Por Stakeholders
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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) da un giro radical al panorama normativo con la emisión del nuevo reglamento de calidad regulatoria, una medida que promete transformar tanto la administración pública como la interacción de ciudadanos y empresas con el Estado.
Impulsado por el Decreto Legislativo N° 1565 y materializado a través del Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, este instrumento normativo busca modernizar el proceso de elaboración y evaluación de las normas en el sector público. Su enfoque no se limita a simplificar procedimientos burocráticos, sino que aspira a crear un ambiente normativo más inclusivo, transparente y dinámico, en el que la participación ciudadana, el sector privado, la academia y otros actores se conviertan en protagonistas del cambio.
Entre los pilares fundamentales del reglamento destacan la adopción de un enfoque territorial que atiende las particularidades regionales, la promoción de un liderazgo comprometido y la apuesta por la adaptabilidad y la mejora continua. Estas directrices pretenden dotar al sistema de una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante las demandas sociales y económicas actuales, lo que podría traducirse en beneficios directos para empresas y ciudadanos.
Cambios y novedades para la calidad regulatoria
En este nuevo escenario, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la PCM asume un rol protagónico, ampliando sus funciones para convertirse en el motor de la transformación regulatoria. Entre sus tareas se incluyen la creación de espacios de intercambio técnico, el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados y el fomento de la investigación y la innovación. Asimismo, la SGP estará encargada de asesorar a las entidades públicas, gestionar información crucial para el seguimiento de la implementación normativa y promover el intercambio de buenas prácticas tanto a nivel nacional como internacional.
El reglamento introduce además una serie de herramientas innovadoras en el ciclo regulatorio. Instrumentos como la consulta pública, los análisis de impacto regulatorio —tanto ex ante como ex post— y el análisis de calidad regulatoria (ACR) se integran a un sistema que ahora incorpora, por primera vez, el concepto del “sandbox regulatorio”. Este entorno de prueba supervisado permitirá evaluar nuevas reglas y mecanismos en sectores estratégicos de manera temporal y controlada, abriendo la puerta a innovaciones que podrían optimizar la eficacia de las políticas públicas sin comprometer la seguridad jurídica.
Con una estructura compuesta por cuatro títulos, setenta artículos, trece disposiciones complementarias finales y tres transitorias, la normativa no solo busca la simplificación y eficiencia, sino que también se plantea como una herramienta de sostenibilidad a largo plazo. Al poner énfasis en la mejora continua y en la adaptación a los cambios, el reglamento se perfila como un marco que podría reducir la carga burocrática, incentivar la competitividad y, sobre todo, garantizar que las normas evolucionen en sintonía con las necesidades de una sociedad cada vez más exigente y diversa.
En definitiva, esta nueva regulación representa un cambio de paradigma en la forma de concebir la acción del Estado en materia de calidad regulatoria. Su implementación podría significar un gran avance en la modernización de la administración pública, generando un impacto positivo tanto en la gestión gubernamental como en la vida diaria de ciudadanos y en el dinamismo de las empresas.
