Por Osmaro Villanueva
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El reciente derrame de petróleo ocurrido el pasado 20 de diciembre en el terminal marítimo de la Refinería de Talara ha revelado una discrepancia significativa entre los reportes iniciales de Petroperú y las evaluaciones realizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Mientras la empresa estatal informó que el volumen derramado fue menor a un barril (0.9 barriles), el OEFA sostiene que el hidrocarburo afectó un área mucho mayor de lo declarado, extendiéndose a más de 275 hectáreas entre zonas intermareales y submareales, lo que ha encendido alarmas sobre la magnitud real del impacto ambiental.
«Se estima que el vertido en la refinería de Talara fue de entre uno y ocho barriles de crudo«, afirmó el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, en una reciente entrevista con RPP.
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De acuerdo con los informes preliminares del OEFA, el hidrocarburo derramado afectó 47,14 hectáreas de la zona intermareal, comprendida entre la Refinería Talara y la playa Cabo Blanco, y 228,74 hectáreas en la zona submareal, desde el terminal multiboyas de la refinería hasta áreas sumergidas cercanas a la misma playa.
Estas cifras contradicen los intentos de minimizar el desastre por parte de Petroperú, que afirmó haber activado su plan de contingencia inmediatamente tras detectar la iridiscencia de hidrocarburos a las 23:29 horas del 20 de diciembre. Sin embargo, la petrolera recién notificó el derrame al OEFA y otras autoridades la mañana del 21 de diciembre, más de diez horas después del incidente.
La respuesta del OEFA incluyó inspecciones conjuntas con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), constatando que el área afectada era considerablemente mayor a la declarada por Petroperú.
En días posteriores al derrame, se documentó la expansión de la contaminación y su impacto en la biodiversidad marina. Entre los hallazgos se incluyeron grandes cantidades de cangrejos, peces y percebes muertos, así como un delfín juvenil varado en las costas. Esta afectación también alcanzó a playas como Las Capullanas y Cabo Blanco, que sufrieron la acumulación de hidrocarburos en su arena y agua.
Medidas de emergencia y acciones pendientes
En respuesta a la emergencia, el OEFA emitió órdenes administrativas a Petroperú, incluyendo plazos estrictos: tres días para identificar y controlar la fuente del derrame, cinco días para recuperar el hidrocarburo derramado y 15 días para limpiar las áreas afectadas. No obstante, el organismo advirtió que las corrientes marinas y los vientos podrían continuar propagando el hidrocarburo hacia otras zonas, incluso cerca de la Reserva del Mar Tropical de Grau, un área de alta sensibilidad ambiental que alberga arrecifes y una rica fauna marina.
El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, declaró que el área más afectada fue la playa Las Capullanas, aunque afirmó que, según el último reporte, ya no se observa presencia de hidrocarburos en esa playa. Sin embargo, destacó que los monitoreos deben continuar y que el impacto a largo plazo en los ecosistemas y las comunidades afectadas aún está por determinarse. Además, Castro señaló que el gobierno ha declarado la emergencia ambiental en la zona afectada, y el primer informe detallado sobre las medidas de mitigación será publicado a mediados de febrero.
Impacto social y económico del derrame de Petroperú
El derrame no solo ha generado un impacto ambiental, sino también consecuencias económicas y sociales significativas para las comunidades de la región. Pescadores, comerciantes, agentes de turismo y transportistas han reportado pérdidas económicas debido a la contaminación del mar y las playas. En ese sentido, Petroperú asumió un compromiso de indemnización con los afectados como parte de las negociaciones llevadas a cabo con los pescadores de la zona.
Las demandas de los actores sociales incluyen la remediación integral de las áreas impactadas, sanciones ejemplares contra la empresa responsable y la creación de espacios de diálogo multisectorial para garantizar la atención efectiva de las necesidades de las comunidades afectadas. Por su parte, el OEFA mantiene abierta la posibilidad de imponer sanciones administrativas a Petroperú dependiendo del cumplimiento de las medidas impuestas y de los resultados de las investigaciones en curso.
Asimismo, el Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar contra Petroperú por la presunta contaminación ambiental, lo que podría derivar en acciones legales más severas si se confirman negligencias en la gestión del incidente.
Perspectivas y desafíos
El derrame de Talara se suma a una lista de incidentes ambientales que cuestionan la capacidad de las empresas petroleras para gestionar de manera segura sus operaciones en el país. Este caso pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión ambiental y las capacidades de respuesta ante emergencias, así como la necesidad de una mayor transparencia por parte de las empresas involucradas.
El informe final del OEFA será clave para esclarecer la magnitud del desastre y definir las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, las comunidades locales, cuya subsistencia depende en gran medida de la salud del ecosistema marino, continúan exigiendo soluciones concretas y garantías de que este tipo de desastres no volverán a ocurrir.
