Por Stakeholders

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Por: César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental.

Ha pasado casi desapercibida la decisión del Poder Ejecutivo de retirar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra la minería ilegal en La Pampa, una zona ubicada en Madre de Dios; y de Alto Nanay, en Loreto. Lamentablemente, el Gobierno del presidente Pedro Castillo decidió no prorrogar el Estado de Emergencia en ambas zonas y, por ende, dejar fuera a las Fuerzas Armadas de este rol que venían ejerciendo frente al mayor y más peligroso delito ambiental: la mineria ilegal.

Se trata de un delito que claramente se vincula a otros más graves como el narcotráfico, la trata de personas, el sicariato, entre otros. Pero ¿qué es lo que motiva estas decisiones, además de los “cambios o flexibilizaciones normativas” de las últimas semanas?

César Ipenza.

No podemos dejar de mencionar hechos que preocupan, o al menos llaman la atención, y que están interrelacionados:

  1. El 16 de agosto de este año, el presidente de la republica recibió en Palacio de Gobierno a diversos mineros informales. En esa reunión “Pedro Castillo ante el pedido de mineros informales promete corregir “errores normativos” y dice que ministros están en evaluación- el presidente se comprometió ante los mineros informales a dar marcha atrás en normativas que los perjudiquen y dijo que todos los ministros están en evaluación”.[1]
  • Días después, el 25 de agosto de este mismo año en Madre de Dios: Mineros ilegales y comerciantes informales queman base policial en «La Pampa» – Se reportaron ocho personas heridas tras el incendio de la base policial en medio de las protestas contra operativos de interdicción[2]. Recordemos que los protestantes exigen que las dos bases policiales y la base militar se retiren de la zona de La Pampa. Su principal argumento son los abusos que estarían cometiendo con los mineros ilegales y comerciantes de la zona. Este es un hecho importante y vale la pena anotar.
  • Posteriormente, el 5 de septiembre de 2022, y ante pedidos de mineros de la salida de la actual Ministra de Energía y Minas, se emite el Decreto Supremo N° 010-2022-MINEM -Decreto Supremo que modifica los Decretos Supremos Nº 018-2017-EM, Nº 001-2020-EM y Nº 009-2021-EM, deroga el Decreto Supremo Nº 008-2022-EM y el numeral 13.16 del artículo 13 del Decreto Supremo Nº 018-2017-EM[3]. que sin duda flexibiliza y da la razón a los pedidos. Esta norma deroga un decreto supremo que la misma ministra había aprobado semanas atrás.

Uno puede leer estos hechos a su conveniencia y sentar una posición. Sin embargo, lo pertinente es señalar que la presencia de las autoridades, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sirve para apoyar a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en la lucha contra la minería ilegal. Una minería que destruye los bienes de todos nosotros, que atenta contra la sociedad misma, que contamina nuestros ecosistemas y destruye nuestros bosques. Que moviliza organizaciones criminales para facilitar la trata de personas, el sicariato, entre otros delitos.

El rol de la autoridad y del presidente de la República es pensar en los intereses de las mayorías, en los intereses comunes de la sociedad, no de un grupo que los presiona y que “garantiza” su permanencia en el gobierno. Su rol es permitirnos ejercer nuestro derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado.

Parece ser que el discurso es lo único. Allí queda todo, porque los hechos nos demuestran que no sigue un camino pensando en el bien común. Parece que lo discursos sobre defensores ambientales y la defensa del medio ambiente sigue cayendo en saco roto. Y los afectados somos todos, porque los pasivos y corrupción instaurada en la minería ilegal sigue destruyendo las bases de nuestra sociedad.

Los hechos antes narrados han envalentonado a los mineros ilegales, que ya han comenzado a invadir concesiones de mineros informales, o en proceso de formalización. Y lo que está consiguiendo es que en regiones como Madre de Dios impere la ilegalidad al más alto nivel.

En ese sentido, toca pensar nuevamente en el beneficio de todos (as), no en el de un grupo. Toca pensar en nuestras futuras generaciones, en la viabilidad de nuestra sociedad y de nuestra especie. Pero con los hechos que narramos parece que las prioridades son otras.


[1] https://elcomercio.pe/politica/actualidad/pedro-castillo-ante-mineros-informales-en-palacio-si-ha-habido-errores-normativos-habra-que-corregirlos-mineros-piden-salida-de-ministra-rmmn-noticia/

[2] https://www.inforegion.pe/298608/madre-de-dios-mineros-ilegales-y-comerciantes-informales-queman-base-policial-en-la-pampa/

[3] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-los-decretos-supremos-no-018-20-decreto-supremo-n-010-2022-em-2102467-1/







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