“La pobreza no se reduce solo con programas sociales ni con bonos”

-Empecemos por la crisis alimentaria. Según especialistas, la guerra entre Ucrania y Rusia va impactar con mayor fuerza en la agricultura familiar. Ese panorama se suma a otro tan golpeado por la pandemia. ¿Qué alternativas pueden desplegarse para mitigar el desastre?

La crisis alimentaria en Perú es resultado de un conjunto de factores, no solamente de la guerra ni de la pandemia. Es una tormenta perfecta [que] se venía gestando desde antes de la pandemia. En América Latina y El Caribe, el hambre había subido desde 2017 de manera pausada, pero se aceleró con la pandemia, la inflación y los mayores costos de combustibles. 

Y se agravó con la guerra tanto porque el mercado mundial de alimentos —en especial de aceites y vegetales, granos básicos y fertilizantes— se ve duramente afectado con las restricciones a las exportaciones de Rusia y Ucrania en el mercado internacional. 

En el Perú eso se traduce en mucha inflación, en particular alimentaria, y de [alza de] combustible, en un contexto donde los ingresos de las familias más vulnerables están estancadas o en menor nivel que pre pandemia. Entonces, tienes menos dinero para comprar alimentos, que son más caros. 

Dentro de América Latina, Perú es uno de los países donde el gasto destinado por las familias para el consumo de alimentos representa una proporción muy importante. Tienes poco margen para sacrificar otras cosas para mantener tu consumo alimentario. Eso hace que las familias tengan que reducir raciones o cambiar la composición de su alimentación. 

Las medidas para enfrentar esta situación de crisis alimentaria van por tres rutas. La primera, ayudar a que las familias cuenten con más ingresos (extraordinarios, bonos, ayuda extra). La segunda es brindar acceso a alimentos de manera subsidiada o directa (programas de apoyo a las ollas comunes, comedores populares, canastas que entrega Qali Warma). 

Y tercero: asegurar que la producción de alimentos se mantenga, y no disminuya, por la ausencia de fertilizantes. Ahí hay un rol para la política agropecuaria; recordemos que el 56 % de alimentos que consumimos produce la agricultura familiar.

-Naciones Unidas ha señalado que el Perú, a diferencia de otros 94 países expuestos a crisis por escasez de fertilizantes, energía o financiamiento, tiene capacidades y condiciones de mayor fortaleza y resiliencia para hacerle frente a esta crisis global. ¿Usted está de acuerdo?

Perú tiene la ventaja de ser un país muy diverso en climas y zonas agroproductivas. Además, tiene una proporción muy alta de alimentos producidos por agricultores peruanos. Sin embargo, ellos vienen muy golpeados por la pandemia en sus capacidades de acumulación e ingresos, a lo que se suma esta crisis de fertilizantes que ha elevado los precios y limitado su disponibilidad. Más o menos la mitad de agricultores peruanos usa estos fertilizantes que ahora están escaseando o con alto precio. 

Estos productores son fundamentales para el mercado alimentario (productores de papa, arroz, maíz amarillo, verduras y hortalizas). Todas estas condiciones los pueden hacer sembrar menos o tener menos rendimiento y menos producción, sobre todo de alimentos frescos y perecibles. 

Cuando hay menos [productos] en el mercado, los precios suben. En el caso de los arroceros, si no logran producir a precios competitivos, vamos a importar más arroz [y] eso afectará la economía de nuestros productores. Al siguiente año no van a poder producir lo suficiente para sostener la alimentación de los peruanos.

«Necesitamos unas políticas más complejas, pero un paquete de políticas [que atajen ambos sectores], no un programa salvador».

– ¿El Gobierno de Castillo ha logrado el fortalecimiento de las ollas comunes para la atención alimentaria de las personas en situación de vulnerabilidad?, ¿Qali Warma va por buen camino?

Las ollas comunes son una respuesta comunitaria ante la crisis económica y alimentaria que enfrentan las zonas más pobres en el entorno urbano. No solo busca abaratar los costos de los alimentos, sino compartir un esfuerzo de solidaridad en la comunidad que se desenvuelve en estas familias. Estas ollas son autogestionadas. 

Lo que está sucediendo es que con los precios altos ya no alcanza la ración y las familias ya no pueden pagar más por más ración. Están en una trampa. [De modo que] ahí la política pública entra con la entrega de alimentos. Está bien que el sector público y el privado donen alimentos, pero hay que hacer más: fortalecerlas, ayudarlas a que preparen alimentos en mejores condiciones. 

