Por Stakeholders
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La minería ilegal genera pérdidas al Perú por más de 22,700 millones de soles al año (2.5% del PBI). Mueve más recursos económicos que el narcotráfico y pone en peligro la seguridad nacional, la biodiversidad, el ambiente, los derechos humanos y la salud de los peruanos.
Estas cifras fueron reveladas gracias al estudio “Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú” que realizó la consultora V&C Analistas para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que fue presentado en el marco de la 36 edición de PERUMIN en Arequipa.
Dante Vera Miller, gerente general de V&C Analistas resaltó que la minería ilegal e informal se ha extendido peligrosamente a nivel nacional destruyendo los ecosistemas y generando graves problemas sociales, ambientales y económicos en el país.
Bajo ese contexto, alertó que la producción minera no formal, que proviene de las actividades ilegales e informales, ha crecido a una tasa anual de 11.7% durante los últimos 10 años, estimándose que el valor de su producción supera a la del narcotráfico.
“Las actividades de la minería ilegal e informal se realizan sin gestión ambiental ni fiscalización alguna, en condiciones inseguras, con regímenes laborales semi esclavistas”, agregó.
Remarcó también, que la minería ilegal está vinculada al narcotráfico y otros delitos como el sicariato, la trata de personas y la delincuencia organizada; y que en la actualidad se ha convertido en una real amenaza para la seguridad nacional.
Respecto a los impactos ambientales que generan estas actividades ilícitas -dijo- que entre los años 2001 al 2020 se depredaban aproximadamente 2 ‘636,585 hectáreas de bosque, es decir una tasa de 8% anual de deforestación.
“Solo en Madre de Dios, una de las zonas más perjudicadas por la minería ilegal, los daños ambientales provocados por la extracción de oro aluvial superarían los US $526 millones en el año 2022”, indicó Vera.
“En los últimos 20 años se ha intentado promover la formalización de la MAPE (Minería de oro artesanal y de pequeña escala) a través del Ministerio de Energía y Minas, y en el ámbito de los Gobiernos Regionales, habiéndose logrado formalizar a solo 11,000 mineros a nivel nacional, alrededor del 12% de los inscritos”, explicó.
Propuesta de acción
El estudio “Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú” recomienda tratar esta problemática desde cuatro aristas: Orden Interno, Marco Normativo y Político, Desarrollo Institucional y Cadena Productiva, todo ello bajo un esquema de desarrollo territorial.
En ese sentido, se plantea se clasifique a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional, se diseñe una Política Nacional específica con el fin de combatirla y recuperar la autoridad y el orden interno en las zonas tomadas por esta actividad ilícita. Todo ello implica también desarrollar acciones conjuntas y coordinadas de interdicción y acción permanente.
Respecto a la cadena productiva, se plantea la creación e implementación de un sistema de trazabilidad del oro con participación activa del sector privado, al mismo tiempo que se mejora y diseña el sistema de control de insumos químicos, venta de explosivos y de maquinaria utilizada en estas actividades ilícitas.
Finalmente, se subrayó que será necesario abordar esta problemática considerando la realidad de cada una de las zonas en las que se desarrolla, buscando afianzar elementos que fortalezcan y propicien el desarrollo territorial en cada caso. Lo que, agregado al trabajo articulado y constante en el tiempo, contribuirá a alcanzar soluciones sostenibles.
