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Planeamiento estratégico y prospectiva en el Perú

El Plan Bicentenario culminará su proceso de actualización entre el 2019 y el 2020, informó el Ceplan. Según la Red Local del Pacto Global de la ONU, este nuevo plan debe estar por encima de cualquier estereotipo ideológico proveniente del sector público, del sector privado, de la academia o de la sociedad civil. Para EY, la falta de empatía y el déficit de ciudadanía dificultarán su implementación. Por su parte, la Fundación Avina cree que el principal reto que enfrentará su aplicación será la desarticulación generalizada del país.

Por Rudy Chávez
rchavez@stakeholders.com.pe

Cegado por la agenda mediática y por el espejismo de la encuestocracia, el Perú parece haber perdido su sentido de la orientación en medio de una tormenta política que ha superpuesto el cortoplacismo de la politiquería menuda sobre el largoplacismo del planeamiento estratégico y la prospectiva, que representan conjuntamente un binomio decisivo para alcanzar el desarrollo sostenible en el país.

Esta preferencia por el día a día sobre la planificación y la construcción de una visión futurista, está representada fielmente por el divorcio existente entre el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan) y la política de responsabilidad social empresarial (RSE) del sector privado, la academia y la sociedad civil organizada.

Lo anterior, sumado a la debilidad institucional del Sinaplan, al fracaso de la descentralización político-administrativa, a la informalidad política, a la elevada tasa de rotación en la administración pública regional y local, y a la corrupción institucionalizada, ha provocado que el crecimiento económico no tuviera un correlato con la mejora sustancial de la calidad de vida en el Perú.

Finalizado el periodo de bonanza económica, el país no parece estar intentando cambiar su longeva historia de subdesarrollo mediante el planeamiento y la prospectiva, sino que parece estar dirigiéndose directamente hacia el centro de la vorágine propia de la cotidianidad cortoplacista de la política de baja estofa.

En este escenario, Javier Abugattás, presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan); Diego de la Torre, presidente de la Red del Pacto Global de la ONU en el Perú, Diego de la Torre; Beatriz Boza, socia y líder regional de Gobierno Corporativo, Empresas Familiares y Empresas de Alto Rendimiento de Ernst & Young (EY); y Luis Miguel Artieda, responsable de la Estrategia País de la Fundación Avina en el Perú, analizan el arraigo del planeamiento estratégico y la prospectiva en el Perú.

Planeamiento estratégico y prospectiva en el sector público

Según Javier Abugattás, presidente del Ceplan, el 2017 el Ceplan inició el proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) o Plan Bicentenario, proponiendo una preimagen del Perú para el 2040 o el 2050 en el Foro del Acuerdo Nacional, que es el lugar donde se aprueba por consenso la visión del país.

«Una vez que se apruebe la nueva visión del país, se actualizarán las  políticas de Estado y, con ello, el PEDN. Este proceso de actualización culminará entre el 2019 y el 2020», afirmó.

Abugattás indicó que para la elaboración de esta preimagen, el Ceplan está considerando el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y lo que solicita el proceso de admisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

«Esto tiene como propósito alinear simultáneamente las políticas públicas y el planeamiento estratégico del Estado peruano con la Agenda 2030 y con lo que demanda la entrada a la OCDE, lo cual desde luego supone una complicación, porque esta es la primera vez que el sector público está trabajando bajo este enfoque», explicó.

Por su parte, Diego de la Torre, presidente de la Red del Pacto Global de la ONU en el Perú, consideró que esta actualización del PEDN debe estar por encima de cualquier estereotipo ideológico proveniente del sector público, del sector privado, la academia o la sociedad civil.

«De ser así, este PEDN ayudará a que el Gobierno, la comunidad empresarial, la academia y la sociedad civil trabajen sinérgicamente para reducir la pobreza, mejorar la educación y fortalecer la institucionalidad, cumpliendo con la Agenda 2030 y despejando a la vez el camino para ser miembro de la OCDE», señaló.

Asimismo, de la Torre dijo que el hecho de que el Perú tenga una carta de navegación como Estado contribuirá con el diseño de una institucionalidad inclusiva, la cual debe estar al servicio del ciudadano y no al revés.

«Con una institucionalidad incluyente, una empresa moderna y competitiva podrá insertarse armoniosamente dentro del tejido social y medioambiental del país, mediante una gestión económica, social y ecológica que tenga como core a sus stakeholders y a la naturaleza», precisó.

