Por Pablo Del Arco Fernández - Director América en Valora Consultores
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La movilización de recursos financieros con criterios ASG está creciendo de manera significativa en la región. Por ejemplo, en 2023 el valor de las emisiones etiquetadas (bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados) creció un 49 % respecto al año anterior, frente al 3 % de incremento a nivel global (datos de Climate Bonds Initiative, 2024). Al momento de analizar el escenario en América Latina y El Caribe, es importante resaltar la necesidad de que los Estados brinden confianza a los inversionistas, especialmente a través de las emisiones de bonos gubernamentales con estos criterios, así como un activo papel de los mercados de valores en movilizar a los emisores.
También resulta clave el rol de la banca en la canalización de recursos a través del crédito, con el desarrollo de portafolios que incluyan líneas verdes, productos inclusivos, mixtos, y otros diferentes instrumentos. Para todo lo anterior, tanto en el mercado de deuda como en el crédito, las taxonomías son asimismo fundamentales, poniendo orden en la consideración de criterios, dando seguridad a todos los involucrados, desde los inversionistas y las instituciones financieras, hasta los receptores de los recursos financieros.
¿Por qué hablamos de taxonomías?
Una taxonomía constituye un sistema de clasificación sobre qué actividades contribuyen a cumplir con unos objetivos previamente establecidos, a nivel entidad, gremio, país y/o región, en función del alcance de la misma. Esos objetivos pueden ser ambientales, sociales y/o ambos. Como sistema, la taxonomía puede ser utilizada como referencia para las inversiones, ya sea por emisores de bonos, inversionistas, instituciones financieras, entidades públicas, entre otros. Esto porque facilita la diferenciación y clasificación de los instrumentos financieros denominados como verdes y/o sociales, (por ejemplo: bonos, carteras de crédito/ leasing, títulos derivados de procesos de titularización, fondos de inversión, líneas de inversión diferenciadas, portafolios de inversión e índices bursátiles).
Si abrimos la óptica, la pionera fue la taxonomía europea, ambiental, que se complementará con una social que en este momento se encuentra parada. En la región, el primer paso lo representó la Taxonomía Verde de Colombia, seguida de la Taxonomía Sostenible de México; esta última fue la primera que integró objetivos sociales, en concreto la igualdad de género, el acceso a servicios básicos relacionados con las ciudades sostenibles, la promoción de la salud y la educación, y la inclusión financiera; si bien es verdad que se encuentra inicialmente desarrollado el primero de ellos.
Con posterioridad, durante 2024, hemos asistido a la publicación de las taxonomías de Panamá, República Dominicana y Costa Rica, con importante apoyo de la banca de desarrollo y la cooperación internacional. Esto dota de enormes oportunidades a Centroamérica en la articulación de sus ecosistemas de finanzas sostenibles, el desarrollo de regulaciones y el impulso al otorgamiento de crédito y las emisiones de deuda. Denota también la brecha en la región Andina, con los procesos aún en desarrollo (a excepción de Colombia).
“Resulta clave en cada taxonomía considerar las particularidades propias del país, de sus actividades principales, como ha ocurrido en Costa Rica”.
Perú y algunas particularidades taxonómicas
Perú se encuentra actualmente desarrollando la taxonomía de finanzas verdes. El proceso ya cuenta con una hoja de ruta y cinco comités especializados (construcción, agricultura, energía, agua y saneamiento, y forestería). Se espera que esté disponible para finales de este año. Se encuentra fuertemente conectada con la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes en Perú, herramienta con la que el Ministerio del Ambiente (Minam) busca “acompañar a las entidades de los mercados financieros a implementar acciones que incorporen la sostenibilidad dentro de sus operaciones”. En la estrategia país, se definen a las siguientes temáticas como las principales a atender: cambio climático, biodiversidad y servicios ecosistémicos, economía circular, eco y agronegocios, producción limpia e infraestructura natural.
Considerando que la mayoría de las taxonomías en la región están focalizadas en objetivos ambientales, cabe destacar la prioridad brindada a los objetivos climáticos, de mitigación y adaptación. Sin embargo, se expanden para la integración de la biodiversidad y uso de los ecosistemas, uso sostenible del agua y los ecosistemas relacionados (ej. medio marino), economía circular y prevención y/o control de la contaminación, entre otros. Resulta clave en cada taxonomía, considerar las particularidades propias del país, de sus actividades principales, como ha ocurrido en Costa Rica con el foco particular que pone en el turismo.
Al momento de articular sus lineamientos, las taxonomías se organizan en objetivos, alineados con los compromisos y agenda del país, involucrando a diferentes sectores económicos y actividades por parte de estos. Para que proyectos y/o activos relacionados con esas actividades puedan utilizar recursos en el marco de la aplicación de la taxonomía, deberán cumplir una serie de criterios técnicos de elegibilidad que se detallan. Independientemente de que puedan estar teniendo especialmente un enfoque ambiental, todas integran salvaguardas sociales mínimas que deben cumplir las actividades que se adscriban a la misma, incluyendo el apego a las normas internacionales y nacionales relacionadas con la legislación laboral, los derechos de tenencia de la tierra y los compromisos internacionales en derechos humanos.
Para aquellas taxonomías ya publicadas, la interoperabilidad ha resultado un criterio fundamental en su desarrollo, que debe aplicarse en todos los procesos abiertos en la región. De esta manera, se facilitará a los usuarios de la misma su aplicación y la conexión en los flujos de financiamiento. Aunque existen particularidades en cada país, en su modelo económico y actividades principales, es importante que puedan darse esas relaciones.
Con el lanzamiento de una taxonomía el camino no hace sino empezar, siendo clave poder conectar regulaciones, como requerimientos para la inversión de los fondos de pensiones (caso de México) o para la inversión pública. De igual manera, que las instituciones financieras puedan integrarlas en sus sistemas de evaluación para el otorgamiento de crédito, en las características de los productos, así como que se forme a sus ejecutivos, especialmente en las áreas de riesgos y comercial. La aplicación efectiva requiere de esos siguientes pasos para poder aplicarla de manera adecuada, y contribuir a un sistema financiero armónico y transparente en la consideración de criterios ASG, que movilicen a las empresas de la economía real y se materialicen en la contribución al desarrollo sostenible.
