Perú es uno de los países que no ha ratificado el acuerdo, y los especialistas consideran que es urgente hacerlo, debido a la escalada de violencia contra defensores ambientales durante la pandemia. 

Más de 780 delegados de países, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil participaron, de manera presencial y virtual, en la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas. 

El encuentro realizado la semana pasada en Chile reforzó la apuesta por la cooperación y por la protección de los defensores ambientales de Latinoamérica, una región que contribuye solo con el 9 % de las emisiones globales y es una de las más vulnerables a los efectos de la crisis climática.

Los Estados participantes emitieron una «Declaración Política» en la que se destaca que el acuerdo es un mecanismo esencial de «gobernanza para la elaboración de mejores políticas públicas, con miras a asegurar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras».

De igual forma, enfatiza la necesidad de diseñar estrategias de recuperación económica y social frente a la pandemia que tenga la sostenibilidad como elemento central, guiada por un «objetivo de desarrollo más inclusivo, de aceleración de la aplicación de las medidas de protección ambiental y una mayor acción climática».

Los asistentes también destacaron el papel de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales; y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible como hojas de ruta fundamentales.

Además de proteger a los ecologistas, la alianza busca garantizar la mejor aplicación de políticas ecológicas, garantizar los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.

El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas.

“No hay nada que celebrar después de cinco años de haber declarado el Día Internacional de la Madre Tierra. La humanidad y el planeta han llegado a un punto de no retorno”, señaló en la reunión el ecuatoriano Nadino Calapucha, miembro de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), al pedir un minuto de silencio por los activistas asesinados en la región por proteger la naturaleza.

«Muchos hablan de crisis climática, crisis económica, pero también hay que ser realistas de que hay una crisis social, hay una crisis de humanidad, una crisis civilizatoria. Y hoy tenemos que comprometernos a cambiar esa historia», añadió.

Durante el encuentro, autoridades y defensores ambientales insistieron a los Gobiernos de la región en unirse con «urgencia» al acuerdo.

De los 24 países que lo firmaron el Acuerdo de Escazú, solo 12 lo han ratificado, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.

Perú es uno de los países que no ha ratificado el acuerdo, y los especialistas consideran que es urgente hacerlo, debido a la escalada de violencia contra defensores ambientales durante la pandemia. 







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