Por Juan Antonio Arbulú - Jefe de Responsabilidad Social Empresarial de Salaverry Terminal Internacional S.A.
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En el Perú, las empresas públicas cumplen funciones estratégicas que trascienden lo puramente comercial: garantizan el acceso a bienes y servicios esenciales, gestionan recursos de interés nacional y operan en sectores de alta sensibilidad social y ambiental. Esta posición privilegiada las convierte en actores clave para impulsar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como parte de su gestión. Sin embargo, existe una brecha significativa entre el discurso institucional y el impacto real de sus acciones.
El artículo 78 de la Ley N.° 28611 – Ley General del Ambiente establece que el Estado promueve la adopción voluntaria de políticas y prácticas de RSE. Esto significa que, incluso para empresas estatales, no existe un mandato legal que obligue a diseñar, implementar y evaluar de manera sistemática programas de responsabilidad social.
A diferencia de otros países que han establecido requisitos de reporte y estándares obligatorios para empresas públicas, en el Perú la RSE sigue siendo un compromiso más vinculado a la reputación que a un mandato vinculante. Esto genera un terreno fértil para discursos bien elaborados pero con resultados tangibles limitados.
En los reportes anuales, memorias institucionales y comunicados oficiales, muchas empresas del Estado destacan sus proyectos de apoyo comunitario, actividades ambientales o programas de capacitación. Se utilizan términos como “sostenibilidad”, “valor compartido” y “desarrollo local” para describir estas acciones.
Sin embargo, estos esfuerzos suelen tener tres características recurrentes:
- Carácter aislado o reactivo: acciones puntuales ante crisis o conflictos, sin un plan estratégico de largo plazo.
- Foco en visibilidad más que en impacto: priorización de actividades que generan buena imagen pero cuya contribución real al desarrollo es limitada.
- Falta de evaluación y seguimiento: ausencia de indicadores claros para medir los resultados e impactos a mediano y largo plazo.
«La responsabilidad social empresarial en las empresas del Estado no puede reducirse a un componente de marketing institucional».
El impacto real
En la práctica, el impacto real de la RSE en empresas públicas peruanas es variable y, en muchos casos, insuficiente. Factores como la rotación de directivos, la influencia política en la gestión, las restricciones presupuestarias y la débil cultura de planificación estratégica limitan la continuidad y la eficacia de las iniciativas.
Ejemplos como los programas comunitarios de Petroperú en zonas afectadas por derrames o las capacitaciones ofrecidas por empresas eléctricas en zonas rurales muestran buenas intenciones, pero también evidencian problemas estructurales: plazos cortos, falta de consulta previa efectiva y escasa articulación con políticas públicas locales.
Responsabilidad social “real”: una propuesta
Para que la RSE en empresas públicas pase del discurso al impacto real, se requiere un cambio en tres frentes:
- Marco normativo vinculante: establecer la obligatoriedad de contar con políticas de RSE alineadas a estándares internacionales (ISO 26000, GRI) y con indicadores de medición de impacto social y ambiental.
- Integración con la estrategia empresarial: que la RSE no sea un área aislada, sino parte del core business de la empresa, vinculada a su planificación operativa y a sus objetivos de servicio público.
- Rendición de cuentas transparente: publicación de reportes de sostenibilidad auditados, con información verificable sobre inversiones, resultados e impactos.
La responsabilidad social empresarial en las empresas del Estado no puede reducirse a un componente de marketing institucional. Su legitimidad y sostenibilidad dependen de que las acciones sociales y ambientales tengan un impacto real, medible y coherente con la misión pública que las define.
Cerrar la brecha entre discurso e impacto requiere voluntad política, capacidad técnica y, sobre todo, una cultura organizacional que entienda la RSE como una inversión en legitimidad y valor público, no como un gasto accesorio.
