Por Stakeholders
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Tras el informe de Amnistía Internacional, quien acusó a las autoridades peruanas de ensañarse contra las poblaciones indígenas y campesinas durante las protestas que viene afrontando el país desde diciembre, el Gobierno rechazó que en el país exista una «política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos».
«En el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un racismo sistémico en el actuar de las distintas autoridades», se lee en el comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).
En ese sentido, aseguró que está dando «todas las facilidades» para que se investiguen las muertes producidas durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado.
«El Ejecutivo viene brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público con el fin de identificar a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida, como también a la propiedad pública y privada en los últimos meses», sostuvo.
En ese sentido, reiteró que «corresponderá a las autoridades competentes, luego de conocido el resultado de las investigaciones, procesar y sancionar conforme a la normatividad aplicable». Agregó que en diciembre se creó una Comisión Multisectorial en la que participan como invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Perú y del Consejo Interreligioso de Perú.
