Por Stakeholders
Lectura de:
Marcel Ramírez
Fundador y CEO de TaxAction Asesores y Consultores
La economía digital ha cambiado la manera en que interactuamos como sociedad, la forma cómo el gobierno se relaciona con sus ciudadanos y cómo las empresas hacen negocios. Asociado a la ola de transformación digital, las importantes reducciones de costos y ganancias de productividad derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías, así como el surgimiento de nuevos productos y servicios, están haciendo que los gobiernos de América Latina desplieguen más esfuerzos por promover la transformación digital del sector productivo. Pero ¿qué hay de su impacto en el desempeño del Estado?
Aunque el objetivo de los gobiernos es satisfacer las necesidades de la población, generando valor público en forma efectiva, eficiente y oportuna, han sido los ciudadanos y empresas quienes se vienen adaptando más rápidamente a la ola digital. Sin embargo, está claro que, en el marco de cualquier política de modernización de la gestión pública centrada en los ciudadanos, los gobiernos encuentran un gran aliado en transitar de un gobierno electrónico a un gobierno digital.
¿Cómo pueden los gobiernos aprovechar los avances tecnológicos para lograr una mejor relación con sus ciudadanos? Aparte de lograr una más eficiente, eficaz y oportuna prestación de servicios públicos, se propiciaría mayor transparencia y rendición de cuentas que reconstruya la confianza entre autoridades y ciudadanos. La creciente desconfianza queda demostrada en los resultados del más reciente Latinobarómetro 2018. Respecto a la confianza en las instituciones, en el Perú, las instituciones con más baja confianza son el Gobierno (13 %), el Congreso (8 %) y los Partidos Políticos (7 %). Asimismo, al ver la corrupción como problema principal del país, tenemos en los primeros lugares a Colombia con 20 %, Perú 19 % y Brasil 16 %.
El reto de nuestras autoridades es comprender que la transformación digital es el instrumento fundamental para lograr no sólo introduce mejoras de competitividad y productividad y contribuye a escapar de la “trampa del ingreso medio”, sino también favorece a la mayor inclusión de poblaciones desconectadas de los beneficios del crecimiento y la modernidad.
La crisis generada a partir del fenómeno de la corrupción en la región ha mostrado la debilidad institucional de nuestros gobiernos. En la última década, la transformación digital en América Latina ha impulsado importantes innovaciones en los Estados, las cuales se han enfocado en la digitalización del gobierno, la simplificación de los trámites, la expansión de servicios digitales, y la apertura de los datos, propiciando mayor transparencia (datos abiertos) y rendición de cuentas que involucre más a la ciudadanía en el control social de sus autoridades.
Como lo advierte la CAF, estamos en una nueva etapa en la revolución digital y del gobierno electrónico basada en tecnología inteligente de datos (open data, big data, blockchain). Junto con la voluntad política, esta revolución digital gubernamental fortalecerá la confianza entre Estado y ciudadanos, reconstruirá el “contrato social” al propiciar una mayor y mejorada participación ciudadana y puede combatir la corrupción en formas nunca antes imaginadas.
La lección fundamental de una política de transformación digital integral es que se deberá poner énfasis en una nueva colaboración público-privada, en la que la co-creación de políticas públicas crea soluciones más legítimas en la ciudadanía. En este sentido, se propone la conformación de una Alianza Digital que propicie un trabajo coordinado entre Estado, empresas privadas y ciudadanía y así retroalimentar positivamente el círculo virtuoso de transparencia-confianza-legitimidad que creará una nueva institucionalidad pro-desarrollo.
La regulación, la transición a nuevos modelos de negocio y a procesos de innovación abierta digital, la extensión digital de las pymes y el cierre de las brechas de talento.
