Por Caleb Rojas Castillo - Politólogo, consultor en asuntos corporativos y profesor universitario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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Desde hace una década, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han marcado la pauta en los programas de desarrollo a nivel global, con 17 Objetivos y 169 metas que abarcan las esferas económica, social, ambiental y de gobernanza. Aprobados en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sustitución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se establecieron teniendo el año 2030 como su horizonte de cumplimiento; de ahí que el marco se denomine “Agenda 2030”.
A seis meses de los comicios de 2026, conviene un repaso breve acerca del significado y relevancia de la principal ruta de sostenibilidad para los principales actores políticos en contextos electorales, políticos y de gobierno.
ODS como líneas orientadoras para planes de gobierno
Para las elecciones generales de 2021, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso por primera vez que los planes de gobierno, presentados en simultáneo con la inscripción de candidaturas presidenciales, debían considerar los ODS, contemplando las dimensiones social, económica, ambiental e institucional, como una estructura que permitiera uniformizar la información presentada por cada agrupación política. Este requisito ha sido reiterado para las elecciones de 2026.
1Esto resultó en un aumento de las menciones y referencias directas a los ODS en los planes de gobierno de las elecciones de 2021, frente a lo observado en los comicios de 2016, como ratificó un estudio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, basado en el análisis de los documentos presentados por 18 candidaturas. Entre sus principales hallazgos destacan un desarrollo medio de la Agenda 2030 en las propuestas partidarias (44.3 %), un mayor énfasis en la dimensión ambiental de la sostenibilidad —posiblemente impulsado por la asociación semántica del término— y que el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) fue el objetivo más desarrollado por los partidos.
No obstante, se observa que los ODS suelen incorporarse como “lenguaje aspiracional” en vez de convertirse en compromisos programáticos claros: por ejemplo, los ODS 1 (fin de la pobreza) y 3 (salud y bienestar), priorizados a raíz de la pandemia de COVID-19, presentan un desarrollo limitado o desigual en cuanto a metas específicas. De esta manera, destacan la falta de propuestas concretas y adecuadamente desarrolladas, así como una tendencia hacia abordar temas inmediatos en detrimento de objetivos estructurales, lo que denota un tratamiento superficial de los ODS.
La Agenda 2030 en narrativas críticas y de desinformación
La Agenda 2030 fue creada como un marco de cooperación global, pero en diversos países han surgido, en paralelo con el auge de la extrema derecha, narrativas conspirativas en el discurso político que la describen como un instrumento de control mundial. Entre estas narrativas se encuentran el “nuevo orden mundial”, que plantea que un grupo reducido de individuos ejerce poder en secreto; el “gran reinicio” (término que originalmente remitía a una propuesta del Foro de Davos), que argumenta que algunos países habrían utilizado la crisis sanitaria para beneficiarse económicamente; y la idea de una “infiltración comunista”, que supone que ciertos valores se han difundido gradualmente en Occidente tras la caída de la Unión Soviética.
«Más allá de su uso político y electoral, la Agenda 2030 se ha consolidado en el Perú como un marco de planificación y monitoreo de políticas pública».
En el Perú, estas narrativas han sido apropiadas tanto por líderes de derecha como Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori, como por referentes de izquierda como Vladimir Cerrón o colectivos movilizados en espacios públicos como “Ágora Popular” de la Plaza San Martín. En muchos casos, estos actores replican planteamientos desinformativos que acusan a la Agenda 2030 de atentar contra la soberanía al promover un supuesto control poblacional mediante políticas de salud sexual y reproductiva, la “imposición” del aborto como política pública o, durante la pandemia, la vacunación contra la COVID-19 como parte de un plan de dominación. Estas narrativas, lejos de enriquecer el debate, desvían la atención de cuestionamientos legítimos a los ODS, como el riesgo de greenwashing, la falta de mecanismos de rendición de cuentas o, ante la cercanía de 2030, la posibilidad real de no cumplir las metas trazadas.
ODS como instrumento de planificación y gestión pública
Más allá de su uso político y electoral, la Agenda 2030 se ha consolidado en el Perú como un marco de planificación y monitoreo de políticas públicas, dada su naturaleza transversal que cruza sectores y niveles de gobierno. El CEPLAN, organismo técnico encargado de la planificación y prospectiva del país, ha alineado la Visión del Perú al 2050 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con los ODS, convirtiéndolos en referentes obligados para el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y generando indicadores de seguimiento que buscan dar coherencia a la acción estatal en el mediano y largo plazo. En paralelo, los Informes Nacionales Voluntarios, desarrollados por la institución en colaboración con diversos actores, representan un esfuerzo de rendición de cuentas nacional que reflejan los avances y desafíos del Perú en la implementación y seguimiento de los ODS.
El INEI, por su parte, posee un sistema de monitoreo estadístico de los ODS desde 2018, con tableros interactivos que permiten seguir la evolución de indicadores. Al mismo tiempo, en 2024 desarrolló un informe de línea base de los principales indicadores disponibles de los ODS. Sin embargo, pese a los avances en planificación y sistematización de información, la inestabilidad política, la fragmentación partidaria y la debilidad de mecanismos de coordinación interinstitucional, particularmente a nivel de gobernanza subnacional, dificultan la continuidad de estas políticas de largo plazo.
El verdadero reto: gobernanza
En medio de la crisis y transición política en la que nos encontramos como país, puede afirmarse que la sostenibilidad en el Perú no se definirá únicamente por la retórica electoral, sino por la capacidad de construir instituciones sólidas y confiables. Los últimos reportes país sobre integridad y transparencia de la OCDE coinciden en que, sin justicia independiente, coordinación y continuidad en las políticas públicas, no habrá desarrollo sostenible posible. El reto es trascender disputas ideológicas para consolidar una gobernanza efectiva que permita cumplir las metas trazadas y responder a las demandas ciudadanas más allá de 2030.
- Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (2021). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los Planes de Gobierno.
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