Por Stakeholders
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El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Debido a ello, el gobierno del país sudamericano ha instado a la población a comprar agua embotellada.
En ese sentido, un grupo de expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió que esa medida supone un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, el cual – recordaron – está por encima de cualquier interés empresarial.
El gobierno ha recomendado reducir el consumo de agua en los hogares, pero no ha aplicado las mismas restricciones a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción.
Los relatores especiales recordaron que si bien los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica agravada por periodos sin lluvias anormalmente largos, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país.
«Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos», recalcaron. Agregaron que el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable.
Cabe mencionar que los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados por la ausencia de este recurso.
