Por Raquel Carrero - Gerente general de la Asociación Peruana de Energías Renovables
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América Latina es una de las regiones con mayores recursos renovables no convencionales, sin embargo, aún está lejos de lograr desplegar todo ese potencial y convertir la transición energética en el motor de su desarrollo económico. Se puede decir que Chile, Brasil y Uruguay han dado pasos importantes que los pone más adelante, pero en el caso específico de Perú los cambios van lento y aún seguimos estancados en el discurso, sin llegar a la acción real a la velocidad que el país necesita.
Si tuviéramos que mencionar solo tres grandes aspectos que limitan el despliegue de las energías renovables en América Latina, estos serían marcos regulatorios desactualizados, falta de redes de transmisión y acceso limitado al financiamiento de proyectos.
Y es que aún las decisiones, y la forma de mirar estos tres aspectos, continúan centradas en tecnologías convencionales y basadas en recursos fósiles, y no se llega a comprender que se trata de un cambio sistémico, de una nueva forma de producción económica.
«Y es que aún las decisiones, y la forma de mirar estos tres aspectos, continúan centradas en tecnologías convencionales y basadas en recursos fósiles».
Se estima que la región requiere triplicar al 2050 sus inversiones en redes inteligentes para integrar las renovables de forma segura y eficiente, sin marcos habilitantes, los precios no reflejarán la competitividad creciente de la generación eléctrica solar y la eólica. Apenas el 4 % del financiamiento climático global entre los años 2021 al 2022 llegó a América Latina.
Perú tiene todas las condiciones para ser líder regional en renovables, tiene recursos solares extraordinarios y viento potente y estable, tecnología disponible y capital interesado en invertir. Pero todo ese potencial choca con un marco regulatorio que no fue diseñado para habilitar el cambio, sino para administrar lo existente. Como resultado, tenemos proyectos listos que no avanzan porque el sistema público que otorga los permisos no los entiende, o peor, los trata como si fueran una amenaza.
Hoy en nuestro país, se exige a proyectos solares y eólicos, que tienen un impacto ambiental bajísimo, que pasen por el mismo tipo de evaluación que una hidroeléctrica de gran escala o una central térmica. Le pedimos a un parque eólico que estudie sus impactos como si fuera a represar un río, y el resultado es que se bloquea en lugar de proteger.
Esto es un síntoma de un marco que sigue tratando a las renovables como una anomalía, no como el nuevo estándar, y mientras tanto, seguimos hablando de transición energética como si bastara con declararla.
El sector renovable no pide favores, quiere ser tratado con inteligencia regulatoria. Las tecnologías renovables no son una novedad ni una promesa futura, son el ahora de todo el sistema productivo del país, porque sin energía verdaderamente limpia no hay desarrollo sostenible posible.
Con la Ley 32249 promulgada en enero pasado por la presidente Dina Boluarte, se ha dado un primer paso importante para permitir a las energías renovables competir por el mercado eléctrico, pero la reglamentación de esta ley es la verdadera prueba, y si vuelve a caer en la rigidez o en la vieja lógica fósil, perderemos otra década.
Los tomadores de decisiones en el gobierno deben entender que la transición energética no se decreta, se construye desmontando barreras, modernizando reglas y entendiendo que hoy el verdadero riesgo no está en cambiar, sino en seguir haciendo lo mismo.
