Por Alfredo Estrada - Director de ATC-Impactahub
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En la actualidad, la movilidad sostenible ha pasado a ser tema de carácter urgente en la agenda de sostenibilidad urbana. Según un informe (Beltrán, C. Et al 2024; BID,2024), el transporte urbano genera el 35 % de las emisiones y alrededor de 100 000 muertes por diferentes motivos de siniestralidad, incrementándose así el clima de desconfianza ciudadana que se genera por la alarmante vulnerabilidad civil por inseguridad. Esto lo afirma también el BID cuando señala que más del 75 % de los habitantes de América Latina se sienten inseguros en el transporte público, dejando a la luz una problemática que compromete calidad de vida, cohesión social, planificación urbana, entre otros aspectos. En este marco, el PNUD, en un informe regional sobre DD. HH. (2023), indica que el 64 % de los latinoamericanos considera que la inseguridad ciudadana es el principal obstáculo para su bienestar y desarrollo, enfatizando como causas de esta situación, entre otras, la del transporte público.
En el caso del Perú, el INEI estima que hacia el 2023 la percepción de inseguridad en el transporte público alcanzó un 87.9 %, siendo uno de los índices más altos de la región. Esta percepción se vuelve más crítica cuando en su último boletín trimestral del 2024, señala que el 82.5 % de la población urbana de 15 años a más considera que puede ser víctima de algún delito en áreas de movilidad urbana y otros espacios públicos. Sin duda este contexto evidencia la necesidad crítica de repensar el transporte desde un enfoque de seguridad, inclusión y sostenibilidad.
«En el caso del Perú, el INEI estima que hacia el 2023 la percepción de inseguridad en el transporte público alcanzó un 87.9 %, siendo uno de los índices más altos de la región».
Pero ¿cómo logramos hacer este ejercicio de repensamiento eficiente y colectivo, para incubar acciones que se conviertan en soluciones de impacto a esta situación? Un primer enfoque frente a esto se logra con ciencia, datos y ciudadanía activa, la convergencia de estos tres elementos en un marco de transparencia y agilidad impulsarán una suerte de innovación cívica sostenible. En esa línea de pensamiento, un trabajo titulado When Every Body Designs: An Introduction to Design for Social Innovation (Manzini, E.,2015) ya establecía la necesidad de que los ciudadanos se conviertan en agentes de cambio para liderar procesos colaborativos y de innovación social frente a desafíos colectivos como la movilidad sostenible y la seguridad ciudadana.
Otro segundo enfoque de trabajo frente a esta cuestión es el basado en el valor de la educación para la transformación de territorios, esto mediante pilares como la investigación-acción participativa, la incubación de emprendimientos con propósito urbano, la innovación docente en enseñanza cívica, entre otros. El rol de la academia en impulsar la cocreación de conocimiento y soluciones para ciudades sostenibles (en específico para la movilidad segura e inclusiva) es una premisa que no debe quedar en una máxima inspiradora, más aún cuando en un informe (Beltrán, C. Et al.,2024; BID,2024), se señala que menos del 5 % de los estudios sobre movilidad sostenible de la región son de autoría peruana. Por su parte, en lo relacionado al impulso académico de emprendimientos para la movilidad sostenible, la agenda aún es dispersa pero inicialmente trabajada en temas como soluciones para emergencias puntuales de transporte, logística urbana sostenible, experiencia del usuario de transporte público, por citar algunos ejemplos.
Así las cosas, el estado actual de la movilidad y seguridad pública hace necesario poner el acelerador frente a la falta de datos y estadísticas robustas, a la exploración eficiente de mecanismos de financiamiento y al potenciamiento de capacidades interdisciplinarias tanto de investigación como de enseñanza. Una academia menos silente hará que el diálogo, la acción y el conocimiento tracen el camino más rápido hacia una movilidad verdaderamente segura e inclusiva.
