Por Jorge Melo Vega - Presidente de Responde
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En nuestro país las brechas sociales persisten no solo por falta de recursos sino por deficiencias estructurales del Estado. Consideramos que cada vez es más difícil sostener que la gestión pública directa es la mejor vía para atender los problemas más sensibles. El debate público suele concentrarse en quién debe ejecutar las políticas sociales, cuando la pregunta central debería ser otra: quién logra resultados reales y sostenibles.
Sin embargo, seguimos atrapados en una lógica en la que el Estado, en el caso de la educación, intenta hacerlo todo: educar, formar, capacitar, insertar laboralmente, aun cuando su capacidad de ejecución, medición de impacto y adaptación es claramente limitada. El resultado es conocido: programas costosos, fragmentados y con efectos modestos o difíciles de verificar. En los programas de alimentación el resultado es de horror.
Educación técnica y empleo
Este desajuste se expresa con particular crudeza en la transición de los jóvenes del sistema educativo al mercado laboral. Cada año, cerca de medio millón de jóvenes egresa del colegio, pero solo una fracción logra incorporarse a educación superior pertinente o a empleo formal. El resto queda atrapado en la informalidad, en ocupaciones precarias o en el creciente contingente de jóvenes que no estudian ni trabajan: los NINIS. No se trata solo de un problema educativo, sino de un fallo estructural de política pública, donde la oferta formativa no dialoga con la demanda real de habilidades del aparato productivo.
Aquí es donde conviene invertir el orden de la discusión, dejar de poner la carreta delante de los caballos. Antes de debatir modelos ideológicos o arquitecturas institucionales, deberíamos preguntarnos qué esquemas funcionan mejor en nuestra realidad del 2026, en términos de impacto. Tercerizar la ejecución de programas sociales no equivale a privatizar derechos; equivale a gestionar por resultados. El rol del Estado no desaparece: se redefine. Le corresponde fijar prioridades, asignar recursos, establecer metas claras, supervisar impactos y garantizar transparencia. La ejecución, especialmente en ámbitos complejos como la formación para el empleo o la inserción laboral, puede recaer en actores que han demostrado saber hacerlo mejor.
«Persistir en un Estado que intenta hacerlo todo, aun cuando lo hace mal, no es una posición progresista ni ética».
Existe un universo de agencias de cooperación internacional que rara vez ocupa el centro de este debate. Son organizaciones y fundaciones empresariales con trayectoria comprobada, estándares de gobernanza exigentes y experiencia en la gestión de fondos superiores a los cien millones de dólares. Ejecutan programas sociales en contextos incluso más desafiantes que el peruano y operan bajo una lógica distinta: cuidan la eficiencia porque su reputación global está en juego, miden impactos porque su financiamiento depende de resultados verificables y ajustan sus intervenciones porque entienden que el aprendizaje continuo es parte del éxito. No trabajan desde la retórica ni desde la ideología, sino desde la evidencia.
Persistir en un Estado que intenta hacerlo todo, aun cuando lo hace mal, no es una posición progresista ni ética. Por el contrario, es menos responsable insistir en la ejecución directa ineficiente que delegar bien aquello que otros pueden hacer mejor. Cada sol mal ejecutado es una oportunidad perdida para quienes más lo necesitan. En sociedades con alta informalidad, baja productividad y profunda desconfianza institucional, la eficacia no es un lujo tecnocrático, es una forma concreta de justicia social.
El mejor ejemplo se observa en los programas impulsados por organizaciones de la sociedad civil y fundaciones empresariales que conectan formación y empleo, con énfasis en la educación técnica. Mientras el Estado continúa promoviendo una aspiración universitaria masiva, muchas veces desconectada del mercado laboral, estas organizaciones trabajan directamente con empresas, identifican demanda real de competencias, diseñan mallas formativas pertinentes y acompañan la inserción laboral. No solo capacitan: colocan, miden y corrigen. En un país que necesita técnicos calificados más que discursos grandilocuentes, estas experiencias no deberían ser marginales. Deberían marcar el camino.
