Los principales retos económicos y sociales que el Perú deberá afrontar tras la pandemia

La edición 2020 de CADE Ejecutivos ha traído como novedad tres jornadas de conversatorios previos al evento, en los que se disertó sobre los distintos retos que deberá el Perú asumir en materia económica y social. Sus ponentes plantearon propuestas interesantes en busca de objetivos que hagan del país un lugar mejor, viendo a la pandemia como una
oportunidad más que una crisis.

Por Renzo Rojas
rrojas@stakeholders.com.pe

Una pobreza que se agudiza

En los conversatorios previos a la celebración del evento CADE Ejecutivos 2020, se abordó la problemática de la pobreza en la región de América Latina, teniendo en cuenta la influencia de la crisis por la pandemia. María Eugenia Mujica, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas y ex viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, habló sobre el aumento de la pobreza en el Perú, que desde antes de la pandemia ya contaba con cerca de seis millones y que ahora se prevé que más tres millones se unan a este grupo vulnerable, según cifras de Unicef.

Para Mujica, esta estadística revela que en apenas un año habremos retrocedido lo avanzado entre 10 a 15 años. Más aún, es preocupante que, sin haber acabado todavía la crisis, los perjuicios aumenten.

En esa línea, la especialista mencionó una serie de recomendaciones, de la mano con una visión en la que las personas y sus derechos sean lo más importante a la hora de implementar políticas públicas. En primer lugar, manifestó lo vital que es asegurar el acceso a salud y educación de todas las personas.

Segundo, recomendó cerrar brechas de infraestructura en torno al acceso a agua, saneamiento, electrificación y conectividad digital. Tercero, abordó la generación de empleo para hacerle frente a la pobreza, con un foco en la protección social mediante la política fiscal. Y cuarto, señaló tratar cuestiones como la salud sexual y reproductiva, el embarazo adolescente, violencia de género, entre otros.

En búsqueda de una recuperación fiscal

Justamente, con el objetivo de que el Estado pueda embarcarse en proyectos a beneficio de del desarrollo social, en los conversatorios se departió sobre la importancia de la sostenibilidad fiscal. Al respecto, Waldo Mendoza, profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), fue el encargado de exponer en relación con este tema.

En su análisis, dio énfasis a la crisis sanitaria como condicionante del crecimiento económico, algo evidente en el actual contexto. Mendoza señaló que la recuperación de la macroeconomía del Perú dependerá del curso que siga los contagios de COVID-19. A su entender, de no darse una considerable reinfección, el país recobraría su crecimiento macroeconómico, siendo una de las naciones que lo haría más rápido.

Por ello, explicó que para llevar a cabo una recuperación de la fortaleza fiscal hay que incrementar los ingresos fiscales y reducir los gastos. Indicó que el nuevo coronavirus ha impactado significativamente en el aumento de la deuda pública y el déficit fiscal, ya que, por ejemplo, entradas tributarias se han visto detenidas generando así que los gastos sobrepasen a los ingresos. Y no solo ello. El docente refirió que no hay que olvidar la informalidad, la cual es de consideración en el Perú y que va en detrimento de la recaudación fiscal.

Empleo y progreso

Una de las interrogantes que más protagonismo tiene para el escenario post COVID-19 es cómo generar más empleo, entendiendo este como la principal fuente de recuperación de las familias peruanas. Es así que en este escenario recobra importancia la inversión en infraestructura, la cual genera claramente más trabajo. Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y expositor de este conversatorio, habló al respecto.

“Invertir un 1% del presupuesto en este sector genera un incremento del 0.18% en el PBI nacional. En América Latina, la inversión de US $1,000 MM trae como consecuencia la generación de 35 mil empleos directos”, sostuvo.

Agregó que en el Perú hay un severo retraso, en el sentido de que hay un nivel de calidad en infraestructura por debajo del promedio en la región. Aunque señaló que hubo un periodo (2001- 2014) en el que la inversión pública y la adjudicación de proyectos de asociación públicos y privados (APP) tuvieron un gran aumento, pero en los siguientes años este ritmo disminuyó.

“Antes, el monto invertido era de 14 mil millones de dólares al año (8% del PBI), ahora estamos en menos 10 mil millones (5% del PBI)”, precisó.

Las causas de este retroceso son muchas, entre las que se encuentran complejidades propias de los procedimientos de adjudicación. Por ello, para Carrillo es fundamental simplificar el Sistema de Inversión Pública y facilitar las formas de contratación, que en la actualidad hace que una licitación pública demore 178 más de lo programado.

Sin embargo, apuntó que la reanudación de las actividades de ocho proyectos serán vitales para la recuperación económica por la crisis sanitaria, ya que pueden propiciar 122 mil puestos de trabajo, lo que representa el 25% de empleos perdidos por la pandemia.

Informalidad y sistema de pensiones

A pesar del aumento de empleabilidad como consecuencia de una mayor inversión, es vital que esta se dé en el marco de la formalidad para que haya un verdadero desarrollo social. Carlos Ganoza, economista y director ejecutivo de Quantum Talent, expuso que en el Perú la informalidad se manifiesta principalmente en las vertientes tributarias y de contribución a la seguridad social.

A eso añadió que el 73% de la población económicamente activa es informal, sumándose a ello que 12 millones de trabajadores producen menos del 20% del PBI.

Ganoza además conversó sobre los mitos de la informalidad: “el crecimiento económico ‘cura’ la informalidad” y la “informalidad se cura ayudando a las pymes a crecer”. Ambas totalmente falsas y que dan una engañosa visión de desarrollo. Para él, “la informalidad traba el proceso para el desarrollo del país, y que, dada la menor productividad en empresas informales, el salario es mucho menor”.

Por otra parte, manifestó que en el Perú existen tres tipos de informalidad: el independiente informal, el dependiente informal en empresa informal y el dependiente informal en empresa formal. En ese sentido, reflexionó en que en el país el mayor capital humano está en las pymes, siendo lamentable que en su mayoría sean empresas informales.
Asimismo, uno de los últimos conversatorios trató sobre la influencia de la informalidad en un debilitado sistema de pensiones, uno que posee el Perú y que ha sido un obstáculo en medio de la pandemia.

David Tuesta, director de PinBox Solutions para Latinoamérica, Asesor de la Asociación de AFP y ex ministro de Economía y Finanzas, se pronunció en este tema y visualizó tres razones sobre esta situación.

A su juicio, la primera tiene que ver directamente con el mercado laboral informal. El segundo radica en el mal diseñado sistema de pensiones peruano. El último yace en una falta de cultura de ahorro por parte de la población.

Agregó que las consecuencias de estas características se visualizan en un sistema de pensiones fragmentado, donde muchos peruanos a la tercera edad no tienen un ingreso de manutención.

“Esta distribución es ineficiente y genera segmentaciones y coberturas muy limitadas. La pensión contributiva -que incluye a los afiliados a la ONP y las AFP- solamente alcanza al 30% de la PEA; alrededor del 10% de los mayores de 65 años reciben Pensión 65 y, finalmente, tenemos a un 60% de la población mayor de 65 años que no tiene nada para jubilarse”, explicó.

De esta manera, sugirió que debe de haber un consenso social para establecer un sistema de pensiones que incluya a toda población, teniendo en cuenta también la financiación de este. Mencionó que en algunos países existe un impuesto al respecto, pero todo bajo un acuerdo.

Entre otros asuntos señaló lo inadecuado que son los retiros masivos o devoluciones, en alusión clara a las pretensiones del Congreso peruano. Finalmente, consideró no pertinente realizar cambios en el sistema previsional en un ambiente muy politizado.