La creciente escasez de agua en el Perú se perfila como uno de los principales desafíos estructurales de las próximas décadas.

La escasez de agua afectará a más del 50 % de la población hacia 2030, mientras los planes de gobierno carecen de propuestas estructurales, enfoque climático y gestión integral del recurso hídrico. Foto: Stakeholders.

Por Bryam Esquen Del Carmen

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La crisis hídrica en el Perú se perfila como uno de los principales riesgos estructurales hacia 2030, con proyecciones que indican que más de la mitad de la población vivirá en condiciones de escasez de agua. Este escenario no solo plantea un desafío ambiental, sino también económico y social, al comprometer el acceso al recurso, la producción agrícola y la estabilidad de los precios de los alimentos.

En ese escenario, Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la PUCP, quien participó en el encuentro “El Perú frente a la crisis ambiental: lo que está en juego en las elecciones presidenciales del 2026”, el cual forma parte de la iniciativa institucional “Votar es Clave”, revela una desconexión significativa entre la magnitud del problema y su abordaje en la agenda política.

Los planes de gobierno de los candidatos no incorporan de manera consistente la gestión del agua ni el enfoque de cambio climático, y cuando lo hacen, predominan propuestas de corto plazo que no responden a la necesidad de una estrategia integral de seguridad hídrica.

Elecciones Perú 2026: candidatos no proponen soluciones frente a la crisis hídrica

En un contexto donde se proyecta que el 58 % de la población vivirá en zonas con estrés hídrico hacia 2030, la falta de propuestas concretas evidencia una brecha crítica entre la magnitud del problema y la respuesta política.

El diagnóstico es claro. La crisis hídrica obligará a replantear el uso del agua en todos los niveles, desde el consumo doméstico hasta la producción agrícola y energética. Este escenario implica no solo una adaptación de la población, sino también una mejora sustantiva en la gestión del recurso, con énfasis en la distribución equitativa y el uso eficiente.

Uno de los principales riesgos identificados es el impacto territorial desigual. La costa será la región más afectada debido a su alta concentración poblacional y limitada disponibilidad de agua, lo que obligará a redefinir prioridades en el uso del recurso, privilegiando el consumo humano frente a actividades intensivas como la agricultura de alto consumo hídrico.

En este punto, Sabogal introduce un elemento clave. La actual estructura productiva agrícola resulta insostenible en un contexto de escasez, ya que cultivos como arroz o espárragos demandan grandes volúmenes de agua. La falta de una estrategia para reconvertir esta matriz productiva refleja una debilidad estructural en la planificación pública.

A pesar de la magnitud del problema, el análisis evidencia que el tema está prácticamente ausente en los planes de gobierno. Cuando aparece, lo hace bajo enfoques de corto plazo, centrados en soluciones inmediatas y sin una visión integral de seguridad hídrica. Esta ausencia se extiende al componente climático, que no es incorporado de manera consistente en las propuestas.

La falta de enfoque de largo plazo limita la viabilidad de cualquier política. El cuestionario señala que una estrategia efectiva debe considerar la gestión por cuencas, el caudal ecológico y las proyecciones de disponibilidad de agua en un contexto de cambio climático. Sin estos elementos, las propuestas carecen de sustento técnico.

El impacto de la crisis hídrica en la sociedad peruana

Las consecuencias de no actuar son significativas. La escasez de agua afectaría tanto a la población como a la producción agrícola, generando una reducción en la oferta de alimentos y un incremento en los precios. Esto tendría un impacto directo en la seguridad alimentaria y en la estabilidad económica.

Otro de los vacíos identificados es la falta de integración entre sectores. El agua no es abordada como un recurso transversal que conecta consumo humano, agricultura y energía. Esta fragmentación impide desarrollar políticas coherentes y sostenibles en el tiempo.

Asimismo, el cuestionario subraya la necesidad de incorporar tecnología en la gestión del agua. La implementación de sistemas de riego eficientes y el tratamiento de aguas en ciudades son medidas clave que no están siendo priorizadas en las propuestas actuales.

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