Por Renzo Rojas
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El Gobierno que asumirá funciones en 2026 enfrentará múltiples retos: desde la creciente inseguridad ciudadana hasta la reducción de la informalidad laboral. Para encararlos, las políticas públicas deberán ser eficientes, articuladas y orientadas al bienestar. En ese contexto, los planes de gobierno se vuelven piezas clave para evaluar a los candidatos y sus propuestas frente a la actual crisis del país.
“Lamentablemente, para quienes postulan a cualquiera de los niveles –nacional, regional o local–, los planes de gobierno se constituyen en un requisito que hay que cumplir por normativa: se entrega a la autoridad competente y se guarda en un anaquel. Es decir, no cumple su función, que es guiar el accionar de quien ganó el cargo a lo largo de su periodo de gestión”, afirma Joanna Kámiche Zegarra, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).
La investigadora explica que en estos planes deberían detallarse los objetivos del candidato, sus prioridades, estrategias y, en algunos casos, las primeras acciones que emprenderá al inicio de su gestión.
“Si realmente cumplieran su función y la autoridad lo respetará a lo largo de su gestión, la elección de los buenos candidatos sería muy sencilla: los ciudadanos leerían el plan de gobierno, decidiendo su voto por el cuál se alinea con lo que se espera para el país”, añade.
Asimismo, los equipos técnicos de los candidatos deben guiarse por documentos estratégicos, como el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, que permite articular propuestas de corto, mediano y largo plazo.
“Eso permitiría que los ciudadanos pudiéramos exigir una rendición de cuentas respecto a lo planificado y a lo realizado. En ese ejercicio, todos tenemos responsabilidad”, puntualiza.
Agenda 2026: propuestas para retomar el desarrollo
En un escenario que exige políticas públicas sólidas y pertinentes, surge Agenda 2026: Políticas públicas para retomar el desarrollo, una iniciativa de la Universidad del Pacífico (UP) que presenta 14 propuestas sobre temas decisivos como estabilidad macroeconómica, seguridad ciudadana, empleo, salud, educación e innovación; asuntos que, según Kámiche, deben discutirse en campaña y, más aún, ejecutarse durante el periodo 2026-2031.
“Cada uno de los temas propuestos tiene relevancia y puede ser incluido en los planes de gobierno, quizás con diferentes horizontes temporales, en el sentido de que existen algunos cuya urgencia los hace estar priorizados”, sostiene.
Entre las urgencias menciona la seguridad ciudadana, el control del déficit fiscal y la provisión de servicios de salud y educación de calidad. Para el mediano y largo plazo, resalta la gestión del agua como activo estratégico y la digitalización de las MIPYMES, elementos esenciales para un desarrollo sostenible.
“Agenda 2026 es un conjunto de propuestas priorizadas, que pueden servir como base para que quienes están diseñando sus planes de gobierno puedan incluir medidas de política que han dado resultados positivos y que se pueden implementar en nuestro contexto”, explica.
En seguridad ciudadana, por ejemplo, se plantea revisar marcos normativos como la Ley N.º 31990 (modificación al procedimiento de Colaboración Eficaz) o la Ley N.º 32213 (ampliación de la vigencia del REINFO). Del mismo modo, en capital humano, se propone “que el gasto en salud sea el 8 % del PBI en el 2030 y llegue al 10 % en el 2040”; en tanto que en educación se recomienda capacitar continuamente a los docentes para aprovechar herramientas como la inteligencia artificial en favor de la calidad educativa.
“Quienes hagan el diseño de los planes de gobierno darán distintos énfasis a los temas, pero la idea es que las temáticas propuestas se incluyan en los mismos: de tal manera que quienes nos lideren a partir de julio del 2026 realmente tomen acciones en cada una de esas prioridades”, señala Kámiche.
Cambio climático: un eje transversal
El impacto del cambio climático también debe considerarse de manera ineludible en los próximos planes de gobierno. Sus efectos sobre las condiciones económicas, sociales y ambientales del país son evidentes, por lo que varias propuestas de Agenda 2026 abordan este factor de forma explícita: desde la gestión del agua hasta la prevención frente a friajes y otros fenómenos extremos.
“El plan de gobierno debe incluir la variable climática como un elemento transversal, haciendo que cada sector identifique en qué aspectos concretos el clima lo afecta (…) y luego de ello, identificar medidas de prevención que mitiguen esos potenciales impactos”, argumenta.
La especialista añade que también pueden surgir oportunidades para determinados sectores, por lo que corresponde a los diseñadores de políticas identificar estrategias para aprovecharlas.
“Por tanto, es labor de quienes están diseñando sus propuestas determinar qué estrategias se pueden implementar para aprovechar esas oportunidades”, remarca.
Institucionalidad: la condición habilitante
Pasar de las propuestas a la ejecución ha sido un desafío histórico para el país. Kámiche subraya que la institucionalidad es un elemento decisivo para hacer realidad las políticas públicas.
“Con una institucionalidad fuerte, que no esté sujeta a los vaivenes políticos, muchísimo más se podría hacer. En el caso particular del agua como activo estratégico, la propuesta es justamente fortalecer la gobernanza bajo un enfoque integral, con una mirada en temas financieros, de infraestructura y de gestión del territorio”, detalla.
Esa articulación también es indispensable en temas como la seguridad alimentaria, que demanda un trabajo multisectorial y coordinado entre los tres niveles de gobierno.
“Esa mirada integral debe partir de quienes son las autoridades y permear en todas las instancias, de tal manera que trabajar de manera coordinada sea la regla y no la excepción”, menciona.
A menos de medio año para las elecciones presidenciales, los aspirantes deberán convertir sus planes de gobierno en auténticas hojas de ruta. La coordinación entre sectores y una institucionalidad sólida serán claves para avanzar hacia el bienestar de todos los peruanos.
“Una institucionalidad que trabaje de esa manera es una condición habilitante para que las propuestas se puedan implementar”, finaliza Joanna Kámiche Zegarra.
