Por Javier Aliaga - Experto en Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos - CEO de Grupo Diálogo Consultores
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El Perú vive atrapado en un círculo vicioso que, bajo la promesa de formalización de la minería informal, solo termina fortaleciendo a quienes se benefician del desorden. Hace más de dos décadas que escuchamos hablar de “transición a la legalidad”, pero el tiempo nos ha demostrado que, lejos de ordenar, lo que se ha hecho es institucionalizar la impunidad. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que nació como registro temporal, es hoy un escudo para miles de operadores que no pagan impuestos, destruyen el medio ambiente y actúan al margen de toda fiscalización. Ahora, con el Registro Nacional de Productores Mineros Artesanales y de Pequeña Escala (RENAPMAT) y la propuesta de la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), el peligro es que el Estado se convierta en el principal facilitador del lavado de dinero.
En tal sentido, el gobernador de La Libertad, César Acuña, anuncia con bombos y platillos dicha ley, bajo el argumento de defender a los pequeños mineros y descentralizar la formalización. Pero la verdadera intención es clara: mover votos y fondos para alimentar campañas políticas, propias y de aliados. La experiencia muestra que esta fórmula la repetirán pronto otros gobernadores y alcaldes en todo el país donde haya influencia extractiva, usando la minería como caja para financiar sus proyectos personales.
«Lo más grave es que hoy el marco legal permite lo que debería ser imposible en un Estado de derecho».
Lo más grave es que hoy el marco legal permite lo que debería ser imposible en un Estado de derecho: que gobernadores, alcaldes y congresistas sean a la vez concesionarios mineros, directa o indirectamente. Es decir, jueces y parte. El Congreso de la República, al eliminar restricciones importantes, ha dejado una puerta peligrosa. Esta ley no solo otorga poder económico a las mafias de la minería ilegal; también le ofrece la ruta directa al poder político. La gran amenaza es la unión entre minería ilegal, narcotráfico y política, un cóctel explosivo que compromete peligrosamente la seguridad, el ambiente y la democracia.
Estamos hablando de una actividad que hoy mueve más de 45 mil millones de soles al año y que no tributa un sol al Estado. Y mientras los peruanos formales están obligados a bancarizar cada transacción y rendir cuentas al fisco, se propone que el propio Estado, a través del Banco de la Nación, blanquee el oro de origen turbio. Esto no es inclusión productiva; es corrupción legalizada. La verdadera formalización no se logra repartiendo certificados como si fueran licencias para delinquir; sino en construir institucionalidad, controles efectivos y sanciones que se cumplan. Si no se corrige el rumbo, esta ley no solo abrirá la puerta al caos, sino que será el golpe final a lo poco que queda de legalidad en el país.