Por su lado, Beatriz Boza, socia y líder regional de Gobierno Corporativo, Empresas Familiares y Empresas de Alto Rendimiento de EY, opinó que la actualización del PEDN que está liderando en el Ceplan Javier Abugattás es realmente notable.

«Abugattás es un técnico conocedor del Estado con un cariz humano que potencia su capacidad, resiliencia y empuje para ayudar a la sociedad a alinearse con una visión de futuro que contemple el cumplimiento de la Agenda 2030 y la entrada a la OCDE», declaró.

A pesar de ello, Boza cree que la falta de empatía y el déficit de cultura ciudadana representarán la principal dificultad para la implementación de este plan en el Perú.

«Para superar esta dificultad no solo hay que entender al prójimo, sino también hay que forjar una cultura cívica que permita construir una visión de país de manera conjunta. En el caso de que esto no suceda, va a ser difícil convertir en realidad cualquier acuerdo que se escriba sobre un papel», advirtió.

A su turno, Luis Miguel Artieda, responsable de la Estrategia País para la Fundación Avina en el Perú, valoró la actualización del PEDN que está realizando el Ceplan, pero también subrayó la limitada fuerza política que tiene el ente rector del Sinaplan.

«Sé que el Ceplan está trabajando encomiablemente en la construcción de un PEDN, pero creo que su propia debilidad institucional le limita lograr un mayor avance no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional y local», reflexionó.

Igualmente, Artieda consideró que falta integrar efectivamente el trabajo del Sinaplan, del Invierte.pe y del Sistema Nacional de Presupuesto (SNP) con la política de RS del sector privado, la academia y la sociedad civil.

«Esta gran brecha, así como la poca disposición y capacidad institucional de cada nivel de gobierno para adaptar un PEI (Plan Estratégico Institucional) y POI (Plan Operativo Institucional) con el PEDN, constituyen un severo problema de difícil solución», observó.

Planeamiento estratégico y prospectiva en el sector privado

Para Javier Abugattás el sector privado en el Perú está lejos del planeamiento estratégico y la prospectiva.

«En el Perú el sector privado está concentrado en su día a día, pero creo que sería positivo que comience a hacerle caso a lo que puede comunicar una proyección, la cual es capaz de explicar cómo el cambio del clima no solo puede incidir en la producción y en la estructura productiva, sino también en el propio negocio», aconsejó.

Abugattás dijo que en el caso de que el sector privado adopte y haga suyo el planeamiento y la construcción de un escenario futuro, esto responderá a un contexto global de competitividad.

«Si fuera este el caso, sería más factible tejer una colaboración coordinada entre este sector y el sector público para enfrentar cualquier problemática que obstaculice alcanzar el crecimiento y desarrollo sostenible del país», aseguró.

Por su parte, Diego de la Torre fue categórico al destacar la labor que realiza una entidad supranacional como la ONU en pro de fomentar el planeamiento estratégico y la prospectiva en el sector privado.

«El 2003 la ONU y la Confiep lanzaron oficialmente la Red del Pacto Global en el Perú, una alianza mundial que une a la ONU, al sector público, al sector privado y a la sociedad civil para planificar el logro de un decálogo derecho humanista, medioambiental, laboral y anticorrupción», detalló.

De acuerdo a De la Torre, una empresa moderna del siglo XXI, ambiental y socialmente responsable, es parte de la solución del calentamiento global, el cambio climático y la pobreza.

«Esto podría ser posible gracias a la capacidad de innovación y de creación de riqueza de una empresa, la cual puede contribuir con su sola presencia a que el planeta esté mejor», subrayó.

En tanto, Beatriz Boza indicó que el sector privado primero debe pasar por un proceso de concientización, aprendizaje y adecuación para incorporar en su seno el planeamiento estratégico y la prospectiva.

«Comparado con el siglo pasado, ahora el sector privado puede exhibir cierto nivel de avance respecto a la gestión, la medición y la asignación de presupuesto para contribuir no solo con el cumplimiento de la Agenda 2030, sino también con la entrada del Perú a la OCDE», afirmó.

Asimismo, Boza remarcó que el hecho de que el sector privado tenga en su agenda a la sostenibilidad, la RS y la institucionalidad, demuestra este cambio de paradigma entre el empresariado del siglo XX con el del siglo XXI.

«Esto aún forma parte de un proceso en el que se está avanzando, en el que se está demostrando que hay un sector privado cada vez más comprometido y, sobre todo, más consciente del rol que tiene que cumplir en la sociedad», recalcó.

