Por Renzo Rojas
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Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores y exministro de Economía, hace a continuación un análisis del impacto que tiene la actual crisis política e institucional en la economía peruana. Menciona la urgencia de fomentar la inversión privada para así poder afrontar posibles escenarios de recesión económica global.
RENZO ROJAS
¿De qué manera viene afectando la coyuntura nacional a la ciudadanía en los últimos meses?
Tener una crisis política constante y problemas de gobernabilidad hace que las autoridades releguen su función de llevar a cabo políticas públicas en favor de la ciudadanía, y estén más enfocadas en su supervivencia política; bien sea el Gobierno o el Congreso, en particular el primero con problemas bien agudos respecto a su idoneidad y actitud. Esa es la primera afectación: un país sin rumbo. Lo segundo es que la imagen del país se ve mellada ante la inversión nacional y extranjera que, ante tanta volatilidad en los cargos, hace que sea muy difícil tomar decisiones y ahuyenta la inversión.
¿Cómo se traduce todo este escenario en términos económicos?
En lugar de estar creciendo a tasas elevadas de 5% a 6%, apenas estamos entre 2% y 3%. Eso significa que es un crecimiento insuficiente porque la inversión privada no crece y se contrae. Además, la inversión pública también está paralizada, afectando así al empleo que se requiere para reducir la pobreza en el país. Todo le está pasando una factura muy importante al Perú, que está desperdiciando una ventana de oportunidades que ya se le cerró a nivel externo.
Algunos organismos internacionales señalan una recesión económica global para el próximo año. ¿En qué circunstancias se encuentra el Perú?
El Perú es una economía insertada en la economía internacional y altamente dependiente. Básicamente, el 60% de la variación del PBI responde a cambios en el entorno externo, y un 40% a determinantes internos. Entonces lo que se prevé en la lucha contra la inflación, que es un fenómeno global, es una política para provocar una recesión a través de una política monetaria contractiva: incrementar las tasas de interés.
¿Qué implica estas medidas económicas a escala global?
Significa que el mundo va a crecer menos, que la demanda por nuestros productos disminuirá. También de que hay una mayor aversión al riesgo y los capitales externos salen de los países emergentes, y retornan a los refugios de valor el cual usualmente es el dólar, o son los bonos del tesoro de los EE. UU. El resultado es un tipo de cambio más depreciado. Es difícil contrarrestar.
Pese a todo, el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos muy sólidos, incluso más que de Chile, en términos de solvencia fiscal y las amplias reservas como son del PBI. Tenemos 50% de nuestro PBI en reservas internacionales, lo que nos da cierto nivel de fortaleza para este panorama.
Sin embargo, no hay forma de inmunizarse totalmente de este mundo adverso y el país se ve afectado, por lo que se genera un nuevo proceso de desaceleración económica como el que está en curso.
¿Cuál debe ser el enfoque de las políticas para evitar un mayor impacto negativo?
Adoptar políticas proempleo, propiciar que la inversión privada se desarrolle. Lamentablemente este entorno tan complejo no facilita esa creación de empleo. Esa agenda de regulaciones en distintas materias como la laboral, lo que hace es perjudicar el entorno de negocios. Es así como en lugar de crecer el Perú en un 6% lo hace en un 2% aproximadamente.
“Espacios como el CADE Ejecutivos, donde articula el sector empresarial y el público, y se traen otras experiencias y abordan temas tan importantes como la institucionalidad y la aceleración de la inversión privada, se tornan centrales.”
¿Qué consideración tiene acerca del plan de reactivación Impulso Perú desarrollado desde el ámbito público?
El plan tiene varios problemas, pero quizá el pilar donde más se requiere avanzar es el siguiente: la recuperación de confianza. Esta no se va a recuperar con el actual escenario, sin ninguna consistencia mínima en el ejecutivo. Si bien el MEF es bien intencionado al plantear una serie de políticas, si estas no vienen acompañadas de un alineamiento de todo el gabinete va a ser muy difícil.
En detalle, ¿qué puntos merecen mayor atención de todas estas políticas?
Se apuesta por la inversión pública, pero acá hay dos problemas. El primero es que los cambios normativos de nada sirven si no hay un personal adecuado. Por otro lado, la inversión pública no puede actuar de manera contracíclica porque el 80% de ese gasto lo realizan las entidades regionales y locales, las cuales recién se están incorporando a una nueva gestión que empieza el primero de enero del año entrante.
Afecta lo anterior al despliegue de todo lo planificado…
Normalmente, cuando hay cambios de gestión, decae la eficiencia en la ejecución, hay un desplome en el gasto público en esos niveles de gobierno. Entre otros puntos, el plan adolece de credibilidad en el plano de confianza y tiene muchas dificultades para lograr que la inversión pública mitigue la caída en la inversión privada.
¿Cuál es su apreciación acerca de que el sector privado puede convertirse en un agente activo en todo lo mencionado?
El sector privado sin duda puede ser parte de la solución, pero requiere de un sector público que habilite y genere las condiciones adecuadas. Lo que vemos es que la gestión pública se ha venido deteriorando de manera significativa. El Estado, actualmente, en sus tres niveles de gobierno, no puede cumplir con las responsabilidades que la Constitución le confiere en servicios básicos e infraestructura, problemas de gestión. La descentralización tampoco ha alcanzado las metas esperadas, y tenemos una parálisis de ineficiencia y lamentable corrupción en los tres niveles de gobierno.
Precisamente, ese es uno de los problemas que más retraso genera en el país…
La economía peruana se ha mantenido muy resiliente porque el sector privado, de todo tamaño, ha logrado arreglárselas para poder sortear el periodo difícil de la pandemia. Debido a que la corrupción es el principal problema que afecta a la ciudadanía, según las encuestas, acá el sector privado tiene también que ser un gran propulsor de la lucha contra este flagelo. Los gremios tienen una gran responsabilidad en materia de integridad. En general, tiene que actuar bajo un esquema de valor compartido.
¿Qué proyecciones tiene en relación con el crecimiento del país para el 2023?
El potencial está dado para crecer a tasas más elevadas, pero hay factores que conspiran contra esa posibilidad. En ese sentido, de no atravesar una crisis mayor externa, la cual tampoco se descarta, estaremos creciendo a una tasa de entre 2% y 2,5% que claramente es insuficiente para generar la demanda de trabajo que considere a los 300 mil jóvenes que ingresan anualmente al mercado laboral. Esto genera que la reducción de la pobreza se estanque e, inclusive, se incremente. Estamos ante un entorno desafiante, y las autoridades parecen no estar a la altura de las circunstancias.
Para finalizar, ¿qué importancia tiene la vuelta a la presencialidad en este CADE Ejecutivos después de más de dos años?
Estamos viviendo una época de mucha polarización, desconfianza. Espacios como el CADE Ejecutivos, donde articula el sector empresarial y el público, y se traen otras experiencias y abordan temas tan importantes como la institucionalidad y la aceleración de la inversión privada, se tornan centrales. Tener un espacio presencial y dedicarle tres días a reflexionar sobre el futuro, plantear políticas, reformas y puntos de encuentro, me parece que es un muy oportuno y necesario.
