumento dinámico que se adapte a los avances y desafíos que surjan en el camino.
Los gobiernos regionales y locales también tienen un papel decisivo: “Su función no debe limitarse a ejecutar políticas y normas nacionales, sino a territorializar la estrategia, adaptándola a las realidades y proyecciones e conómicas, sociales y ambientales de cada región”, apunta Alegre.
En un panorama complejo, marcada por la inseguridad y la inestabilidad política, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 puede convertirse en la brújula que el país necesita. No debe ser un saludo a la bandera, sino el timón que articule políticas públicas y esfuerzos multisectoriales para alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo en el Perú.








