Por PABLO DEL ARCO FERNÁNDEZ - Director General América de Valora Consultores - pablodelarco@valoraconsultores.com
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La transición energética, como se recogió en la propia declaratoria de la COP28, se precisa sea de manera justa, ordenada y equitativa, evitando se traspasen costos a las poblaciones más vulnerables. Hay que destacar que ya se está incorporando en los planes climáticos de los países a corto y largo plazo; se reflejan en el 38 % de los planes país (NDC) y el 56 % de las estrategias a largo plazo, así como en un número creciente de iniciativas mundiales importantes (PNUD en América Latina y el Caribe, 2022).
Las compañías generadoras de combustibles fósiles se encuentran ante un enorme desafío en este contexto, que se complica también más por las regulaciones en diferentes países que limitan las emisiones y plantean impuestos al carbono, lo que tiene un efecto sobre sus clientes. Estos riesgos regulatorios se unen a la menor disponibilidad de recursos, al ser finitos, y los mayores costos de la extracción a medida que se van limitando esa disponibilidad. Es por ello que, desde el mercado financiero, con las calificadoras, los inversionistas y fondeadores, se les está pidiendo hojas de ruta climática, que no son sino otra cosa que estrategias de diversificación de su modelo de negocio. Ello está llevando a que desarrollen y/o adquieran portafolios de fuentes de energía renovable, y que desarrollen nuevos modelos como servicios de movilidad eléctrica, transformándose en compañías más diversificadas. Aquellas que no lo están haciendo o en que el ritmo es considerado como insuficiente, están sufriendo votaciones en contra de los accionistas y calificaciones ASG críticas, cegadas, pero solo en el corto plazo por la bombona de oxígeno del aumento de los precios por la guerra de Ucrania y las decisiones de la OPEP, que son “pan para hoy y hambre para mañana” en la sostenibilidad de esas compañías en el tiempo.
«Las compañías generadoras de combustibles fósiles se encuentran ante un enorme desafío en este contexto, que se complica también más por las regulaciones en diferentes países que limitan las emisiones y plantean impuestos al carbono, lo que tiene un efecto sobre sus clientes».
Para esta evolución, las emisiones de deuda etiquetada suponen una interesante opción, en un contexto de altas tasas de interés, esto por las mejores condiciones de tasa y el apetito de compra del mercado financiero. La fórmula son los bonos verdes, pioneros entre las emisiones etiquetadas, también en la región de América Latina y el Caribe. Los recursos obtenidos por esta vía tienen que ser destinados a proyectos con beneficio ambiental, conforme a los estándares de referencia internacional (Principios de Bonos Verdes de ICMA, la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, o los Climate Bonds Standards, de Climate Bonds Initiative) y las taxonomías locales (esto solo en Colombia y México, países que cuentan con ello).
De los bonos verdes emitidos hasta la fecha en nuestra región, que acumulan 42.4 mil millones de USD a finales de 2022, el 52 % ha sido destinado a proyectos de energías renovables (datos de CBI, 2023), lo que da idea de su potencial; esto también por las oportunidades que ofrece la región para parques solares y eólicos, y para el desarrollo de centrales hidroeléctricas.
La oportunidad de mercado está presente, con destacadas operaciones recientes como el bono verde de CMI Capital en Guatemala por US$700 millones para el desarrollo de su portafolio de renovables en Centroamérica y El Caribe, o el Programa de Bonos Verdes Rotativos de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), lanzado en 2019 por US$200 millones de dólares y con nuevas series, en línea con el bono verde de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) en 2019 en Perú por 100 millones de soles (casi 27 millones de USD).
Queda, sin embargo, un empuje que dar al desarrollo de proyectos, que sean siempre realizados evitando externalidades negativas sociales y a la biodiversidad, aprovechando el capital disponible para fondeo directo por parte de la banca de desarrollo y las posibles emisiones de deuda en el mercado.
