Derechos humanos - Desarrollo económico

Reforma o colapso: el Estado frente al desafío estructural de la inseguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana en el Perú ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno complejo. Ya no se trata del robo callejero de hace una década, sino de un entramado criminal que combina extorsión, sicariato y crimen organizado. Especialistas coinciden en que el país enfrenta una ola delictiva más violenta y variada, que exige respuestas estructurales y sostenidas.

“El delito que tenemos en el país no es el que se produjo hace 10 años, por ejemplo, donde 4 de cada 10 eran por robo de billetera, cartera y celular. Lo que tenemos hoy es uno que se expande, que se diversifica y que es mucho más violento”, explica Arturo Huaytalla, director del Colegio de Sociólogos del Perú.

Ante este escenario, la violencia urbana ha dejado de ser un problema local para convertirse en una amenaza nacional: ciudades como Trujillo o Piura son muestra de ello. Sin una estrategia integral, las políticas se han limitado a respuestas de corto plazo que no abordan las causas estructurales de la criminalidad ni fortalecen las instituciones encargadas de combatirla.

“¿Y qué cosa hacer en ese contexto? Primero, definir como país una agenda para enfrentar los delitos violentos. No estoy hablando necesariamente de un estado de emergencia, pero sí de reconocer la envergadura y gravedad de la extorsión, el homicidio y otros ilícitos. En esa línea, es necesario plantear una reforma policial”, sostiene Huaytalla.

Reforma policial y articulación territorial

La reforma policial aparece como un punto central en la discusión. Sin embargo, su éxito dependerá de una visión integral que incluya a los Gobiernos locales y regionales. Del mismo modo, la seguridad no puede ser una tarea exclusiva del Ministerio del Interior, sino una política articulada entre distintos niveles del Estado.

“Los Gobiernos locales y regionales cuentan con recursos para invertir en el cierre de brechas prioritarias en los sectores de seguridad. Pueden y deben invertir en que sus comisarías y patrulleros tengan radios. Hoy, 9 de cada 10 policías que patrullan no los tienen y deben comunicarse con sus teléfonos personales”, advierte Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología.

La ausencia de un liderazgo regional también ha contribuido a la debilidad del sistema. Para Noam López, profesor del Cisepa-PUCP, los Gobiernos subnacionales tienen un rol difuso en la prevención del delito, lo que impide una respuesta efectiva y territorializada frente a las distintas dinámicas criminales.

“Considero que los Gobiernos regionales han estado ausentes prácticamente en todo el ecosistema de la seguridad ciudadana. Podemos entender lo que hace el Ministerio del Interior o los municipios, pero muy poco qué hace un Gobierno regional. Deberían liderar estrategias territorializadas con la Policía y la Fiscalía”, señala.

En este escenario, la estructura policial también podría reorganizarse según prioridades que respondan realmente a la ola de criminalidad que enfrenta el país. Hoy, la Policía asume funciones diversas —como el control del tránsito o la atención al turismo— cuando su labor debería concentrarse en la investigación y prevención del delito, afirma Arturo Huaytalla. Esta dispersión de tareas termina reduciendo su capacidad operativa y eficacia frente al crimen.

“Hay más de 10 000 policías en este tipo de funciones. Las acciones de tránsito podrían ser asumidas por un Gobierno regional o provincial, por ejemplo”, comenta Huaytalla.

Miles de efectivos cumplen labores que podrían ser asumidas por otras entidades. Recuperar la orientación policial hacia la persecución e investigación criminal, prosigue, sería un paso clave para mejorar los resultados.

“Su función es más bien perseguir, investigar y prevenir el delito, y es lo que menos hace. Se encuentran como Seguridad del Estado cuidando ministros o congresistas” precisa.

Asimismo, más allá de la falta de recursos, la profesionalización policial sigue siendo una deuda pendiente, así como erradicar la corrupción, la colusión con el crimen organizado y la mala gestión interna que agravan la ineficiencia institucional.

Nicolás Zevallos sostiene que la mirada debe ser holística. Mejorar la Policía no basta si las demás instituciones del sistema de justicia siguen actuando de manera descoordinada y lenta.

“Se requiere una revisión integral de las entidades de seguridad y justicia en función de la eficacia de los servicios que prestan. Si mañana tuviéramos una policía 100 % efectiva, las demás instituciones serían una barrera para la justicia”, remarca.

