Por Stakeholders
Lectura de:
Jorge Melo Vega Castro
Presidende de Responde
Los Estados tienen entre su principales funciones la de prestar servicios públicos a sus ciudadanos. Es la forma eficiente de ofrecer servicios para todos y así en un territorio determinado las personas acceden a educación, salud, carreteras, transporte público, agua y saneamiento, electricidad o telecomunicaciones. Son los Estados los llamados a ofrecer esos servicios y los prestan de forma directa o a través de terceros, mediante concesiones. Es esa la forma como ha mejorado la calidad de vida en los países a lo largo de los años, siempre manteniendo en el Estado el monopolio de la recaudación fiscal, los impuestos, que son los ingresos que sirven para ofrecer esas facilidades a sus ciudadanos.
Esa evolución de un Estado “tercerizando” servicios públicos tiene menos de 30 años en Perú y ya era una práctica en los países desarrollados. Es mediante las concesiones supervisadas por los organismos reguladores, que los Estados verifican que se cumplan los contratos y los servicios se presten con la mayor calidad y máxima cobertura. Esa experiencia ha significado un cambio sustantivo en la calidad de vida de los peruanos, con más comunicaciones, electricidad, carreteras e infraestructuras en general, atendiendo a la mayor parte de la geografía nacional.
Pero el Estado peruano, no el Estado como organización per se, nunca ha sido un buen administrador y sabido gestionar los recursos económicos de forma eficiente. Razones hay muchas: no se cuenta con el mejor funcionariado, los procedimientos son engorrosos, falta de ética y trámites que incentivan a la corrupción y para protegerse de ella se dictan normas que restringen contratar, entonces el funcionario prefiere no hacerlo. A la Contraloría le atrae ser la protagonista de la gestión pública, consideran que ellos son los que más saben cómo hacer las cosas. Y así, una larga lista de barreras que hacen del Estado un mal gestor. Un ejemplo dramático y reciente es que luego de 4 meses sin asistencia a clases en las zonas rurales, se ha cancelado la compra de un millón de tabletas digitales para esos estudiantes, porque se hizo una mala convocatoria. Millones de horas educativas perdidas por incapacidad para contratar.
En cualquier organización los líderes tienen que hacer, disponer y avanzar: eso es contratar. Hemos mencionado al inicio, que nuestro Estado ha logrado avanzar al concesionar ciertos servicios, pero hay otras disposiciones de gestión que se las ha guardado para sí y éstas han ido mal. Frente a las prisas, la administración peruana hace tres años atrás, ensayó tercerizar la gestión de las compras y supervisión de contratos, mediante un mecanismo de gobierno a gobierno, para la construcción de algunas edificaciones de los Panamericanos de Lima 2018. Esa experiencia resultó positiva, por lo que se decidió repetir, con el mismo gobierno británico, la ejecución de las postergadas obras de la Reconstrucción con Cambios del 2017.
Luego de asumir sus falencias, el gobierno ha decidido impulsar un proceso más agresivo de tercerización de las funciones del Estado, ya no se trata de construcciones menores con plazos en contra, esta vez se trata de acordar con otro gobierno, se entiende que debe ser más eficiente que el nuestro, para que contrate y ejecute los más grandes proyectos de infraestructura pública del país. Ya no los hace el Estado peruano y tampoco se entrega en concesión su construcción a un operador, esta vez se le encarga y paga a otro Estado, para que realice aquello que no podemos hacer con nuestros funcionarios públicos y con las reglas con las que están atados. En este caso, la Contraloría General de la República no podrá amenazar a los contratantes de los otros Estados, pero ellos al final terminarán encargándole las obras a las mismas empresas que operan en el Perú. Las obras serán realizadas a un menor costo y en menor tiempo y la realizarán las mismas constructoras. Es la foto de nuestra crisis de institucionalidad.
