Por Stakeholders
Lectura de:
Carlos Zapata
Senior Staff – ESG – Catedrático de Sostenibilidad en la Universidad de San Francisco y la Universidad de California San Diego
No es un misterio que la economía laboral del Perú se basa, en su amplia mayoría, en el sector informal, que alcanza el 75%, mientras que la pandemia del Covid-19 exacerbó aún más la tasa de empleo informal a nivel nacional. Lo preocupante es que en la zona urbana del país la tasa de empleo informal alcanza un 68%, mientras que en la zona rural a un escalofriante 96%.
Las razones por las cuales el Perú se encuentra entre los 5 países de América Latina y el Caribe con mayor índice de informalidad son muchas, y no vienen al caso de este artículo, pero gran responsabilidad de esto recae en los marcos regulatorios de los Gobiernos y la falta de políticas macroeconómicas estables destinadas al mayor fomento de programas sociales.
Pero ¿qué es la inclusión financiera y en qué se basa? Para comenzar, diré que las cifras y porcentajes mencionados en los primeros párrafos, están directamente relacionados a lo que significa la inclusión financiera. Los integrantes del sector laboral informal, en su gran mayoría, mueven cantidades significativas de dinero en efectivo y no cuentan con acceso al sistema financiero.
Por ende, el beneficio de una verdadera inclusión financiera no es únicamente para ellos, sino también para las mismas entidades financieras, y la economía nacional.
Servicios como pagos, transferencias, ahorros, créditos y seguros contribuyen significativamente a la reducción de la pobreza y a la mejoría de la calidad de vida de cada uno de los peruanos. Si bien es cierto, durante la última década se lograron grandes avances con respecto al crecimiento de la inclusión financiera en el Perú a pesar de la complicada geografía que nos tocó y la aprobación de la Política Nacional de Inclusión Financiera en agosto del 2019 por parte del Consejo de Ministros, aún nos encontramos muy lejos de llegar a un nivel óptimo. ¿Qué más podemos hacer?
Algunas de las ideas y sugerencias que propongo las expondré aquí. Por ejemplo, capitalizar el masivo uso de telefonía móvil y los smartphones sería de gran utilidad y beneficio, ya que a través de aplicaciones financieras se lograría más acceso al sistema financiero formal. A través de estas modalidades los usuarios podrían acceder a formas de pago, crédito, ahorros, transferencias, seguros, y más.
Bajo esta modalidad, no solamente participan entidades financieras tradicionales, como bancos o cajas de ahorros, sino también se fomentaría el desarrollo y uso de tecnologías innovadoras y entidades no tradicionales que basan sus servicios en la tecnología. Claro está que el Gobierno también desempeñaría un importante rol al verse obligado a establecer los requisitos y marcos regulatorios necesarios. A través de estos marcos regulatorios, el Gobierno y las entidades pertinentes podrían fomentar e incentivar el desarrollo de productos financieros de bajo costo e innovadores, los cuales tuvieran un mayor alcance en sectores de la población de bajos ingresos -la gran mayoría en el Perú-. Obviamente, nada de esto sería posible sin el fortalecimiento del sistema financiero en todos sus niveles, lo que brindaría -entre otras cosas- mayor garantía a los usuarios, además de representar la base de lo que en realidad significa la inclusión financiera.
Una de las tantas razones por las cuales el Perú fue, y es, uno de los países más azotados por el Covid-19 fue justamente la falta de acceso al sistema financiero formal por parte de la mayoría de sus ciudadanos. Esto se evidenció, lamentablemente, en las largas y abarrotadas colas de espera en los bancos para poder recibir los bonos y subsidios que ofreció el Gobierno.
