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Finanzas sostenibles son cruciales frente a los riesgos climáticos en el Perú

Ante el anuncio del secretario general de la ONU sobre el inicio de la era de ebullición global, el financiamiento climático debe aumentar para reducir los impactos negativos que se vienen dando en el planeta.

Frente a la crisis ambiental global, el financiamiento es un elemento clave para el cumplimiento de los acuerdos de cada uno de los países a nivel mundial. Asimismo, representa una gran oportunidad para el crecimiento de una economía baja en carbono y, por tanto, comprometida con el desarrollo sostenible. En este contexto, las finanzas sostenibles, en cualquiera de sus vertientes, deben tomar mayor protagonismo en todos los sectores.

Claudia Yep, especialista en Finanzas para la Conservación en WWF Perú, sostiene que la economía se puede ver afectada por el impacto climático a raíz de fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, huracanes, olas de calor, entre otros; por ello la importancia de mantener los ecosistemas estables y biodiversos, manteniendo a raya el aumento de la temperatura promedio global, como lo establece el Acuerdo de París.

“Nuestra economía se sostiene en gran medida de la biodiversidad de nuestros ecosistemas y la salud del capital natural, donde más de la mitad del PBI de los países a nivel global dependen de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos”, puntualiza.

Como se comprende, no solo se trata de cuidar el medio ambiente, sino también del desarrollo económico de una nación. Esto implica que los países movilicen recursos con el fin de direccionar las inversiones públicas y privadas a favor de reducir los riesgos climáticos y los derivados de las emisiones de GEI. Así lo señala Ezequiel Cambiasso, representante del Grupo BID en Perú, quien además enfatiza en el aspecto monetario ante este escenario.

“La Agencia Internacional de la Energía estimó que el coste, a nivel mundial, para llegar a cero emisiones netas al 2050 será de 4 billones de dólares anuales. Es así como las finanzas sostenibles juegan un rol importante, pues brindan oportunidad para aumentar los flujos de financiamiento públicos, privados o de cooperación internacional para las acciones climáticas y proyectos sostenibles”, explica.

Claudia Yep – Especialista en Finanzas para la Conservación en WWF Perú

Más que un enfoque reactivo frente a las amenazas, se debe tener uno proactivo dado que existen ventajas en esta transición hacia una economía baja en carbono de la mano de las finanzas sostenibles. Claudia Yep menciona que la apuesta por proyectos como automóviles eléctricos, energías renovables, productos con eficiencia energética, etc., abren puertas a las inversiones.

“Más allá de incorporar estos riesgos climáticos en sus modelos de negocios, se puede aprovechar las oportunidades que trae la transición hacia un mundo más sostenible y resiliente, ya que existen oportunidades para las empresas y sus prestamistas que han invertido o están invirtiendo en tecnologías que contribuyan a la mitigación y adaptación climática”, subraya.

Sectores a priorizar

Ciertos sectores son clave ante el problema climático. Su financiamiento, por ende, es urgente, sin obviar sus beneficios. Al respecto, José Luis Velásquez, socio líder de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Perú, detalla que en el país la mayor parte de los proyectos que se benefician de instrumentos sostenibles, como bonos o préstamos, son aquellos relacionados a las energías renovables.

“Existen, sin embargo, algunos proyectos específicos orientados a la preservación de la Amazonía. Considerando las características del territorio peruano, orientar proyectos hacia la Amazonía resultan trascendentales en el camino a hacer frente a la crisis climática”, dice el especialista.

En esa línea, Ezequiel Cambiasso indica que desde el BID consideran que el financiamiento en el Perú debe destinarse a invertir en la resiliencia de los sistemas agrícolas, pesca y acuicultura, servicios de salud y educación. Añade que es necesario no olvidar la provisión de recursos hídricos y el desarrollo de infraestructura resiliente para reducir considerablemente los devastadores impactos de los eventos climáticos extremos.

Otros proyectos a los que deben abocarse recursos financieros, prosigue, son los que se vinculan al uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, y energía y transporte, los cuales representan las mayores emisiones de GEI, aunque también beneficios económicos, sociales y ambientales en sus inversiones.

“Se comprometió (Perú) a reducir 40 % de sus emisiones de GEI, proyectando alcanzar un nivel máximo de emisiones (179.0 MtCO2eq) en función del apoyo de financiamiento internacional”, evoca Cambiasso sobre los acuerdos asumidos por el país.

Finanzas públicas y reformas

Los Gobiernos son actores fundamentales para impulsar las finanzas sostenibles en un país. A través de diversos mecanismos como incentivos y regulaciones o desde sus presupuestos, contribuyen en este panorama. El representante del BID manifiesta que el primer reto que tienen ellos es lograr que sus finanzas públicas sean también ambientalmente sostenibles.

“Para ello se cuenta con herramientas como la integración de la gestión del riesgo en la inversión pública, clasificadores de gastos de cambio climático, compras públicas sostenibles y precio social al carbono”, remarca.

Cambiasso también hace hincapié en la importancia de las reformas fiscales, aquellas que secunden a una descarbonización de la economía considerando tanto los beneficios, costos y riesgos fiscales. De ejemplo señala el uso de herramientas como el impuesto al carbono y la eliminación de subsidios a los combustibles.

Ezequiel Cambiasso – Representante del Grupo BID en Perú

“Asimismo, se debe promover la inversión privada con herramientas como la taxonomía verde, emisión de bonos temáticos soberanos, sistema de comercio de derecho de emisiones, mercado de créditos de carbono y habilitantes legales y/o regulatorios”, complementa.

