Derechos humanos

Educación e inclusión financiera abren puertas al bienestar de todos los peruanos

Por Renzo Rojas

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Tanto educación como inclusión financiera deben ir de la mano para generar progreso en la población, especialmente en aquellos grupos vulnerables del Perú. Si bien hay avances en algunos criterios, aún las estadísticas demuestran que se requieren aminorar ciertas brechas.

POR RENZO ROJAS

rrojas@stakeholders.com.pe

La incursión de la pandemia generó que, pese a toda voluntad, peruanos y peruanas accedieran a algún tipo de mecanismo financiero para recibir subsidios del Estado en medio de una crítica situación económica. Hasta entonces, indicadores financieros mostraban un aumento en, por ejemplo, el número de adultos que contaban con algún tipo de cuenta bancaria, el cual había pasado del 20% en 2011 al 47% en 2017, según la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc)

Tras el momento más álgido del Covid-19, el avance ha sido notorio al momento de, al menos, brindar a quienes nunca habían tenido la oportunidad de contactar con el sistema financiero en su vida. Sin embargo, medir la inclusión financiera solamente en base al número de tenencia de cuentas no responde necesariamente a una fehaciente inclusión en el país. Vale recalcar que para ello se debe evaluar sus tres dimensiones: acceso, uso y calidad, estándares que permiten una mirada más acorde a lo que acontece con la economía de la población.

De acuerdo con el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp, Perú ocupa el penúltimo lugar entre ocho países de la región al momento de medir esas tres dimensiones. Parte de la causa del bajo promedio radica en el desaprobatorio desempeño que obtiene el país en el componente Uso, que mide variables como la recepción de ingresos en el sistema financiero o su empleabilidad para ahorrar. Es en este aspecto donde se presentan grandes retos.

“En el Perú hay mucho trabajo por hacer. Si bien es cierto que el sector financiero es uno de los que más se ha movido en la pandemia, tenemos que hablar de la calidad, el uso y la accesibilidad a productos financieros. Aquí nos damos cuenta de que estamos muy rezagados. De acuerdo con la OCDE, el Perú está rezagado. Tiene 12, 5 de 21 puntos. Es decir, estamos a la mitad dentro de una región que de por sí ya está excluida”, indica María Laura Cuya, docente de Finanzas de Pacífico Business School.

Abordar la mejora de estas cifras con[1]lleva a la educación financiera. Precisamente, es la mejor ‘arma’ para la reducción de brechas, aquellas que han persistido en el tiempo y afectan especialmente a grupos vulnerables. Es la razón de que en la actualidad distintas entidades gubernamentales o no se hayan movilizado en los últimos años para difundir estos aprendizajes. Para Gloria Arméstar, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), resulta fundamental que se trabaje en este tipo de educación.

“Toda la educación financiera genera confianza en el sistema financiero. Y a la vez este tiene confianza en las personas, ya que sabe que va a existir un retorno. (…) Se busca que sea un sistema financiero equitativo, transparente, competitivo. La legislación poco a poco está tratando de buscar ese equilibrio. Entre estabilidad, integridad y protección financiera”, argumenta.

María Laura Cuya – Docente de Finanzas de Pacífico Business School.

Un aprendizaje constante

Es justamente la educación financiera un vehículo para incluir a todos los estratos sociales y económicos a los beneficios del sistema financiero. Por ello es vital que esté presente en etapas de aprendizaje del ser humano, y no se limite solamente a una especialización o, más aún, esté ausente por desconocimiento de su importancia. Aquí es donde las entidades públicas o privadas correspondientes juegan un papel clave para desplegar herramientas que favorezcan la comunicación al respecto.

“La OCDE señala que la educación financiera es un proceso continuo a lo largo de la vida del ser humano. Hemos visto cómo en la crisis de la pandemia se ha tenido que usar el sistema financiero. En ese sentido, la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) hace una labor notable: capacita a colegios, incluyendo a los profe[1]sores, sobre todo del ámbito público para que puedan tener conceptos básicos de lo que es educación financiera”, menciona Gloria Arméstar.

La docente agrega que es crucial que se proyecte su llegada a todos los segmentos a nivel urbano o rural a lo largo del territorio nacional. Comparte esta perspectiva María Laura Cuya, quien detalla también que los conocimientos financieros son indispensables para niños y jóvenes en la gestión de sus vidas. No obstante, hace hincapié en que perdura un desconocimiento acerca de ciertas nociones, hecho que revela el estado actual de la educación financiera en el país.

“Si pensamos que educación financiera implica manejo de riesgo, conocimiento sobre rentabilidad, valor del dinero en el tiempo, gestión del dinero, conceptos del ahorro, ahí vamos a encontrar graves carencias. Un nivel de analfabetismo financiero que todavía ‘duele’. Además, si hablamos de grupos vulnerables como mujeres y jóvenes, negocios en zonas rurales, vemos que hay una desconfianza, baja calidad en el acceso, y más”, afirma.

«Si pensamos que educación financiera implica manejo de riesgo, conocimiento sobre rentabilidad, valor del dinero en el tiempo, gestión del dinero, conceptos del ahorro, ahí vamos a encontrar graves carencias».

