En el Perú, la acción climática sigue concentrada en grandes empresas con estándares globales, mientras la mayoría queda fuera del debate, por ello democratizarla es el verdadero desafío. No cabe duda que la agenda climática ha ganado fuerza en todo el mundo. El concepto de huella de carbono se ha vuelto omnipresente en informes corporativos, campañas institucionales y compromisos gubernamentales. En paralelo, se multiplican herramientas de reporte, sellos, créditos de carbono e indicadores que pretenden medir nuestra contribución al cambio climático. Sin embargo, cuando aterrizamos este lenguaje a la realidad, la distancia entre el discurso y la práctica es todavía abismal.
La medición de la huella de carbono parte de un principio poderoso: cuantificar nuestras emisiones para transformarlas. Pero en el Perú, esta lógica opera en una élite empresarial acostumbrada a estándares internacionales, acceso a consultorías especializadas y vínculos con inversionistas extranjeros. Mientras tanto, la mayoría de empresas peruanas —incluyendo muchas grandes, y sobre todo las pymes— permanecen completamente fuera de este radar. No por desinterés, sino porque el enfoque y las herramientas les resultan lejanos, costosos y desconectados de su medio.
«La medición de la huella de carbono parte de un principio poderoso: cuantificar nuestras emisiones para transformarlas».
Las soluciones climáticas no pueden seguir planteándose desde la cima, como si lo único relevante fuera el benchmarking corporativo o el posicionamiento en rankings globales. Necesitamos una agenda climática que se democratice, que se entienda desde una empresa agroindustrial en Ica, una fábrica textil en Gamarra o una flota de transporte en Piura. Mientras sigamos creyendo que actuar frente al cambio climático es tarea exclusiva de grandes mineras, transportistas, exportadoras o corporaciones con acceso a capital extranjero, perderemos la oportunidad de construir una cultura climática más masiva, práctica y pertinente.
Esto no significa desechar los marcos internacionales. Todo lo contrario, estos son referencias valiosas, pero no pueden ser aplicados de forma mecánica ni acrítica. Exigir a una empresa mediana que reporte emisiones de Alcance 3 sin haber comprendido siquiera su consumo eléctrico o sus rutas logísticas no solo es absurdo, sino desmovilizador.
Por eso, más que calcar conceptos, necesitamos crear capacidades y construir sentido local. Empezar por lo básico: ¿qué significa la huella de carbono para una empresa de nuestro entorno? ¿Dónde están sus verdaderas fuentes de emisión? ¿Qué puede hacer, con recursos limitados, para reducirlas?
También necesitamos más política pública que promueva y no solo regule. El Estado puede ser un dinamizador clave si orienta compras públicas hacia productos con bajas emisiones, si financia diagnósticos energéticos para pymes o facilita el acceso a tecnologías limpias. Y, por supuesto, si lidera, como corresponde, con el ejemplo: midiendo y gestionando su propia huella institucional.
El cambio climático exige una respuesta urgente. Pero la urgencia no justifica el elitismo técnico ni el “copy-paste” de modelos foráneos. En el Perú, actuar frente al cambio climático implica ampliar el círculo: lograr que la huella de carbono y las soluciones climáticas sean comprensibles, accesibles y útiles para más personas, más empresas y más regiones. Solo así pasaremos de los reportes a la transformación real.









