Por Stakeholders
Lectura de:
Percy Marquina
Director General CENTRUM PUCP
¿El crecimiento económico implica progreso social necesariamente?
Es una pregunta sencilla que llevaría a reflexionar sobre la desigualdad, distribución de la riqueza, largo plazo, entre otros temas sobre los cuales se debate permanentemente. Sin ir muy lejos, hasta no hace mucho se consideraba a Chile, cuyo modelo económico es el mismo que el peruano, como una de las principales potencias en Sudamérica y uno de los candidatos más fuertes a abandonar el grupo de economías emergentes para convertirse en una economía desarrollada basada en un modelo de economía social de mercado. En el último reporte del Índice de Progreso Social Mundial 2019, publicado por CENTRUM PUCP, llevaba una ventaja con los demás países de la región, ubicándose en el puesto 37 de 149, mientras que Perú se ubicaba en el puesto 57. Sin embargo, en tan solo cuestión de semanas hemos visto los evidentes problemas de lo que ocurre cuando se toma por dado que la desigualdad en un sistema económico es inherente y que el status-quo se mantendrá en tanto que el gobierno actúe asumiendo que conoce las necesidades y deseos de su pueblo.
Pero, brevemente, ¿qué significa ser una economía social de mercado? En pocas palabras, contempla combinar un modelo capitalista con uno basado en la sociedad en la cual el progreso económico vaya de la mano con el progreso social de sus habitantes, y en el que los individuos que la componen significan más que un factor laboral en la producción. Entonces, ¿qué fue lo que falló en el sistema chileno?
Evidentemente, los problemas que experimentan no son producto de eventos ocurridos en el corto plazo, sino de la falta de comunicación y la acumulación del descontento social por el sistema político y gobernantes que no supieron reconocer la sed de justicia social en su pueblo. Esto se ve reflejado en una economía que experimenta crecimiento, pero cuyos habitantes no perciben una mejoría en el poder adquisitivo o en su calidad de vida, algo que se puede atribuir a la rigidez de sus salarios. A esto se suman los altos impuestos, el alto nivel de endeudamiento que poseen los jóvenes por educación y vivienda, y el difícil acceso al mercado de capitales que creaban un sistema que incrementaba la desigualdad socioeconómica, acrecentando la brecha entre estratos sociales.
Ante esto surge la necesidad de mejorar la tasa de conversión de crecimiento económico en progreso social, de pensar en la eficiencia que conlleva este proceso de conversión y no solo en la eficacia de ser un país que crece económicamente cuando se dejan relegados los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Cuando medimos la competitividad regional (ver Figura 1), solo Lima Metropolitana logra más de 70 puntos de 100 y las 25 regiones restantes no superan ni siquiera los 50 puntos. La competitividad que logramos no es reflejo de un país pujante, sino producto del centralismo y la creciente desigualdad. Por otro lado, cuando medimos el progreso social (ver Figura 2) vemos un Perú distinto, con algunas regiones que sueñan un futuro diferente al que promete Lima Metropolitana y otras rezagadas en aspectos más fundamentales para vivir, como, por ejemplo: el agua, el saneamiento y la nutrición.
El caso chileno envía un fuerte mensaje sobre la relevancia del componente social para la preservación del status-quo, y que la desigualdad social y la desproporcionada distribución de la renta, aspecto compartido con el Perú, quizás, sea el factor más crítico para preservar los beneficios económicos que proporciona su práctica. No podemos esperar la chispa, es momento de repensar el Perú y ver como una sola dimensión a la competitividad y al progreso social.
