Por Stakeholders
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Especialistas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente avanzan en la modernización del control ambiental mediante el uso de tecnologías digitales que permiten supervisiones a distancia. Esta estrategia busca optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y ampliar la cobertura en territorios complejos.
Durante un taller técnico conjunto, ambas entidades abordaron el uso de datos para acciones disuasivas, herramientas geoespaciales y aplicaciones de ciencia de datos. El intercambio tuvo como objetivo demostrar cómo estas soluciones permiten ejecutar fiscalizaciones sin necesidad de presencia física en campo, lo que reduce costos y acelera la capacidad de respuesta frente a posibles infracciones.
El fortalecimiento de capacidades institucionales es uno de los ejes centrales de esta cooperación. La incorporación de herramientas digitales no solo mejora la oportunidad y eficacia de la supervisión, sino que también contribuye a cerrar brechas territoriales en zonas de difícil acceso.
José Luis Rosales, coordinador del Sistema de Información Geográfica del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, destacó que la entidad consolida una estrategia de fiscalización ambiental inteligente; “Transformando datos en decisiones”, señaló, es el enfoque que guía la integración de tecnologías geoespaciales para fortalecer la prevención de riesgos y la toma de decisiones basadas en evidencia científica.
Este taller marca el inicio del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la Fiscalización y Cumplimiento Ambiental en Chile y Perú 2025 – 2027”, desarrollado junto a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional; la iniciativa apunta a consolidar un modelo de supervisión más moderno, interoperable y eficiente.
En el caso peruano, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental cumple un rol clave en la supervisión del cumplimiento de obligaciones ambientales en distintos sectores económicos; su labor busca equilibrar la inversión productiva con la protección del ambiente, contribuyendo al desarrollo sostenible.
El marco sancionador del organismo incluye multas administrativas que pueden alcanzar hasta 30.000 UIT, equivalentes a 132 millones de soles, además de sanciones por incumplimientos en instrumentos de gestión ambiental o por no adoptar medidas preventivas ante riesgos. Estas acciones buscan garantizar condiciones adecuadas para la salud de la población y la protección del entorno.
Jorge Leturia, líder de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de EY Law, advirtió que el alcance de la fiscalización continúa ampliándose; “cada vez se está ampliando lo que se considera contaminación, incluyendo temas como problemas lumínicos y odoríficos”, precisó, al tiempo que destacó el incremento de sectores bajo supervisión.
Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente ejerce funciones exclusivas de seguimiento y fiscalización de normas ambientales, resoluciones y planes de manejo. Su labor se ejecuta mediante fiscalización directa, a través de organismos sectoriales o mediante terceros acreditados, lo que le permite ampliar su capacidad operativa.
La articulación entre Perú y Chile refleja una tendencia regional hacia la digitalización de la fiscalización ambiental. El uso de tecnologías remotas y análisis de datos se posiciona como una herramienta clave para mejorar la transparencia, prevenir impactos y fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales.