Taxonomía vital

Justamente, entre los desafíos a asumir en finanzas sostenibles radica la elaboración de una taxonomía. Esta es una herramienta metodológica que ayuda a clasificar y etiquetar las actividades económicas, activos o proyectos de inversión de acuerdo con su contribución a las metas climáticas nacionales y de sostenibilidad, tal como lo sostiene Ezequiel Cambiasso.

“Es necesario para acelerar la acción climática en la región, pues permite canalizar los flujos de recursos públicos y de capital privado hacia el desarrollo de proyectos resilientes al clima y bajos en carbono(…). Asimismo, orienta a los inversionistas, entidades financieras o públicas en la evaluación e identificación de inversiones que aporten al cumplimiento de las metas climáticas, contribuyendo a la priorización de dichos proyectos”, añade.

Para Claudia Yep, es también una manera de evitar caer en el denominado greenwashing, ya que ayuda a transparentar lo que significa verdaderamente una inversión “verde”. Es una oportunidad para promover el crecimiento de los mercados financieros verdes nacionales.

Del mismo modo, una taxonomía verde resulta vital porque genera “un incremento de las inversiones verdes en la economía; identificación de los mercados o sectores con oportunidad de crecimiento para las inversiones sostenibles; y capacidad para monitorear inversiones verdes bajo un mismo sistema de medición”, capitaliza la experta de WWF Perú.

Perú todavía está en pleno desarrollo para contar con una taxonomía de finanzas verdes. Ha venido constituyendo ciertos comités por sectores para así tener el marco adecuado. En comparación con el resto de América Latina, se sabe que Colombia fue el primero en la región en 2022, seguido por México con su Taxonomía Sostenible en este 2023. Países como Chile, República Dominicana, Brasil y Uruguay también se encuentran elaborando este sistema.

Sobre la urgencia de la misma, José Luis Velásquez arguye que sin una taxonomía no es factible hacer cambios en un menor plazo: “En Perú no existe una taxonomía que permita cambios mandatorios hacia un ecosistema sostenible, salvo algunas regulaciones específicas orientadas a economía circular. En ese sentido, vamos muy atrasados a comparación de países como Chile y Colombia, que cuentan no solo con mayores regulaciones específicas, sino que también con taxonomías que exigen a las empresas efectuar divulgaciones sobre riesgos climáticos”.

Hoja de ruta

La Hoja de Ruta de Finanzas Verdes impulsada por el Minam incluye, precisamente, el desarrollo de esta taxonomía de finanzas verdes para el país. Desde el 2021, fecha de lanzamiento de este documento, ha hecho posible que las entidades financieras presten atención y adquieran conocimientos sobre los conceptos relacionados a sostenibilidad y los criterios ASG.

“Ha logrado que cada vez más entidades hayan tomado conciencia sobre conceptos como medición de huella de carbono, créditos sostenibles, inversión responsable, entre otros. Sin embargo, ya el Estado debe avanzar con una taxonomía que regule y genere mandatos de acciones específicas por el lado de las empresas”, apuntala el socio líder de PwC Perú.

Vale indicar que son muy buenas las expectativas acerca de esta hoja de ruta. Entre sus diversos propósitos, Claudia Yep señala que es crucial porque también permite al Estado articular a todos los sectores de la economía en la búsqueda de un mercado más sostenible.

“Asimismo, el sector financiero como actor clave del movimiento de los flujos financieros en la economía, tiene la oportunidad de influenciar en inversiones positivas para la naturaleza que repercutirá en el equilibrio ecosistémico del planeta, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las metas del Net Zero, Nature Positive, y la meta 30×30”, enfatiza.

El derrotero hacia las finanzas sostenibles no es de corto plazo. Eso es claro. En el proceso es sustancial el aporte de todos los actores, de organismos internacionales como el BID. Ezequiel Cambiasso destaca aquí la tarea de movilizar fuentes externas de financiación, contando con socios importantes como el Fondo Verde del Clima.

“Actualmente, impulsa ocho proyectos y programas por un valor de US$762 millones en financiación del GCF y US$964 millones en cofinanciación para beneficio de 11 millones de personas en la región”, sostiene.

Desde WWF, indica Claudia Yep, promueven proyectos en la Amazonía peruana y en el Pacífico, atrayendo a donantes privados para fortalecer cadenas productivas desarrolladas por los pueblos indígenas y comunidades locales.

Entre otras iniciativas: “Contamos con el Programa de Finanzas para la Conservación, desde WWF a nivel global colaboramos con reguladores, bancos centrales y supervisores financieros para que identifiquen la necesidad de integrar plenamente los riesgos climáticos y medioambientales en los mandatos y las operaciones del sistema financiero”, finaliza.

Sector bancario

José Luis Velásquez considera que el sector bancario ya viene trabajando para incluir riesgos ambientales y específicamente climáticos en su cartera de crédito y de inversiones, así como cuentan con los profesionales idóneos en materia ASG: “Actualmente, los bancos más importantes del Perú ya analizan el riesgo crediticio desde la perspectiva del impacto ambiental o social”.

José Luis Velásquez – Socio Líder de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Perú

Por su parte, Ezequiel Cambiasso detalla que es clave que elaboren instrumentos financieros que permitan captar los flujos de capital para financiar un desarrollo resiliente y bajo en emisiones.

“Para lograr dichos objetivos, consideramos que se debe gestionar los riesgos de invertir en acción climática en los países en desarrollo: cuando el riesgo es real, es necesario desplegar a gran escala los instrumentos de reducción del riesgo como garantías, seguros y cobertura y financiación en moneda local, necesarios para desbloquear el capital. Sin embargo, a los supervisores y los reguladores financieros aún les falta incluir explícitamente los riesgos climáticos en sus reglamentaciones o medidas de supervisión”, explica.