Por Jorge Merzthal - Director del MBA y de Maestrías de ESAN Graduate School of Business
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El sector minero es uno de los pilares económicos más importantes del Perú, ya que genera puestos de trabajo directos e indirectos y contribuye un monto significativo al producto bruto interno (PBI), entre otros beneficios. Sin embargo, también existen retos ambientales y sociales que deben abordarse desde una perspectiva integral para aprovechar todo el potencial de esta actividad. Justamente, en el marco de una próxima edición del PERUMIN, que se realizará del 22 al 26 en Arequipa, es importante reflexionar sobre estos temas.
Problemática del sector minero
Según el Boletín estadístico minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), publicado en junio del 2025, los productos tradicionales minero metálicos constituían el 64.7 % de las exportaciones peruanas. Asimismo, se registraron 256 573 nuevos puestos de trabajo en el sector y los recursos transferidos a los departamentos superaron los S/8340 millones.
No obstante, las investigaciones también han evidenciado que los departamentos con alta actividad minera presentan dificultades en la lucha contra enfermedades crónicas y el acceso al agua potable. En ese sentido, es importante buscar un balance entre el desarrollo económico y el bienestar de la población que habita en las zonas de impacto de los proyectos.
Combate contra la informalidad
La mayoría de los peruanos considera que las acciones gubernamentales para combatir la minería ilegal han sido poco o nada efectivas, según una encuesta reciente de Datum Internacional. Asimismo, el Legislativo aún debate la aprobación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y la extensión del plazo para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
A través de estas iniciativas, que han sido blanco de cuestionamientos, se busca establecer zonas exclusivas para la minería artesanal y fortalecer la actividad fiscalizadora de los Gobiernos regionales. Sin embargo, la efectividad de estas y otras medidas dependerá del compromiso estatal para implementarlas y monitorearlas de manera adecuada, sobre todo en zonas con niveles altos de informalidad.
«Es importante que el Gobierno explique con detalle a las comunidades los beneficios que les brindará la distribución del canon minero».
Gestión de los conflictos sociales
Los conflictos registrados en departamentos con alta actividad minera suelen deberse a disputas generadas por una falta de claridad en la superposición de concesiones y la delimitación de los territorios. Estos desacuerdos se exacerban porque la comunicación de las mineras y del propio Estado no siempre es tan efectiva y transparente.
Este problema se acrecienta por el impacto de la actividad minera a gran escala en el medio ambiente y en la salud de los pobladores. A pesar de que las grandes compañías del sector se han comprometido a disminuir su huella ecológica, los desacuerdos con las comunidades persisten por la falta de información sobre los resultados de las evaluaciones de impacto ambiental y el derecho a la consulta previa.
Es importante que el Gobierno explique con detalle a las comunidades los beneficios que les brindará la distribución del canon minero. Asimismo, debe adoptar un rol más activo en la mediación y solución de las disputas. La pronta resolución de las inquietudes de los pobladores garantizará una actividad minera más estable.
Como podemos concluir, el equilibrio entre la productividad y el respeto a los derechos fundamentales es clave para garantizar el crecimiento sostenido de la minería peruana en los próximos años.
