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Las noticias sobre la pérdida de seis vidas humanas como consecuencia de la protesta de los denominados mineros informales enlutó el inicio de esta semana…

  
Las noticias sobre la pérdida de seis vidas humanas como consecuencia de la protesta de los denominados mineros informales enlutó el inicio de esta semana, lo que nos motivó algunas preocupaciones.

Primero, no existe justificación alguna para generar situaciones de violencia que ocasionen la muerte de uno o más prójimos. 

Lo acontecido demuestra nuestra poca capacidad de diálogo y de arribar a acuerdos como conjunto social.

Segundo, protestar es un derecho legítimo; pero, cuando los organizadores de estas acciones deciden interrumpir una vía de comunicación, capturar rehenes u otro tipo de “manifestación”, lo que realmente están haciendo es:

  1. Convertir la protesta en un delito.
  2. Enmascarar un delito a través de la figura legal de la protesta.  

Tercero, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales son las organizaciones coercitivas del Estado a las que se les ha conferido el empleo exclusivo y excluyente de la fuerza pública y que actúan para garantizar el ejercicio del Estado de Derecho; y no al revés como en el pasado lo hicieron los grupos subversivos.

Si como consecuencia del accionar de las FFAA y FFPP (conjuntamente o independientemente) exceden el plano normativo, lo que se debe analizar en primer lugar es si como consecuencia de la acción del restablecimiento del Estado de Derecho se produce u hecho no deseado. 

En este supuesto, también debería aplicarse la Teoría del Control Difuso con relación a los organizadores de la protesta, pues son precisamente quienes propiciaron las condiciones de ilegalidad y deben ser declarados responsables y sujetos de la acción penal del Estado.

Cuarto, las fuerzas del orden suelen enfrentar situaciones en las que la cantidad de efectivos destacados para hacer frente a los protestantes es totalmente dispar, suele ser mayor o igual a diez, es decir que por cada efectivo hay por lo menos 10 manifestantes. 

En adición, los protestantes suelen estar armados de palos, piedras y demás objetos contundentes; por consiguiente, argumentar que la acción represiva de las fuerzas del orden para ser considerada legítima debería haberse ejercido uno a uno o con armas equivalentes es absurdo. Una persona impactada por diez piedras puede terminar lapidada y ocasionársele la muerte, una piedra lanzada con una onda andina también. Por otro lado, el factor sorpresa siempre estará de parte de quien estuvo bajo el control de la protesta delictiva, la cual otorga una ventaja enorme con relación a las fuerzas del orden.

Quinto, para colmo de males, quienes deben restaurar el orden, en nombre de los demás ciudadanos laboriosos y pacíficos del Perú, suelen estar a merced de algunas organizaciones que viven del generoso y muchas veces insospechado financiamiento foráneo, los que los enjuician y persiguen a quienes enfrentan la violencia. 

Sexto, la protesta delictiva llevada a cabo por extractores ilegales, quienes también se autodenominan “mineros informales”, los que como todos sabemos reclaman el Derecho al trabajo individual y colectivo; lo que es positivo, pero lo quieren hacer violando el Derecho a la vida, la salud y a una remuneración adecuada de sus colaboradores y, al mismo tiempo, atentando contra el Derecho que tenemos todas las personas a vivir en un ambiente saludable, es decir, que se encuentre dentro de los límites permisibles.

Séptimo, cabe preguntarse quiénes están detrás de la protesta, quiénes los proveen de insumos químicos, detonantes, explosivos, maquinarias, repuestos, otros; quiénes compran y venden esta producción ilegal.  Cómo ingresa al sistema financiero dinero de origen ilegítimo? Aún hay muchas aristas que afrontar y nudos por desentrañar. Quienes trabajamos en la minería formal y legal, quienes cuidamos el ambiente y contribuimos decididamente al desarrollo local, regional y nacional, tenemos la obligación de dar a conocer a nuestro entorno familiar y amical qué hacemos y cómo lo hacemos.

Parte de nuestro compromiso con el país es comunicar a los demás peruanos que la minería representa una oportunidad de desarrollo para el conjunto de la sociedad, por lo que nos debemos sentir orgullosos de promover y defender La Minería (la legal, como aquella que está dispuesta a formalizarse; pero condenar la extracción ilegal que ocasiona muerte y violencia innecesaria). Por lo expuesto, debemos preocuparnos por el engrandecimiento y mayor consolidación de la minería, la de Tía María (próximo proyecto cuyo reto esperamos  emprender exitosamente), también están Los Chancas, Tantahuatay, Las Bambas, Quellaveco, Michiquillay, Toromocho y muchos otros.  ¿Qué estamos esperando?

Por: Guillermo Vidalón del Pino







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