Marco normativo y coherencia legal

La existencia y aplicación efectiva de una normativa sólida es fundamental en la lucha contra el crimen organizado. No solo permite establecer mecanismos claros de prevención, sanción y cooperación entre instituciones, sino que también fortalece el Estado de derecho. En ese sentido, las autoridades deben evaluar bien cada promulgación.

“Se debe revisar todo el denominado paquete de normas ‘pro-crimen’. No es que antes el sistema haya sido perfecto, pero contaba con herramientas útiles para la persecución penal del crimen organizado”, advierte Nicolás Zevallos.

La dispersión normativa ha afectado la efectividad del sistema. Es necesario un esfuerzo técnico, desde la academia y la sociedad civil, que permita ordenar y corregir las leyes que actualmente entorpecen la lucha contra el crimen.

“Amerita revisar seriamente todas las nuevas incorporaciones normativas. El Congreso ha aprobado normas que, en lugar de fortalecer la persecución del delito, han debilitado herramientas clave como la colaboración eficaz o la definición de organización criminal”, explica Noam López.

Para Arturo Huaytalla, este tipo de leyes han desacelerado y acomplejado las investigaciones: “La ley 31990 sobre colaboración eficaz, la 32138 que define qué es una organización criminal y la 32130 sobre allanamiento no ayudan a la lucha contra el crimen. Al contrario, la ralentizan y la vuelven más complicada”.

Sin embargo, el reto no pasa solo por modificar leyes, sino también por reconocer los vacíos institucionales que facilitan la corrupción. El fortalecimiento de los “buenos actores” dentro de la estructura estatal es clave para recuperar la confianza pública.

“Si seguimos señalando que el problema está solo en los recursos y no en las instituciones, no reconoceremos la colusión y corrupción. Necesitamos una ley que saque a esas personas y fortalezca a los ‘buenos actores’”, manifiesta Arturo Huaytalla.

El debilitamiento normativo también ha reducido la eficacia del Ministerio Público y la Policía en su lucha contra las redes criminales que sostienen economías ilegales en distintas regiones del país. “Estas modificaciones han restringido la capacidad de ambas instituciones para actuar frente a la corrupción y el crimen organizado”, sostiene Noam López.

De allí la necesidad de un marco normativo robusto y territorializado, que promueva la cooperación entre niveles de gobierno, respete los derechos humanos y se base en evidencia científica.

“Se necesitan cambios no solo a nivel operativo, sino en todo el sistema nacional de seguridad ciudadana. Debemos trabajar basados en conocimiento científico, fortalecer autonomías y garantizar la interoperabilidad entre registros criminales”, complementa Noam López.

En su análisis, el académico añade que el país requiere un nuevo sistema descentralizado, con indicadores medibles y financiamiento por resultados. Solo así se podrán obtener políticas públicas sostenibles y adaptadas a cada territorio.

“Esto implica repensar el programa presupuestal de reducción de delitos. Hay que simplificar también la normatividad en cuanto a inversión en materia de seguridad, en materia de prevención de la criminalidad. (…) Creo que los Gobiernos regionales ahí necesitan un nuevo marco nor mativo también”, plantea.

Inestabilidad política y confianza ciudadana

La inseguridad también se alimenta de la inestabilidad política. Los constantes cambios de ministros y altos mandos interrumpen la planificación y debilitan los procesos de rendición de cuentas. Para Noam López, sin continuidad, las estrategias se diluyen.

“La inestabilidad política ha conllevado cambios de ministros y prioridades institucionales. Esto impide tener políticas sostenidas, inversiones o proyectos estables”, advierte.

Esa inestabilidad ha generado, además, una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Cuando las políticas no muestran resultados concretos, la población deja de denunciar, reduciendo la información disponible para la investigación criminal.

“Esto ha generado desconfianza en la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Como los servicios no son de calidad, la gente denuncia menos, la Policía tiene menos información y se agrava el miedo al crimen”, agrega López.

La hora para actuar es ahora. El coste económico y social es muy alto. Sin un pacto nacional de largo aliento —que incluya al Gobierno nacional, regional y local, a la Policía, al Ministerio Público y a la sociedad civil— la violencia seguirá ganando terreno. Reconocer la magnitud del reto es el primer paso hacia una respuesta efectiva.