Muchas de ellas están en condiciones muy precarias, cocinan con combustibles inadecuados, no tienen un espacio donde cocinar, no pueden asegurar la inocuidad de los alimentos. Puede haber problemas. Creo que el apoyo a las ollas requiere un esfuerzo de fortalecimiento institucional, desarrollo de capacidades, entrenamiento de gestión para que permita seguir operando y contribuyendo a la alimentación de las familias.

-En julio, Castillo informó que su gestión está trabajando en un nuevo censo que «garantizará lograr una cobertura del 100 % en los programas sociales para llegar a todas las personas de pobreza y extrema pobreza». ¿Esa es la dirección correcta para atender a las poblaciones vulnerables?

Es muy importante que tengamos la mejor información posible sobre la situación en la que está cada uno de los ciudadanos. Esto es difícil de lograr y, efectivamente, si se hace un nuevo levantamiento censal puede contribuir a que actualicemos información. Recordemos que la base inicial viene de un levantamiento de información del 2012 o 2013, que debió actualizarse en 2016. 

Hay información que se ha agregado durante la pandemia, pero no es completa. Sería muy valioso alimentar esta base de datos. Creo que cada oportunidad en la que se entregaron los bonos hubiera sido buena para recabar información de los ciudadanos y ciudadanas.

«Lo que está sucediendo es que con los precios altos ya no alcanza la ración y las familias ya no pueden pagar más por más ración. Están en una trampa».   

– ¿Cuánto puede aportar una comisión de alto nivel creada para proponer medidas que garanticen la continuidad de la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos?

Siempre es bueno tener estas comisiones que generan ideas, consensuan un diagnóstico y generan un conjunto de propuestas; sin embargo, esas comisiones no ejecutan ninguna política. Creo que el principal problema actual del sector Agricultura es un problema de ejecución, no solamente de diseño. 

No tienen brazos suficientes por las restricciones que enfrenta el ministerio, el debilitamiento de las capacidades en el sector público, y también porque las competencias en el sector Agropecuario están divididas entre el Midagri [Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego] y sus organismos, los gobiernos regionales y los locales. 

Tenemos que repensar como país quién debe hacer qué en el marco de políticas de promoción productiva. Esta comisión tiene un énfasis fuerte en produce, porque hay mucha pequeña y mediana empresa asociada al tema, pero el problema es más complejo que la falta de una identificación de una política para promover la producción. Tenemos un problema de productividad muy serio en la agricultura familiar.

– ¿Cree que hay una disociación entre el discurso del Gobierno sobre la pobreza en el país y la realidad? 

El tema de la pobreza se ha vuelto a poner en discusión. Antes de la pandemia, ya teníamos una discusión de cómo disminuirla. Estábamos estacionados en un nivel de casi el 20%. La pandemia sube [este porcentaje] y ahora estamos casi en 26%, y todo hace pensar que nos vamos a quedar ahí. Lo que exige es que se haga una estrategia no solo para reducir a 20%, sino a un indicador de reducción continua. 

No se trata de reducir la pobreza un año, sino de insertar al país en una senda de disminución de pobreza. Pero eso requiere políticas públicas, y desgraciadamente no estamos viendo nada de eso. La pobreza no se reduce solo con programas sociales ni con bonos. Desgraciadamente la discusión es muy ligera para un problema tan serio. 

«Hacer más de lo mismo, por más que esté bien hecho, ya parece que no es suficiente. Deberíamos pensar cuál es la nueva generación de programas sociales».

-Este incremento de más de 2 millones de personas pobres de las que hizo mención, ¿qué nos dice de las políticas del Estado? 

Antes de la pandemia, con niveles bajos de crecimiento y sin nuevas políticas orientadas a reducir la pobreza, esta se quedó en un 20%. Hoy día que la pobreza está en 26%, y sin crecimiento económico suficiente como el de este año y el próximo, sin nuevas políticas que se orienten a las personas y zonas donde están las personas en situación de pobreza, difícilmente veremos una reducción. 

