Por Stakeholders
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Por: Carolina Trivelli
Investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos
Desde el año 2004, con la publicación de la Estrategia para la Erradicación de la Pobreza Extrema, el tema de la lucha contra la pobreza se ha convertido en un asunto de debate público que exige compromisos expresos, planes y metas del sector público y los políticos.
El gobierno de Toledo encargó a la comisión interministerial de asuntos sociales, a la CIAS, liderar las políticas sociales y con ello se adoptó un enfoque intersectorial e intergubernamental. El gobierno de García, luego de reorganizar programas sociales, propuso la estrategia Crecer, centrada en lograr tres objetivos, eliminar la desnutrición crónica infantil (DCI), generar oportunidades
para los más pobres y establecer una red de protección social. En la práctica se lograron avances en la implementación de lo referido a la lucha contra la DCI.
Con la llegada del gobierno de Humala, se crea el MIDIS y con ello se re-articulan los esfuerzos para lograr no solo metas puntuales (reducción de la pobreza o de la DCI), sino instalar un política pública orientada a asegurar que todo peruano pueda ejercer sus derechos básicos y acceder a oportunidades. En 2013 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS), para dar claridad sobre la estrategia a seguir y con ella un compromiso expreso de destinar más recursos, financieros, humanos y políticos, a favor de los más pobres.
Estos tres gobiernos sentaron las bases de la política de inclusión social actual. Esta está instalada en el debate público y en las prioridades del estado. Se ha pasado de fijar metas de reducción de pobreza (Toledo) y DCI (García) a establecer metas sociales amplias que incluyen compromisos ligados a mayores oportunidades (Humala).
Tenemos hoy metas sociales claras y esquemas para verificar su cumplimiento. El actual gobierno ha sido claro en reconocer que estamos ya en una trayectoria orientada a atender las demandas sociales, por ello no solo está continuando con los iniciado hace más de una década, sino ampliando su compromiso con las metas sociales. En este sentido el presidente del Consejo de Ministros presentó hace pocos días en la CADE las 12 metas que en materia social se comprometen a lograr al bicentenario. Estas metas incluyen la erradicación de la pobreza extrema (del 4.1% en 2015 a 1.5% al 2021) y la reducción de la DCI (de 14% en el 2015 a 6% al 2021) y también recogen indicadores ligados a la mejora en las oportunidades de los más pobres como se propuso en el gobierno anterior (incrementar los hogares con el paquete integrado de servicios básicos o el acceso a educación inicial). Estas 12 metas incluyen además aspectos clave en salud (reducción de anemia, mortalidad y embarazo adolescente).
Al bicentenario, incluso con el logro de estas metas, la agenda social seguirá teniendo desafíos y pendientes, pero como da cuenta la historia reciente, el gobierno que asuma funciones en el 2021, podrá continuar con la tendencia, ampliar el alcance de las metas sociales y seguir mejorando las oportunidades para millones de peruanos. Las metas actuales son ambiciosas y dan cuenta del derrotero que como país, al margen de quien gobierne, hemos adoptado. Un derrotero de derechos, oportunidades y progreso. Recordemos que en la última década el Perú logró pasar de ser un país pobre a ser un país de clase media, emergente y emprendedora. La pobreza en el 2005 are 55% y en el 2015, 22%. Un cambio sustantivo. La agenda social al bicentenario seguirá exigiéndonos esfuerzos, recursos e innovación, pero es claro que como país tenemos ya un camino trazado, un compromiso asumido y la fuerza para recorrer dicho camino.
