Por Romina Caminada - Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM
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La COP30 en Belém confirmó que la era de las declaraciones climáticas ya no basta, y esto es especialmente cierto para el Perú. Llegamos con una arquitectura capaz de ejecutar, monitorear y financiar la acción climática. No es retórica; es necesidad. En un territorio donde casi 60 % está cubierto por bosques tropicales, más del 70 % de la población vive expuesta a peligros climáticos y hemos perdido más de la mitad de nuestros glaciares tropicales en seis décadas, construir sistemas que conviertan compromisos en resultados es una política de supervivencia.
Las cifras lo confirman. El 67 % de los desastres del país están vinculados al clima y, de no actuar, podríamos enfrentar una caída del PBI de 6 % al 2030 y 20 % al 2050, con pérdidas de ingreso por habitante de hasta 22 % al 2100. Pero también sabemos que la acción climática es una oportunidad: la descarbonización podría generar un beneficio neto de USD 140 000 millones, muy por encima de la inversión requerida.
En ese marco, el Perú presentó en Belém una NDC 3.0 más ambiciosa, con una meta absoluta de 179 MtCO₂eq al 2035, siete objetivos sectoriales y dos ejes transversales vinculados a economía circular e hidrofluorocarbonos. Incorporamos áreas emergentes como migraciones climáticas, empleos verdes y una hoja de ruta nacional en pérdidas y daños. Esta contribución es más que un compromiso climático: es una línea de acción para el desarrollo que recoge la voz de pueblos indígenas, sector privado, academia, mujeres y juventudes.
Un hito que precedió nuestra participación fue la aprobación del listado oficial de 150 medidas climáticas, que por primera vez ordena todas las acciones de mitigación y adaptación reportadas a la CMNUCC. A ellas se suman cinco nuevas medidas de adaptación en transporte, que llevarán al país más allá de ese número inicial. Esta consolidación crea transparencia, trazabilidad y un marco común para ejecutar la NDC con integridad.
«La COP30 marcó un punto de inflexión. Ahora nuestro desafío es transformar ese impulso en resultados sostenidos y visibles para el país».
En mercados de carbono, dimos un paso decisivo con el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami) y el avance del programa Tuki Wasi, que instalará 60 000 cocinas mejoradas y reducirá 726 000 toneladas de CO₂e al 2030, camino a convertirse en el primer proyecto bajo enfoques cooperativos del Artículo 6 del Acuerdo de París. Con ello demostramos que es posible atraer capital climático serio con reglas claras y trazabilidad robusta.
Los bosques también ocuparon un lugar central. Con 68 millones de hectáreas amazónicas y 51 pueblos indígenas que gestionan 18 millones de hectáreas, el Perú impulsó el fortalecimiento del programa nacional REDD+, el REDD+ Indígena Jurisdiccional, que reconoce la conservación de 7 millones de hectáreas, y lanzó el Paquete País, un instrumento que alinea inversiones, planificación territorial y gobernanza para escalar soluciones basadas en la naturaleza.
Finalmente, el sector privado consolidó su protagonismo con Huella de Carbono Perú, que ya movilizó a 2700 organizaciones: 1650 han medido, 600 verificaron, más de 150 redujeron y 50 alcanzaron el nivel Reducción+. La descarbonización empresarial es hoy parte de la competitividad.
El mensaje que posicionamos en Belém fue claro: el Perú está cumpliendo, está invirtiendo y está proponiendo soluciones concretas para mantener vivo el 1.5 °C. Pero ningún país puede hacerlo solo. Requerimos financiamiento climático adicional, accesible y predecible para garantizar una transición justa y con integridad.
La COP30 marcó un punto de inflexión. Ahora nuestro desafío es transformar ese impulso en resultados sostenidos y visibles para el país.