La pobreza de hoy es distinta a la de pre pandemia.  Por un lado, se mantiene un nivel muy alto de pobreza rural —cuatro de cada diez pobladores rurales están en pobreza—, pero ahora también hay un problema de pobreza urbana, donde destaca el caso de las grandes ciudades, en particular el de Lima Metropolitana, que tiene diez puntos de pobreza más de los que tenía antes de la pandemia. 

Necesitamos unas políticas más complejas, pero un paquete de políticas [que atajen ambos sectores], no un programa salvador. Ese programa salvador no existe, no lo vamos a encontrar. Por ahí no va.

-Quizá porque el término es tan manoseado no se logra entender la magnitud de la gravedad, pero en 18 de las 25 regiones de Perú, más de la mitad de los hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué implica eso?

Implica que las familias enfrentan una situación en la que se ven forzadas a decidir qué sacrificar porque no les alcanza para asegurar la calidad de alimentos a consumir en los próximos meses. Este panorama se debe a que los ingresos [con los que cuentan] son muy volátiles, informales o inseguros; o porque los montos no les permiten cubrir sus necesidades alimentarias, más caras por la inflación alimentaria; o porque simplemente su canasta de consumo —alimentos, transporte, energía— se han incrementado, y hay gastos que no se pueden evitar. 

El monto que les queda para el consumo de alimentos se reduce. Hay familias que ya hacen sacrificios por el número de raciones de alimentos que consumen al día, y sobre todo sacrifican su ración de proteína animal, verduras. Estamos en un país con problemas de anemia y desnutrición crónica infantil, acompañados de sobrepeso y obesidad porque la ingesta alimentaria no es la mejor nutricionalmente hablando. Además, mucha de la comida ultra procesada está disponible y es de menor costo. 

En Perú no faltan alimentos, pero los alimentos más sanos y nutritivos son caros, mientras que los menos nutritivos, con excesos de grasas saturadas y azúcares tienden a ser más baratos. 

-En Perú, el país de Suramérica con la inseguridad alimentaria más alta según la FAO, ¿se puede hablar de próximas generaciones con efectos irreversibles en el desarrollo físico y cognitivo?

Que haya una alta inseguridad alimentaria sin duda debe llamarnos la atención y es una preocupación. Tengo la sospecha de que gran parte de este problema está asociado a la inseguridad laboral que enfrentan muchas familias. Sin un mercado laboral en crecimiento, con algunas mejoras en la calidad y reducciones en la precarización del trabajo, la inseguridad alimentaria se va a mantener. 

«Estamos en un país con problemas de anemia y desnutrición crónica infantil, acompañados de sobrepeso y obesidad».   

– ¿Cómo el Estado debe reconfigurar su respuesta para evitar que los altos precios de los alimentos y la escasez de fertilizantes generen mayores perjuicios sobre la población más pobre?

Muchos de los problemas —costo de fertilizantes, inflación alta— son problemas importados, [es decir], suceden porque así está pasando en el mundo. Ante esos problemas, el rol del Estado va ligado a mitigarlos y tratar de que su impacto sea el menor posible en la población. Eso no resuelve ningún problema, simplemente nos permite pasar menos mal la crisis. 

Además de la mitigación, el sector público peruano tiene que armar una política que permita a las familias enfrentar el desafío de fondo que, como decía al inicio, pasa por tres rutas: generación de ingresos con desarrollo y mejora de mercados laborales, esfuerzo de generación de piso base alimentario y una política de producción de alimentos orientada en la agricultura familiar. 

Esas líneas son imprescindibles y se deben trabajar juntas. Todo esto debería estar enmarcado en una estrategia orientada a retomar una senda de reducción de pobreza, que exige inversión en infraestructura localizada ahí donde están las personas en situación de mayor vulnerabilidad; y que exige, también, identificar cuáles son las mejores formas de llegar a las personas en esta pobreza más reciente, más pandémica. 

-Pasemos a un tema que se desprende de esta problemática. La desnutrición crónica afectó en 2021 al 11,5 % de la población menor de 5 años y la anemia prevaleció en el 38,8 % de los niños entre 6 y 35 meses de edad. ¿Qué sigue fallando en las estrategias gubernamentales para enfrentar estas condiciones?

La desnutrición crónica en Perú ha ido bajando sostenidamente y es un caso de éxito a nivel global, pero no quiere decir que se haya solucionado el problema. Es más, cuando uno mira la brecha de desnutrición crónica infantil entre el ámbito urbano y el rural todavía hay una brecha muy importante para seguir trabajando. La desnutrición crónica ya tiene una respuesta, ya sabemos cómo se ataca. 

