Este año, tuve el honor de participar en la 59 edición del CADE Ejecutivos, junto a destacados empresarios y líderes en la mesa Voces de Lima y Callao. Cada uno, desde su experiencia y especialidad, puso sobre la mesa los principales problemas que afrontamos para la construcción de una metrópoli más justa, sostenible, inclusiva y competitiva. Dichos problemas no distan mucho de los que las y los limeños y chalacos hemos señalado en reiteradas ocasiones: inseguridad, transporte, corrupción, contaminación y basura; a lo que se suman informalidad, excesiva burocracia, falta de planificación y de predictibilidad.
Como urbanista, llevo años analizando estos temas, y he llegado a la conclusión que más que problemas en sí mismos, son la manifestación de un problema mayor: la débil gobernanza de la ciudad. Esto puede parecer muy abstracto, pero es más concreto de lo que imaginamos: la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no tiene plena autoridad ni autonomía para planificar y tomar acción; asimismo, no cuenta con los recursos necesarios para poder cumplir a cabalidad sus responsabilidades, ni para proyectar y ejecutar las obras que prioriza.
Ello porque desde el gobierno central nunca se le delegaron todas las competencias señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM – Ley N° 27972 del año 2003), por lo contrario, estas han sido sistemáticamente recortadas por decisión del Ejecutivo y Legislativo, como con la creación de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), que le retiró las competencias en transporte público. Asimismo, el Gobierno Central invierte en la metrópoli el equivalente a 45 veces la totalidad de recursos de la MML, forzando la ejecución de obras poco planificadas.
¿Por qué tanto interés en entrometerse en la gobernanza de la ciudad capital?, desde mi punto de vista, porque es el espacio más atractivo del país para que los políticos se hagan notar, por fuera de la gestión municipal; ello porque, dada su densidad, justifica la inversión en grandes proyectos de infraestructura que no se podrían desarrollar en otras ciudades. Los números no mienten: concentra casi el 30% de la población nacional, y genera cerca del 50% del PBI; todo ello en el 0,2% del territorio.
En este escenario complejo, con una gobernanza trabada y poco eficiente, la informalidad campea porque no hay claridad y orden en quién debe hacer cumplir las normas. Las consecuencias las vemos en cada componente de nuestra vida urbana: el transporte, la invasión de tierras, la construcción, el recojo de basura, el comercio, entre otros.
¿Existe alguna solución para esta compleja situación? Considero que sí, debemos jugarnos por una Municipalidad Metropolitana fuerte, con autoridad, recursos y autonomía. Para ello deberíamos: i) terminar de delegar las competencias y los recursos que la LOM determinó para Lima en el 2003; ii) entregarle el liderazgo de las entidades que hoy inciden en el desarrollo urbano de la ciudad, como SEDAPAL y la ATU; iii) entregarle la administración de los recursos para las grandes obras que han sido priorizadas en el Plan Metropolitano de Desarrollo, iv) fortalecer el trabajo en conjunto con los distritos, y las provincias colindantes, pero siempre bajo el liderazgo indiscutible de la metrópoli, y v) promulgar la Ley de Capitalidad, que fortalezca el régimen especial que ya tiene Lima en la Ley Orgánica de Municipalidades con mayores recursos y competencias. Las ciudades que admiramos son aquellas que han resuelto la gobernanza en favor de su mejor gestión y planificación, exijamos lo mismo para la metrópoli que nos acogió o nos vio nacer, y en la que proyectamos nuestros mayores sueños y anhelos.