Cierre de brechas

A pesar del buen avance en los últimos años, definitivamente persisten ciertas brechas en inclusión financiera en relación con la zona geográfica (rural o urbana) o el género. Algunas cifras bien pueden reflejar el progreso, pero también lo pendiente. Al segundo trimestre del 2022, según el Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera de los Sistemas de Financieros de Seguros y de Pensiones de la SBS, el porcentaje de tenencia de cuentas en Lima y Callao es de 70,88% y 57,24% para hombres y mujeres, respectivamente. Para el resto de las regiones, estas cifras se reducen a 48,44% y 45,85%, en ese mismo orden.

Hay que resaltar que el mismo documento, que toma como base de datos a la Encuesta Nacional de Hogares -ENAHO Anual (INEI), también específica el mejoramiento en este aspecto en regiones como Pasco, que pasó del 28% en el 2017 a más del 50% para 2022. Sin embargo, lo cierto es que aún se perciben ciertas desigualdades que trasvasan a otros aspectos de la vida de las personas, tal como lo corrobora la primera Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2022), elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Oxfam.

“Cuando revisamos la ENADES, vemos que el 59% de la población dice que el Perú es un país muy desigual económicamente, y el 60% que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado. Con este panorama, estamos viendo que hay una magnitud importante entre las brechas sociales y políticas que trabajar. Desde diferencias de oportunidades, de género, de clase, etc. Esas dimensiones, que pueden ser muy subjetivas frente a la percepción de desigualdad, hay que abordarlas y trabajarlas”, argumenta María Laura Cuya.

La docente de la UARM reflexiona en que la falta de un acceso formal al sistema financiero deja de lado grandes beneficios para todos los grupos, a lo que se suma que obtener financia[1]miento por otras vías no representa una buena decisión e, incluso, es un riesgo.

“Muchos no acceden a créditos en el sistema formal porque a veces los intereses son exorbitantes y no pueden pagar, por lo que hay gente que está efectivamente marginada del sistema financiero. Son los pequeños empresarios, los que están en los mercados. Por ahí pululan los usureros para captarlos, y les ofrecen créditos también con tasas exorbitantes, se aprovechan de su necesidad y muchas veces con intereses diarios”, explica.

Una realidad diversa

La diversidad geográfica y cultural del Perú debe tenerse en cuenta para el éxito de cualquier política pública o privada. Es preciso, por eso, que los programas de educación financiera se adecúen y respondan a la realidad de cada grupo. No solo ello, la oferta financiera también debiera considerar las particularidades correspondientes.

“Los programas de educación digital y financiera deben empatizar y tener correspondencia con el perfil de cada grupo o segmento. Por ejemplo, el RURA FINTECH CHALLENGE, INNOVA FUNDING tuvo que generar adaptación de contenidos, canal, recursos, para que el acceso y la confianza de las pymes de la Amazonía sea eficiente y usable”, señala María Laura Cuya.

Agrega que es vital involucrar a toda la comunidad educativa escolar, por supuesto contemplando una malla curricular con temas de educación financiera. Asimismo, enfatiza en que se debe incluir a mujeres emprendedoras para que se les pueda asegurar el acceso a capital que necesitan, lo mismo con las mipymes para impulsar así los negocios.

“Estuve en el evento Women Economic Forum (WEF) de Perú. Se exponía que no existían muchos estímulos fiscales. Tenemos mucha presión desde la fiscalización y las moras, y ahí hay un tema que trabajar. Los estímulos para las transferencias monetarias o préstamos en condiciones más favorables a sectores donde hay una mayor representación de mujeres”, arguye.

Gloria Arméstar – Docente de la carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)

Tecnología y fintech

Por otra parte, Gloria Arméstar indica que tanto la inclusión como la educación financiera se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, destaca el papel de la tecnología en favor de la educación financiera, y el trabajo que se viene desarrollando a nivel de la SBS.

“Eso se refleja en la menor presencialidad en los bancos, ya que hoy en día podemos hacer transacciones online. La tecnología está en nuestras manos. Si sabemos canalizarla, ayuda a facilitar la vida de las personas”, subraya.

En esa línea, menciona también que otra gran alternativa para impulsar la inclusión financiera aparece con iniciativas como las fintech de la mano de la tecnología, ya que canalizan el contacto entre aquellos que pueden proveer de ingresos y quienes lo necesitan para desarrollar proyectos. Así se pueden beneficiar startups o pequeños emprendimientos.

Finalmente, coincide con ello María Laura Cuya, quien manifiesta que las fintech poseen productos con una oferta de valor muy potente. No obstante, explica también que el Gobierno puede acompañar a estas mediante una alianza público y privada desde un papel más promotor, para así generar ecosistemas abiertos, de oferta más diversas, que beneficien a la inclusión financiera de todos y todas.

“Las fintech son claves. Se debe reconocer el potencial del presente que tienen al poder acompañar un pro[1]ceso de inclusión financiera real. En Colombia, el Estado se ha dado cuenta de que es un canal de oferta financiera adicional. Aquí todavía hay una tarea importante de estrategia y empatía para poder incorporar a todos los jugadores con el fin de atender a todos los segmentos”, concluye.




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