Por Stakeholders
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Por: Fernando Romero Neira
Consultor en temas de desarrollo y gestión pública
Según el Informe Global de Competitividad 2017 – 2018, nuestro país alcanzó el puesto 72 en el ranking de competitividad, descendiendo once posiciones respecto al correspondiente para el 2013 – 2014, entre algunos indicadores: la eficiencia en el gasto de gobierno con el puesto 104, la calidad de la infraestructura en general en el puesto 111 y la mortalidad infantil en el 74; estos débiles indicadores necesariamente impactan de manera perversa imposibilitando la reducción de la brecha existente en agua y saneamiento rural y limitando el crecimiento potencial del PBI.
El artículo publicado por UNICEF, titulado “El objetivo: reducir la mortalidad infantil”, identifica seis causas de muerte infantil a nivel mundial, siendo la “diarrea” la primera de ellas y calificando la falta de saneamiento como una de sus principales determinantes. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (Hutton, 2012) hizo un análisis Beneficio – Costo de invertir un dólar en sistemas de agua y saneamiento, para el caso peruano el beneficio estimado fue de US$ 1.90 y US$ 5.84, respectivamente.
Centrando el análisis en el ámbito rural, entre los años 2009 y 2016 el sector ha invertido en sistemas de agua y saneamiento rural aproximadamente S/. 9.53 mil millones de soles¹ desde sus tres niveles de gobierno y por toda fuente de financiamiento, logrando para el 2016 una cobertura² en sistemas de agua y saneamiento del 71.2% y 24.6%, respectivamente, sin embargo la estadística a nivel de hogares³ que consumen agua clorada según la norma (Concepto que más se aproxima a la cobertura de acceso al agua potable en el ámbito rural) es del 2.2%, apenas el 5.8% de los que acceden a estos sistemas se lava las manos de manera adecuada y la cuarta parte de los que tienen baño, lo mantienen limpio; estos datos resumen la verdadera y efectiva cobertura de los servicios de agua y saneamiento rural en nuestro país.
La sostenibilidad de estos sistemas está en cuestión y entre sus determinantes está la débil eficiencia en gasto de gobierno (Institucionalidad); la disponibilidad de presupuestos es una condición necesaria para el cierre de brechas en agua y saneamiento rural y como vimos no se limita al gasto en infraestructura. Definitivamente se trata de un tema complejo y exige soluciones en esa dimensión, algunas recomendaciones para la Agenda de gobierno del Ente Rector:
1. El sector saneamiento rural necesita un Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento Rural, es decir un OTASS Rural con funciones que le permitan fortalecer, promover, planificar y ejecutar las acciones necesarias para cerrar las brechas reales y que no son básicamente las de infraestructura.
2. Estructurar un programa de capacitación con diplomados en agua y saneamiento rural en alianza con la academia, en cada uno de los departamentos del país.
3. Mejorar indicadores, metas y procedimientos para la calidad del gasto público en estrecha coordinación del Ente Rector con el MIDIS (FED), el MEF, los gobiernos regionales y locales; para casos como la cloración, la reducción de la alta rotación o cambio de profesionales en posiciones clave dentro de las Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento de los gobiernos regionales así como en las Áreas Técnicas Municipales de los gobiernos locales, entre otros.
4. Una Directiva que reglamente y promueva la integración de las Juntas Administradoras de los servicios de agua y saneamiento rural, en cumplimiento al Artículo 114° del DL 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Sobre este tema sería importante definir indicadores y metas desde el Programa de Incentivos a la Gestión Municipal.