«Sabemos que la inclusión financiera contribuye a la autonomía económica de las mujeres y al mejoramiento de gestión de los recursos. Todo ello se traduce en bienestar para la familia». 

El Banco Mundial ha hecho un buen texto que muestra cómo han cambiado las políticas para atajarla y cómo su institucionalización ha permitido sostenerla. Ahí el tema es la brecha. Distinto es el caso de la anemia, donde tenemos niveles altos y donde el paquete de servicios que permite reducciones sostenidas, si bien tiene una línea clara, requiere complementos. 

Y esto no lo tenemos del todo resuelto ni difundido a nivel nacional, ni con las capacidades para implementarlo. Junto con ello, son necesarias políticas que permitan la reducción del sobrepeso y la obesidad, otros problemas de malnutrición que están creciendo más y que se pueden traducir en problemas de salud que podemos evitar. 

-Los actores sociales juegan un rol importante en la lucha contra la anemia, ¿cómo se puede empoderarlos más?

Claramente la anemia requiere un tratamiento muy localizado y por eso las estrategias más eficientes, hasta ahora, son esta combinación de complementos nutricionales de hierro, etc., con visitas domiciliarias y una gestión local del problema (seguimiento, involucramiento de la comunidad y de las autoridades, puesta en valor de soluciones locales). Ahí hay un conjunto de oportunidades, pero debe ser coordinado y generarse desde el ente regulador, el Ministerio de Salud. 

En el tema de anemia, ese liderazgo está un poco deslucido, desdibujado; hay que retomarlo. Ojalá que en las elecciones [la lucha contra la anemia] sea una de las banderas que los nuevos alcaldes y gobernadores regionales tomen en su gestión que comenzará en enero.  

– ¿Cómo ve la marcha de los programas sociales en el país?

Se han mantenido haciendo su trabajo. Los programas sociales demostraron dar la talla durante la pandemia. El rol que ha jugado Pensión 65, Juntos y Qali Warma en sostener a las familias en estos momentos difíciles, tanto en la pandemia como después, ha sido fundamental. Sin embargo, los programas sociales requieren ser reevaluados, pues el entorno donde se desarrollan ha cambiado. 

Hacer más de lo mismo, por más que esté bien hecho, ya parece que no es suficiente. Deberíamos pensar cuál es la nueva generación de programas sociales que debemos proponernos como país para asegurar un apoyo efectivo, relevante, a las familias más pobres. 

Lo otro es que todavía tenemos subcobertura, es decir, que necesitando la ayuda y calificando para el programa, algunas personas todavía no lo reciben. Esto sucede en Contigo, Cuna Más, Juntos, en mucho menor medida en Pensión 65.

-Una precisión. Usted ha dicho que el Midis aún no marca el liderazgo en la estrategia contra la crisis alimentaria, algo que debería hacer de la mano con el Ministerio de Economía. ¿Sigue con esta visión?, ¿cómo se puede revertir o empezar ese trabajo conjunto?

El Midis [Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social] está haciendo la entrega de bonos, participando en estas comisiones, pero no tiene la voz cantante. Creo que debería ser el sector llamado a plantear una estrategia para enfrentar la inseguridad alimentaria y que permita coordinar la intervención del resto de sectores (Salud, Produce, Agricultura, municipios), y hacerlo en alianza con el Ministerio de Economía (MEF), que debe asegurar los recursos suficientes para la implementación de esa estrategia. 

La acción conjunta Midis-MEF significa ‘ganar-ganar’ para todos los peruanos, y desgraciadamente lo que vemos es que cuando MEF aprueba recursos, el Midis va y los entrega. No me parece que ese sea su rol. [Al contrario], debería ser el que marca la estrategia, el que convoca y el que exige que los otros sectores y niveles de gobierno hagan su parte. Para salir de la crisis alimentaria actual, debemos trabajar todos juntos.   

– ¿Algún país de la región puede servir como inspiración para enfrentar situaciones de crisis como esta?

Hay varios países de la región que pueden nutrir una estrategia para el Perú: los apoyos continuados, más sostenidos, en Colombia; el bono ajustable que Chile entrega para compensar el alza de precios; [y] los programas de compras locales en Brasil. Lo que tenemos en la región es mucha buena experiencia que deberíamos capitalizar en el país en beneficio de quien más lo necesite. 

