
La historia de la infraestructura vial en Lima está estrechamente ligada a su desarrollo urbano moderno. Un hito decisivo fue la construcción de la Vía Expresa del Paseo de la República en la década de 1960, durante la gestión del alcalde Luis Bedoya Reyes. Esta obra, conocida popularmente como “el zanjón”, transformó la movilidad entre el centro de Lima y Miraflores al introducir una vía expresa por debajo del nivel de la superficie, convirtiéndose en símbolo de modernidad y eficiencia para la ciudad.
Inspirada en ese legado, la Vía Expresa Sur fue concebida como una extensión natural hacia los distritos del sur, con el objetivo de mejorar la conectividad entre Barranco, Chorrillos, Surco, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador; aliviar la congestión vehicular de la Panamericana Sur; y permitir un acceso más rápido y seguro hacia el centro de la capital. Su diseño inicial, desarrollado por la empresa Graña y Montero (hoy AENZA), contemplaba una vía subterránea de aproximadamente cinco kilómetros que se integraría al sistema de transporte público existente, incluyendo el Metropolitano y la ya consolidada Vía Expresa del Paseo de la República.
Tuve la oportunidad de trabajar directamente en este proyecto, liderando el componente social y comunicacional del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La iniciativa contaba con todos los instrumentos técnicos y legales requeridos: un EIA aprobado y un PATCA (Plan de Adecuación, Compensación y Reasentamiento Involuntario) formalmente validado. Esta experiencia me permitió observar de cerca un proceso gestionado de manera ordenada, documentada y humana. Las personas afectadas por el trazo recibieron información clara, acompañamiento técnico y la garantía de una compensación justa. Además, se diseñaron planes de comunicación con enfoque territorial, orientados a mantener informados a los vecinos sobre los beneficios de la obra, el cronograma previsto y los cambios en su entorno. Todo el proceso se desarrolló con respeto, transparencia y una presencia activa en el territorio. Un elemento clave fue la construcción de relaciones institucionales sólidas: las municipalidades distritales involucradas y la propia Municipalidad Metropolitana de Lima participaron activamente en la estrategia de comunicación y gestión del proyecto.
«Las personas afectadas por el trazo recibieron información clara, acompañamiento técnico y la garantía de una compensación justa».
Los beneficios proyectados de esta vía eran significativos: reducción de tiempos de viaje en hasta un 40 %, mejora de la seguridad vial con accesos controlados y pasos peatonales, menor emisión de gases contaminantes, modernización del entorno urbano y revalorización del suelo en zonas aledañas. También se estimaba una importante generación de empleo temporal durante la construcción, así como mejoras en la movilidad y calidad de vida de miles de ciudadanos de Lima Sur.
Sin embargo, en 2022, tras el impacto del caso Odebrecht y el consecuente desgaste reputacional de la empresa, la Municipalidad de Lima decidió cancelar el contrato. El proyecto fue posteriormente retomado por la actual gestión municipal, aunque con un enfoque marcadamente distinto. Se eliminó el diseño subterráneo y se optó por una vía a nivel, con la promesa de incluir la extensión del Metropolitano y reducir los costos de ejecución. Hasta la fecha, no se ha presentado públicamente un nuevo expediente técnico, ni se ha aprobado un nuevo estudio ambiental, ni se conoce un plan social que respalde esta intervención.
Como consecuencia de esta falta de planificación, se han producido conflictos sociales importantes. En Surco, más de cien familias de la asociación Pedro Acuña Napán han sido desalojadas sin notificación formal, a pesar de contar con títulos de propiedad desde hace casi un siglo. Sus viviendas fueron demolidas sin un expediente técnico que sustente la acción. En San Juan de Miraflores, familias del asentamiento humano Felipe de las Casas denuncian amenazas de desalojo, incluso cuando sus terrenos no estarían dentro del trazo oficial de la obra. Estas poblaciones han sido afectadas por un proceso abrupto, sin comunicación previa ni acompañamiento institucional. A ello se suma una problemática histórica de ocupaciones informales y ventas irregulares de terrenos en esta parte de la ciudad, lo que requería una intervención del Estado planificada, técnica y sensible al contexto social.
La falta de un plan de comunicación y de una estrategia de coordinación con los gobiernos locales ha generado desconcierto, desinformación y resistencia entre los vecinos. No hay información clara sobre los beneficios reales del nuevo diseño, ni sobre las medidas de seguridad vial, como la inclusión de puentes peatonales o accesos controlados. La propia Municipalidad de Surco, ha manifestado públicamente su rechazo al procedimiento de expropiación, señalando que no fueron informados y que incluso se han destruido áreas verdes sin justificación técnica.
Este contraste revela dos maneras de entender la infraestructura. Una visión sostenible y participativa, que reconoce a los ciudadanos como actores clave del desarrollo, y otra improvisada, que pone en riesgo la cohesión social y la sostenibilidad del territorio. La conectividad es una meta legítima, pero no debe alcanzarse vulnerando derechos ni erosionando la confianza pública.
En contextos urbanos complejos como Lima, comunicar bien es también construir bien. La obra pública necesita planificación, sostenibilidad y legitimidad social para ser verdaderamente transformadora. La Vía Expresa Sur sigue siendo una oportunidad para mejorar la ciudad, pero solo si se construye con justicia, diálogo y visión de largo plazo.