Por Paula Torres y Alexa Gerez - Gerenta de Consultoría y Directora de Consultoría de Aequales
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Las decisiones del ecosistema financiero no son neutras. Al definir productos, criterios de acceso y condiciones de riesgo, se establece quién participa de la economía y quién queda fuera. En ese contexto, la inclusión financiera puede contribuir al cierre de brechas de género o, si no se diseña adecuadamente, a ampliarlas.
Cuando una mujer puede gestionar su dinero sin depender de terceros y acceder a productos financieros que no la penalizan por su trayectoria laboral o nivel de ingresos, su relación con el dinero cambia. Se fortalece su capacidad de planificar, enfrentar imprevistos y decidir sobre ingresos, ahorros e inversiones. De acuerdo con el Global Findex 2025, este avance es visible: en economías de ingreso bajo y mediano, la proporción de mujeres con cuentas propias pasó del 50 % en 2014 al 73 % en 2024 (World Bank, 2025).
Sin embargo, el acceso no garantiza una inclusión efectiva. Persisten prácticas que siguen dejando fuera a muchas mujeres: el sobreendeudamiento de quienes no cuentan con ingresos propios (OCDE, 2013), productos diseñados para recorridos laborales continuos y criterios de riesgo poco sensibles a condiciones económicas diversas. Aun mostrando mejores comportamientos de pago (IFC, 2025), las mujeres acceden a montos más bajos, enfrentan tasas de interés más altas (OCDE, 2025) o quedan excluidas del crédito formal por no contar con un historial crediticio propio (WEF, 2025), construido muchas veces a nombre de sus parejas.
Esta lógica se manifiesta tanto en el sistema financiero como en las empresas. Las decisiones sobre productos y riesgos no están separadas de las condiciones de empleo, salario y beneficios que se ofrecen. Estas definiciones inciden directamente en la autonomía económica de quienes no encajan en los modelos tradicionales de empleo y crédito. En la práctica, las respuestas empresariales siguen siendo desiguales.
«El foco debe desplazarse del discurso a cómo se diseñan y operan los sistemas en la práctica».
Según el Ranking Aequales 2025, el 76 % de las organizaciones en América Latina destina recursos para promover el ahorro de su personal, pero solo el 34 % financia programas de recualificación o reorientación laboral, una brecha crítica para personas con trayectorias laborales interrumpidas, en particular mujeres afectadas por las cargas de cuidado y la falta de corresponsabilidad familiar (Ranking Aequales, 2025).
Este debate ya no ocurre en el vacío. Estándares internacionales, normas ISO, marcos de debida diligencia en derechos humanos y las expectativas de inversionistas y cadenas de valor están elevando el estándar. La inclusión —también la financiera— forma parte de lo que hoy se entiende como licencia social para operar (Forbes, 2024; UN Global Compact; CSDDD): la capacidad de una empresa de sostener legitimidad, competitividad y viabilidad en el tiempo.
No obstante, en la práctica surgen tensiones entre empresas, líderes, inversionistas y otros actores del ecosistema financiero y regulatorio. ¿Cómo ajustar criterios de riesgo? ¿Cómo diseñar productos que reconozcan distintas condiciones económicas? ¿Cómo medir impacto más allá de la composición de la cartera por género sin perder viabilidad?
Desde Aequales, el trabajo parte de entender estas tensiones, aportar evidencia y analizar cómo se traducen en procesos, decisiones y resultados de negocio. El foco debe desplazarse del discurso a cómo se diseñan y operan los sistemas en la práctica, no desde la filantropía ni como cumplimiento de un indicador ESG, sino como una decisión estructural.
Para quienes hoy revisan productos, ajustan modelos de riesgo o integran estas decisiones en la operación cotidiana, la diferencia está en cuestionar el mito de la neutralidad. Los criterios técnicos se construyen sobre supuestos de estabilidad laboral, ingresos y comportamiento financiero. Cuando esos supuestos no reflejan la diversidad de condiciones económicas y financieras, los modelos pierden información y generan sesgos. Corregir esas reglas no es una concesión, sino una decisión para reducir riesgos, ampliar mercados y construir sistemas que funcionen mejor.
