Por Leonidas Ramos - Jefe de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)
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Los dos principales actores de la economía —las empresas y los trabajadores— necesitan un entorno propicio para desarrollar sus actividades. Solo bajo esas condiciones pueden desplegar plenamente su potencial productivo, innovador y creativo. En el caso del Perú, al 2024 el INEI registraba poco más de 3.3 millones de empresas formales, a las que se suma un número considerable de emprendimientos informales. Asimismo, más de 17 millones de personas integraban la PEA. En conjunto, este constituye el universo productivo del país, el verdadero ejército económico del Perú.
Entre los múltiples factores que influyen en la economía, las reglas y los actores estatales ocupan un lugar central. Siguiendo al clásico de la ciencia política Peter Evans, estos pueden representar tanto un obstáculo como una solución para la dinámica económica. Las organizaciones estatales, en particular, tienen la capacidad de generar a favor de empresarios y trabajadores un conjunto de normas y una arquitectura de decisión y acción que faciliten el acceso a información confiable, financiamiento, protección de derechos, seguridad ciudadana, justicia eficaz y conocimiento de calidad, además de impulsar nuevas ideas y procesos productivos.
En los últimos años, sin embargo, el Estado peruano ha seguido la ruta contraria. Se ha convertido en un productor incesante de decisiones y dinámicas que erosionan su propia capacidad institucional, afectando el desempeño económico en el corto y largo plazo. El Congreso de la República ha promulgado reformas que no solo tensionan la economía, sino que también comprometen su sostenibilidad. En educación, debilitó a la Sunedu y la reforma universitaria, al tiempo que promovió la creación de 22 universidades públicas sin mayor análisis. En la lucha contra el crimen y la corrupción, redujo los plazos de prescripción para delitos de corrupción y restringió el uso de testigos, limitando la eficacia de la persecución penal. A ello se suman medidas con riesgo de afectar las finanzas públicas en el mediano plazo, algunas de corte neomercantilista.
«Hay momentos en la historia —y este es uno de ellos— en que empresarios y trabajadores deben, desde sus posiciones y en conjunto, exigir al Estado».
Todo esto ocurre en un contexto de Ejecutivo débil. Desde 2016, el Perú ha tenido seis presidentes, cuando en condiciones normales debieron ser solo dos. La exmandataria, que tuvo apenas un 4 % de aprobación ciudadana, enfrenta una gestión desbordada por el avance del sicariato, la extorsión y las economías ilegales.
A este escenario interno se suma un entorno internacional adverso. Los Estados Unidos, segundo socio comercial del Perú, han impuesto un arancel del 10 % a los productos peruanos, afectando la competitividad de las exportaciones. Al mismo tiempo, el país debe gestionar sus relaciones con su primer socio comercial, China, que a la vez es el principal competidor y rival estratégico de Estados Unidos.
Este es un panorama complejo para trabajadores y empresarios. Si bien la producción creció 3.3% en el primer semestre de 2025 y la pobreza se redujo en 1.4 puntos porcentuales en 2024, el Estado no viene construyendo un escenario económico sustentable. Más que producir desarrollo, se limita a mantener el statu quo. Frente a ello, resulta crucial la capacidad de agencia de los actores sociales y económicos, y no simplemente un “laissez faire, laissez passer”.
Los representantes de los trabajadores, debilitados por factores internos y externos, se han convertido en un sector con escasa representatividad, alejado de su base formal y aún más de los informales, muchos de los cuales son directamente víctimas del crimen organizado. Por su parte, el empresariado, aunque mantiene órganos representativos (CONFIEP, CCL, SNI), ha mostrado en los últimos años una presencia pública limitada y poco demandante, reduciendo su capacidad de incidir en la agenda nacional.
Hay momentos en la historia —y este es uno de ellos— en que empresarios y trabajadores deben, desde sus posiciones y en conjunto, exigir al Estado condiciones mínimas para producir y desarrollarse, y no simplemente callar mientras el país avanza en piloto automático, mientras el crimen y la baja calidad institucional se expanden.
