Por Stakeholders
Lectura de:
José M. Sainz-Maza del Olmo
Redactor de contenidos para el marketplace sostenible Staiy
La sostenibilidad está llamada a ser un motor de crecimiento económico. Así lo creen los Estados Unidos de América y los países integrantes de la Unión Europea (UE), donde el término ‘Pacto Verde’ (el Green New Deal) suena cada vez con más fuerza y comienza a reflejarse en iniciativas concretas desarrolladas desde mediados de 2020 para paliar los efectos de la pandemia en la economía. Frente al riesgo de que los grandes avances en materia de sostenibilidad llevados a cabo en los últimos lustros queden paralizados por el aumento de la deuda (tanto pública como privada) y el empobrecimiento de parte de la población, la inversión en políticas medioambientales aplicadas al ámbito empresarial se vuelve más necesaria que nunca.
En el caso del bloque europeo, compuesto en la actualidad por 27 países, esto se ha traducido en la proposición de una Ley Europea del Clima cuyo objetivo es la consecución de la neutralidad climática en 2050. Para ello, se prevén diversos mecanismos, tales como la inversión en tecnologías respetuosas con el medio ambiente y en energías limpias, la expansión de medios de transporte menos contaminantes y más baratos para el usuario, la introducción de nuevos estándares en la construcción de edificios y las alianzas con terceros países para promover mejores normas medioambientales a nivel global.
Esta transición, por supuesto, debe entenderse desde una perspectiva no solo ecológica, sino también social. Siguiendo el camino ya marcado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, el planteamiento de la UE parte de las desigualdades existentes entre sus miembros y busca tener en cuenta el impacto producido por la actual crisis sanitaria y económica en las diversas regiones.
El Mecanismo para una Transición Justa (MTJ) prevé movilizar una cantidad mínima de 100,000 millones de euros (444,000 millones de soles) para garantizar que nadie se quede atrás. Este fondo se distribuirá entre 2021 y 2027 a través de diferentes programas y en forma de inversiones directas, estímulos fiscales y préstamos al sector público.
En un momento como el actual, de gran incertidumbre social y financiera, es conveniente abordar la sostenibilidad teniendo en cuenta todos los sectores de la economía y, muy particularmente, a aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación más vulnerable. Así, las debilidades pueden convertirse en fortalezas, modernizando industrias obsoletas o faltas de inversiones, proveyendo a los trabajadores con oportunidades de formación y reciclaje profesional, fomentando la investigación y el desarrollo tecnológico ligado a las energías verdes, y adaptando el transporte y los espacios públicos para conseguir que las ciudades sean más seguras, cómodas y habitables.
En América Latina, donde la economía se ha contraído en 2020 un 7,7% según la Organización de las Naciones Unidas, y donde los países de la región están enfrentando importantes retos sociales, la crisis del coronavirus pone en peligro las políticas medioambientales y de protección de la biodiversidad adoptadas en los últimos años.
Por ello, resulta de vital importancia buscar fórmulas que combinen sostenibilidad y desarrollo social, invirtiendo en la modernización de la industria y el sector servicios al tiempo que se hace un uso responsable de los recursos naturales.
