Por Marushka Chocobar - Consejera en Inclusión y Ética en Inteligencia Artificial para Generativa Latam*
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La inteligencia artificial se proyecta como un motor económico decisivo para el mundo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que su mercado alcanzará los 4.8 billones de dólares en 2033 (UNCTAD 2025), consolidándose como una de las industrias más estratégicas de la próxima década. Este crecimiento reestructura prioridades para los países que deberán orientar políticas públicas, inversión y marcos regulatorios hacia un aprovechamiento estratégico de esta tecnología. Para Perú, el reto es enorme: pasar de la regulación a la acción a fin de garantizar que esta oportunidad global se traduzca en mejoras concretas en servicios esenciales para las personas.
En este escenario, la inteligencia artificial se ha convertido en un eje de debate global por su capacidad de catalizar procesos de transformación en los servicios públicos y privados. Sin embargo, más allá de su potencial económico, lo esencial es reconocer que su valor está en la reducción de desigualdades y en la ampliación de oportunidades a nivel nacional.
Servicios públicos esenciales
Según INEI (2025), el 58.9 % de los hogares del país contó con servicio de acceso a Internet, con una marcada diferencia entre Lima (80.3 %) y las zonas rurales (20.5 %). Esta brecha limita la posibilidad de millones de estudiantes de acceder a recursos educativos digitales. En salud, según el Banco Mundial, el 52 % de los centros de atención primaria carece de médicos y el 98 % presenta deficiencias de infraestructura y equipamiento (World Bank 2023). Asimismo, la administración de justicia enfrenta una permanente alta carga procesal que afecta derechos fundamentales. Finalmente, según reportes de INEI (2024), el 85.6 % de la población urbana percibe que en los próximos meses será víctima de un delito.
«Es imperativo que logremos articular políticas públicas, inversiones privadas y ciudadanía comprometida».
Ante esta problemática, la inteligencia artificial aplicada con visión territorial, puede ayudar a cerrar desigualdades estructurales. En educación, estas tecnologías facilitan plataformas personalizadas incluso donde la conectividad es limitada. En salud, soluciones con inteligencia artificial han ampliado la cobertura diagnóstica en zonas remotas, mejorando la detección temprana de enfermedades críticas. En justicia, estas tecnologías aceleran la gestión de expedientes y reducen los tiempos procesales. Y en seguridad ciudadana, un estudio de Deloitte revela que tecnologías inteligentes podrían disminuir la criminalidad entre 30 % y 40 %, además de acortar los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia entre 20 % y 35 % (Deloitte 2024).
Capitalizar el crecimiento económico
Perú cuenta con una Ley de Inteligencia Artificial, pero en un escenario electoral como el de 2026, para capitalizar este crecimiento económico y lograr distribuirlo hacia los sectores productivos a nivel regional y local, se requerirá un sólido compromiso político y habilitadores eficientes como el mecanismo de Obras por Impuestos que impulsa inversión privada para atender desafíos públicos y cuyo alcance hoy abarca inversiones en transformación digital.
La inteligencia artificial abre una ventana de oportunidad histórica para el Perú. Por ello, es imperativo que logremos articular políticas públicas, inversiones privadas y ciudadanía comprometida para traducir este potencial global en bienestar tangible para nuestra población.
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Consultora en Transformación Digital para la iniciativa GovStack de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT*
