Por Stakeholders
Lectura de:
Jorge Melo Vega Castro
Presidente de Responde
La empresa es el motor para el desarrollo, genera valor económico para la sociedad y ofrece empleo que es la fuente de ingresos para el sostenimiento de las personas y sus familias. Puede sonar a una frase manida, pero si alcanzamos a reflexionar un poco más sobre la misma, podemos identificar que si esas premisas no se asumen con autenticidad, las personas, los ciudadanos, verán sus derechos muy limitados ya que no podrán vivir en un entorno que les ofrezca seguridad jurídica, educación, servicios públicos básicos, y garantizarles, en definitiva, su libertad.
Cuando repasamos el origen de los derechos humanos vamos a encontrar que les preceden los tratados internacionales de tipo laboral, desde Versalles en 1919 al final de la Primera Guerra Mundial, donde lo que se aspiraba era proteger el empleo y con él la justicia social. Abordar el tema de las libertades del hombre, pasa por entender su libertad económica y esa se obtiene en base al trabajo. Desde que se dio la revolución industrial y se supera el feudalismo, es la empresa la responsable de generar esa contribución económica a través del empleo que permite que los hombres empiecen a obtener la ciudadanía y por tanto sus libertades fundamentales.
Es por ello importante identificar el valor que ofrece la empresa en la dimensión de los Derechos Humanos. En todo el mundo es el sector de las PYMES los grandes generadores de empleo y por tanto los Estados se cuidan mucho de protegerlas, con especial rigor, porque están claramente defendiendo a los ciudadanos. La sostenibilidad de las PYMES y su formalidad permiten desarrollar un tejido empresarial con foco preferente en la creación y mantenimiento del empleo. En Europa, muchas veces se llega a subsidiar actividades con ventajas fiscales o empleo de espacios públicos, en la medida que la empresa se comprometa a mantener un número determinado empleos. Parece paternalista o ineficiente la medida, pero en verdad no lo es, ya que el gobierno local o regional, en estos casos, está protegiendo los Derechos Humanos de sus ciudadanos y la economía familiar.
La gran empresa por su propia dinámica no es generadora directa de empleo, ese empleo se desarrolla a través de las PYMES que son parte de su cadena. Sin embargo, su mayor contribución a los Derechos Humanos va por el lado de la fiscalidad, los aportes tributarios al Estado como el IGV o el Impuesto a la Renta, son recursos cuyo objeto es destinarse a mejorar los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes.
Por ello destacamos que la informalidad afecta a los Derechos Humanos, debido a que desarrolla una lógica perversa para toda la sociedad. El empleo es el principal impactado, ya que no se reúnen las condiciones básicas, de las que mencionamos se aprobaron en 1919, sino que la seguridad y salud no se vigilan. La minería informal, la tala ilegal, la pesca artesanal, la producción y venta de productos alimenticios y farmacéuticos de dudosa procedencia, una larga lista de incumplimientos que terminan afectando a la salud y a los derechos y libertades.
Cierra este círculo vicioso de afectaciones, la imposibilidad del Estado de obtener los recursos indispensables para ofrecer los derechos básicos a sus ciudadanos. Existe ya un serio problema en nuestro ADN y es el de convivir y tolerar la conducta del incumplimiento y la informalidad, esto es, que no sólo somos pasivos ante la ley, sino que somos partícipes de una violación sistemática de los Derechos Humanos.
