Por Alfredo Estrada Merino - Director de ATC-Impactahub
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Las finanzas sostenibles han tomado un rol importante en la lucha por mitigar las consecuencias del cambio climático. Estas problemáticas son difíciles de solucionar en el corto plazo, requiriendo, en términos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la movilización del 1 % de los activos financieros a nivel mundial para su atención; este escenario se torna más gris, cuando en los últimos años, la diferencia entre los flujos financieros destinados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las necesidades de financiamiento para su cumplimiento asciende a 4,2 billones de dólares anuales, en el caso de los países en desarrollo.
Así, las empresas enfrentan un proceso de conversión que incluye la toma de decisiones financieras basadas en la sostenibilidad climática, dado lo determinante que es el tema para la gestión de sus riesgos, la rentabilidad y generación de capital para sus negocios y el fortalecimiento de su presencia en el marco financiero global vigente. Sobre este tema se está experimentando una tendencia creciente de participación; por ejemplo, con los Principios de Inversión Responsable – PIR, iniciativa del pacto mundial de la ONU que ha pasado de 100 entidades adscritas en el 2006 a más de 5000 en 2022, gestionando alrededor de 121 billones de dólares de activos.
«Las empresas enfrentan un proceso de conversión que incluye la toma de decisiones financieras basadas en la sostenibilidad climática».
Sin embargo, también se generan paradigmas que limitan su escalabilidad, por ejemplo, en la alfabetización y pragmatismo del tema. Sobre esto, un estudio realizado por Cunha et al. (2021) sostiene que en la actualidad la literatura con respecto a las finanzas sostenibles se encuentra fragmentada, limitando su análisis tanto teórico como práctico. Esto debido a la heterogeneidad de enfoques, generando visiones generales y, en consecuencia, una incipiente aplicabilidad en sectores emergentes.
Si miramos el contexto regional, el Índice de Finanzas Sostenibles 2023, realizado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFCL), establece que un total de veinte países de la región recibieron ingresos ascendentes a 11 049 millones de dólares para sus agendas de respuesta al cambio climático, frente a los ingresos por actividades intensivas de carbono que, para los mismos países, fueron de 160 162 millones de dólares, dejando sentado que la actividad financiera sostenible está en fase inicial; sin embargo, actualmente, existe un proceso, cuesta arriba, de fortalecimiento en el desarrollo de inversión verde, casos como la gestión de bonos y el diseño e implementación de taxonomías que aceleren esta agenda pueden contribuir al monto estimado que el Banco Mundial proyecta al 2030 en beneficio para la acción climática, el que ascendería a 7,1 billones de dólares, en caso se aceleren en la actualidad las finanzas climáticas a cantidades ascendentes a los 2 billones de dólares.
El Perú se encuentra dando pasos iniciales en este despegue; según datos del Creditor Reporting System y la Base de Datos Finance Sustainable Development de la OCDE, del total del flujo de financiamiento para el desarrollo recibido por nuestro país el año pasado, el 13,23 % corresponde a financiamiento climático. Así mismo, se encuentra en cuarto lugar, después de Ecuador, México y Trinidad y Tobago en el Ranking de Ingresos Intensivos de Carbono 2023, desarrollado por el GFCL; datos relevantes para delimitar dónde se encuentra la agenda local de finanzas climáticas y cuál es el camino por recorrer al respecto, el mismo que, basándose en el trabajo multisectorial, debe desarrollar estrategias para potenciar métodos de recolección de datos, transversalizar la cultura de reporte con base en la doble materialidad, insertar el uso de taxonomías para la aplicación de instrumentos financieros climáticos e incrementar el liderazgo financiero de impacto. No hay duda de que este tipo de finanzas son un mecanismo determinante para la renovación de modelos económicos, sociales y ambientales que tengan como retorno prioritario la protección de nuestro planeta.
