Por Stakeholders
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La operación minera Quellaveco se encuentra a la espera de una respuesta del Gobierno, que evaluará en un plazo de una semana si mantiene o suspende la licencia de uso de agua superficial otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a la empresa minera Anglo American Quellaveco, que opera la mencionada mina.
Para la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), esta situación ya genera mensajes negativos a la inversión.
“Que un proyecto de 5,500 millones de dólares, de gran impacto favorable al país, se vea paralizado por consideraciones políticas desencadenará una enorme incertidumbre sobre el Perú como destino de inversiones, además de afectar a los aproximadamente 4,000 trabajadores y en [situación de] riesgo 32,000 puestos de trabajo indirectos”, señaló el gremio en un comunicado.
La evaluación de la licencia se conoció tras realizarse reuniones entre el Gobierno y las autoridades de Islay, donde se encuentra el Valle del Tambo –zona de influencia del río Tambo–, entre el martes y miércoles pasado. El miércoles 5 de octubre participó en la reunión el presidente Pedro Castillo, como indicó ese mismo día el parlamentario Jaime Quito (Perú Libre) en su cuenta de Twitter.
La Confiep invocó al Gobierno a “actuar con coherencia con sus declaraciones respecto al desarrollo de proyectos de inversión que son necesarios para el país y que han sustentado su viabilidad y sostenibilidad ante los organismos técnicos competentes del Estado”.
Agregó que “una intromisión política a un proceso técnico constituye un mal precedente para la competitividad del país”.
“El cambio de reglas de juego ahuyenta a los inversionistas, cuyo capital es esencial para generar empleo formal y generar los recursos que necesita el Perú para cerrar brechas y reactivar su economía”, continúa la misiva.
A este episodio se suma el anuncio ilegal que realizó la PCM en noviembre pasado sobre el cierre de cuatro minas en Ayacucho, así como la falta de capacidad de gestión en torno al conflicto con Las Bambas, que a la fecha opera al 50% de su capacidad por los constantes conflictos sociales y la pérdida de institucionalidad en la zona.
“Las demandas legítimas por agua de calidad y cantidad adecuada para el valle del Tambo no deben ser confundidas con los reclamos sin base de un grupo antiminero. El crecimiento y desarrollo del sector principal que impulsa la economía y desarrollo del país no puede parar. Solo con un clima de estabilidad y confianza se podrán generar las condiciones necesarias para plasmar el despegue económico”, zanjó el gremio.
Una posible paralización del proyecto Quellaveco reduciría aún más la proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del país para el 2023, según el Banco Central de Reserva (BCR).
Ante la evaluación del Gobierno a los derechos al uso de agua de la mina de cobre y la posibilidad de que esto genere una pausa en el inicio de operaciones de la mina, se estima que el PBI del país podría caer en 0.3%, cifra que representa la expectativa de producción de Quellaveco.
“De no darse la producción del proyecto Quellaveco este año, el PBI sería menor en 0.3 puntos del PBI”, dijo el gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrían Armas. Esto implica que la proyección de crecimiento económico del Perú para el 2023, que es de 3%, se rebaje a 2.7%.
Instituto de Ingenieros de Minas se pronuncia
