Por Stakeholders
Lectura de:
Por: Jorge Melo Vega Castro
Presidente de Responde
Esta afirmación nos puede resultar contradictoria, sobre todo cuando siempre hemos sabido que los empresarios son los dueños de las empresas. Y es que la culpa, en parte, la tiene el habernos acostumbrado a vivir un modelo que premia al emprendedor chicha, aquella persona que sale adelante con su esfuerzo y que no tiene obligaciones, más allá de su propia subsistencia. Los temas tributarios, municipales, defensa civil, competencia desleal no forman parte de sus obligaciones.
Quizás esa es también la visión de los congresistas, quienes por su propia formación entienden así el mundo empresarial, como “el negocio del dueño”. Es así como aprobaron el proyecto de ley que modifica el Decreto de Urgencia 003-2017, respecto al caso de las empresas consorciadas a Odebrecht, para sancionar “a los dueños” de las empresas peruanas.
La realidad es que una empresa en marcha, no tiene un dueño beneficiario, en el sentido de la persona o personas que pueden decidir arbitrariamente sobre la sociedad, y más bien el empresario participa en un escenario en el que hay otros actores o grupos de interés que tienen más influencia y consiguen mayores beneficios que el suyo.
La gestión de la sostenibilidad tiene una herramienta que es muy poderosa para explicar, en su real dimensión, el aporte de las empresas a la sociedad: es el indicador de generación de valor de la empresa. Así encontraremos que si una empresa vende en un año por 100 millones de soles, ese dinero no le pertenece a los dueños de la empresa, sino que el resultado de esas ventas sirve para pagarles a los proveedores, a los trabajadores, a los bancos, al Estado, para hacer más inversiones y lo que resta de todo, será para los accionistas. Esa secuencia, muy primaria, es lo que comúnmente se conoce como cadena de pagos y en la categoría de sostenibilidad se le llama generación de valor social.
Ese es el único modelo que existe para lograr sociedades exitosas, el que proviene del encadenamiento de empresas y personas, de allí que en los países más desarrollados los ciudadanos celebran el éxito de sus empresas, porque saben que eso se verá reflejado en más empleo, dinero para las personas y mayores ingresos para el Estado. Si esa cadena se corta, se afecta la subsistencia de miles de personas que dependen de esos ingresos y muy poco se perjudica a los directivos. Entonces para nuestro caso ¿a quién se querría sancionar con el proyecto aprobado en el Congreso?
Hemos visto en EEUU y en Europa hace pocos años, cuando se destapó la crisis por corrupción de las hipotecas subprimes, los derivados y el correlato financiero en la industria del automóvil; lo primero que se les ocurrió a esos gobiernos fue sacar adelante a sus empresas y así proteger los empleos y sus cadenas de pagos. Todas esas medidas no buscaban proteger a los directivos, ya que muchos de ellos terminaron en la cárcel, sino que estas medidas permitieron reactivar sus economías fuertemente impactadas por prácticas de corrupción, en las que la propia administración pública y sus propios organismos reguladores habían participado, eran parte del problema o se habían hecho “de la vista gorda”.