Por su lado, Luis Miguel Artieda expresó que el sector privado está avanzando progresivamente en la adopción de un plan estratégico y una prospectiva alineada con la Agenda 2030 y la OCDE.

«La gestión social, económica y ambiental del sector privado orientada a poner como centro a sus stakeholders y al medioambiente así lo demuestra», manifestó.

De igual manera, Artieda cree que el empresariado podría expandir todavía más su estilo de gestión sostenible y su buen relacionamiento con su comunidad.

«La falta de conocimiento, la carencia de un incentivo y la reactividad ante un conflicto social podrían bloquear esta posibilidad, pero no creo que esto suponga una oposición dura de vencer», asintió.

El reto para el planeamiento estratégico y la prospectiva peruana

Según Javier Abugattás, el Ceplan debe encarar su propia limitación institucional utilizando la legislación vigente que tiene a la mano.

«Esto debe ir acompañado de un aprendizaje sobre cómo trabajar articuladamente con el Invierte.pe y el SNP, midiendo y evaluando en este proceso no solo el nivel de ejecución del gasto presupuestal, sino también cómo este está vinculado con el cierre las brechas sectoriales y territoriales que tiene el Perú», afirmó.

Asimismo, Abugattás observó que el hecho de que el presupuesto público haya pasado de 30 000 millones de soles a 170 000 millones de soles sin que tuviera un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida de la gente, revela que algo se ha hecho mal.

«Por un lado, está la corrupción institucionalizada y la falta de capacidad institucional, y por el otro, está la ausencia de políticas públicas que trasciendan a una administración. Este escenario nos ha obligado a repensar nuestro estilo de trabajo para hacerlo más efectivo», aseveró.

En tanto, Diego de la Torre señaló que el polinomio Estado-empresa-academia-sociedad civil ahora debe trabajar en perfecta armonía, promoviendo no solo la inversión pública y privada, sino también una RSE vinculada con la visión del país.

«Esto debe ser una tarea compartida, la cual debe volver socialmente responsable a cada actor de la sociedad», exhortó.

Además, de la Torre dijo que hay que combatir el analfabetismo económico que sufre gran parte de la sociedad.

«Solo con la verdad, la educación, el trabajo y con una visión inspiradora se podrá construir un país de primer mundo, el cual deberá complementar y potenciar cada impacto positivo que generen el sector público, el empresariado, la academia y la sociedad civil para su entorno social y medioambiental», aseguró.

Por su lado, Beatriz Boza indicó que si el Perú quiere ser un Estado consolidado, primero debe empezar por crear empatía y ciudadanía.

«Si algo une al Perú eso es su identidad cultural milenaria, un componente básico no solo para su integración al mundo, sino también para la edificación de su futuro», manifestó.

Boza dijo que esta identidad hará del Perú una especie de árbol de raíces profundas, tronco frondoso y grandes frutos.

«A veces, solamente se le da prioridad a la riqueza metálica, dejando de lado el cultivo de un árbol de raíces fuertes que soporte la furia de los vientos huracanados de la volatilidad política», concluyó.

Por su parte, Luis Miguel Artieda cree que el Ceplan, el sector privado, la academia y la sociedad civil deberían trabajar mejor y más cerca.

«El Ceplan debería ser fortalecido para ocupar un papel protagónico dentro de la nueva gestión pública (NGP); la empresa privada debería reportar su sostenibilidad; la academia debería medir y evaluar la gestión del sector público y la del sector privado; y la sociedad civil debería esforzarse por crear más y mejores espacios de diálogo y proyectos de reducción de brechas», argumentó.

De igual forma, Artieda subrayó la importancia de articular un trabajo coordinado, cercano y retroalimentador que involucre a la sociedad como un todo, valorando la diversidad y el aporte que cada sector puede hacer.

«Solo así el Perú podrá afrontar exitosamente cualquier problema de diversa índole, pensando en un sector público que vea al resto de la sociedad no como una subordinada, sino más bien como una aliada para lograr el desarrollo sostenible», finalizó.

El Perú está gateando en planificación y prospectiva, pero esto no es una excusa para que no se ponga de pie y, con esfuerzo, comience a ser bípedo. Cierto es que por delante, bloqueando el camino, está la poca empatía, el déficit de ciudadanía y la fragmentación político-administrativa que padece el país, pero, como dijo alguna vez el célebre Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, «la unión hace la fuerza». He ahí la clave.