-Usted también ha hablado sobre lo importante que es la inclusión financiera de las mujeres rurales peruanas, ¿cómo puede contribuir a la seguridad alimentaria de ellas y de su familia?

La inclusión financiera es un servicio esencial que permite, en particular a las personas de bajos recursos, manejar bien su dinero. Lo vimos durante la pandemia: las señoras de Juntos —que, por suerte, ya sabían usar sus cuentas y hacer retiros en un cajero— recibieron la ayuda del Estado de manera más rápida. Esa inclusión financiera les dio seguridad y capacidad de acción. 

Una mujer que puede manejar su dinero, por más limitados que sean sus recursos dinerarios, puede asegurarle a su familia un mejor uso de los recursos que tienen para la alimentación, una mejor planificación en el tiempo y, sobre todo, la capacidad para enfrentar cualquier emergencia. Sabemos que la inclusión financiera contribuye a la autonomía económica de las mujeres y al mejoramiento de gestión de los recursos. Todo ello se traduce en bienestar para la familia. 

«Lograr inclusión financiera nos permitirá estar conectados todos con todos: el Estados, ciudadanos, empresas. Pero aún hay fricciones». 

– ¿Qué dificultades todavía persisten en la agenda de la inclusión financiera para las mujeres rurales?

Pese a los avances, tenemos una agenda grande [de pendientes] sobre todo porque la presencia del sistema financiero todavía tiene vacíos. Hay zonas en el Perú donde es difícil encontrar una agencia, un cajero corresponsal, un agente, un cajero automático, y eso limita las posibilidades de interacción de la población con el sistema financiero. 

Hay un enorme despliegue de finanzas digitales, pero estas necesitan un soporte real y aún eso no está garantizado. Lograr inclusión financiera nos permitirá estar conectados todos con todos: el Estados, ciudadanos, empresas. Pero aún hay fricciones como la interoperabilidad para tomar ventaja de esta red, que debe estar conectada a más comercios para que todo fluya. 

El desarrollo de capacidades financieras y digitales también debe ser incluido en la agenda porque las finanzas van a ser más digitales y exigirán más conocimiento de las personas. Los proveedores de servicios financieros deben seguir desarrollando productos más personalizados y adecuados a los perfiles de sus nuevos clientes (tipos de crédito, tipos de ahorro). 

-De cara al 2030, ¿cómo evalúa los esfuerzos que ha hecho nuestro país por cerrar brechas en materia social?

Tenemos muchos avances. Hay pesimismo, pero la situación de hoy es sustancialmente mejor que hace diez o veinte años, aunque peor respecto a antes de la pandemia. Hemos avanzado mucho en indicadores sociales, lo que no quiere decir que hemos avanzado lo suficiente. Hemos mejorado, pero no logrado todavía un nivel aceptable, hay mucho por recorrer y eso exige innovación, articulación y muchos recursos. 

– ¿Considera que las iniciativas sociales de Castillo han defraudado al país?

No ha habido una iniciativa social nueva. Estamos haciendo lo mismo de antes, eso es parte del problema. 

-Dentro de poco elegiremos nuevos alcaldes y nuevos gobernadores. ¿Cuáles son los retos que tienen estas nuevas autoridades regionales en este contexto de crisis económica?

Su principal desafío es reconocer e identificar las demandas prioritarias de su población. Lo que vimos durante la pandemia es que las autoridades no conocen a sus electores. Creo que para ser efectivos en las políticas y atención de prioridades las autoridades locales deben esforzarse por conocerlos, no solo por quienes votaron por ellos sino a todos. Hace falta que escuchen a su población para gestionar mejor sus circunscripciones. 

-Del lado de los electores hay una total desconexión y desencanto por la política. Es razonable por la reciente y presente historia de corrupción en todos los niveles. ¿Cuál es su mensaje o reflexión hacia los electores?  

Más de la mitad de la población peruana considera que los políticos son corruptos. No es gratuito. Lo que nos toca a los electores y ciudadanos es exigirles, no solo que sean probos y honestos, sino que hagan lo que les corresponde. En lugar de distanciarse ante esta desconfianza, la ciudadanía debe presionar y acercarse más, vigilar más, exigir más y tener más voz para que las autoridades representen verdaderamente sus intereses.