Por Stakeholders
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POR HANS ROTHGIESSER – Miembro del Consejo Consultivo Stakeholders
Tenemos un serio problema con el significado de la palabra “sostenible”: cada quien la interpreta como le da la gana. Como ejemplo, recientemente se propuso cambiar la ley de cine vigente que le brinda a los cineastas peruanos subsidios para poder producir películas. Una ley que es una extensión de otra norma que ya teníamos y que también les daba subsidios. Y así hasta el gobierno militar, cuando se inició este modelo de fondo concursable que le brinda a los ganadores cientos de miles de soles para que hagan su filme y no regresen el dinero. Lo que ha planteado en estas semanas la congresista Tudela es cambiar eso por una forma alternativa de apoyar al cine. Saltan de inmediato los que se han beneficiado de esa ley por décadas. Y una de las defensas es que el cine aporta a la economía y brinda puestos de empleo e inversión…pero con nuestro dinero. O sea, esos puestos de trabajo se pagan con impuestos que levantan de otros negocios que sí son sostenibles por sí mismos. Aun así, los defensores de esa norma vigente dicen que la industria del cine peruano es sostenible. Pero requiere de subsidios para subsistir. Entonces, ¿qué entienden ellos por sostenible? No tiene ningún sentido.
Algo parecido sucede con la minería en el Perú. Los ejecutivos de las empresas mineras en el Perú ya deberían de haberse dado cuenta hace un par de décadas de que están a cargo de operaciones que no son sostenibles. Y no me refiero a que están extrayendo un recurso agotable, sino a que no han entendido que para que la minería sea sostenible en el Perú deben preocuparse por el aspecto ingenieril, por el medio ambiente, por el buen trato a los trabajadores y, lo siento mucho, por el aspecto político. Desde hace muchos años los escuchamos hablar emocionados y orgullosos de sus proyectos de responsabilidad social, de las comunidades aledañas a sus minas, de que ya hemos hecho un taller con este grupo y que les estamos prestando un dron a este otro. Y listo, “con eso ya se solucionó todo, vas a ver”.
Mientras tanto la realidad los está revolcando. Consideren lo siguiente. En el 2007, la Defensoría del Pueblo registró 217 acciones colectivas de protesta. Para el 2011 ya eran más del doble, 606. En el 2017 ya habían llegado a 2194 acciones colectivas de protesta. En el 2022 se registraron 3862. Y si vemos la cifra más reciente, veremos que casi la mitad se deben a conflictos socioambientales. En este contexto resulta en extremo inocente o ingenuo creer a los que dicen que todo está bajo control. Por el contrario, lo que sea que están haciendo las mineras y sus gremios representantes al respecto, es claramente un rotundo fracaso. Por esto me parece que el negocio de la minería en el Perú no es sostenible. En este periodo evaluado ya hemos tenido dos presidentes que ganaron las elecciones abiertamente diciendo que arremeterían contra la minería. Y uno de ellos efectivamente lo hizo durante el tiempo que fue presidente.
Algún día se escribirá en la historia cómo las mineras creyeron que esto se solucionaba con marketing o con publicidad, contratando espacio en los medios para difundir su mensaje, convencer a la población de que la economía nacional se beneficia de la minería y nada más. Con eso no se redujeron los conflictos. También creyeron que esto se podría solucionar con estrategias de relaciones públicas, con desayunos con periodistas o con brillantes comunicados de prensa. Eso tampoco ha resultado. Ni qué decir de tiernos proyectos de responsabilidad social o donaciones a las comunidades, porque —ya saben— así en caso de que haya un conflicto las comunidades se manifestarán a favor de la minera. Esto tampoco ha funcionado. ¿Entonces?
Pueden seguir haciendo todo igual. Total. A estas alturas y a estos extremos nada hace suponer que vayan a ver la luz. O pueden reconocer que esto no es un problema de publicidad o de imagen corporativa o de relaciones comunitarias. Esto es un problema político que se resuelve con política en la arena política.
