Por Stakeholders
Lectura de:
Hans Rothgiesser
Director adjunto de la Revista Stakeholders
Uno de los principales problemas que tenemos en el Perú con respecto a la promoción del sector minero es la falta de un planteamiento nacional de modelo de desarrollo aceptado por todos. Esto, por supuesto, es consecuencia de que nunca nos hemos puesto realmente de acuerdo en qué tipo de país queremos ser. Tenemos un sector de la población que se opone a la minería, pero no plantea una alternativa realista a nivel nacional. Por el otro lado, tenemos un segmento importante de la economía nacional que vive actualmente de esta industria a través de alguno de los canales. Quizás por la generación del empleo indirecto, quizás por alguno de los proyectos financiados con dinero del canon minero, quizás por las oportunidades que se generaron por la intervención en responsabilidad social.
En el año 2011 tuve la suerte de poder acudir a la Convención Minera en Arequipa. En esa ocasión la preocupación generalizada era la conflictividad que existía alrededor de la aprobación de nuevos proyectos mineros y cuál iba a ser la solución final a ese asunto. La minería, por supuesto, es una actividad en la que la presencia del ingeniero es bastante fuerte: Desde el ingeniero de minas que está metido en la operación hasta el ingeniero civil encargado de las construcciones. Y un ingeniero suele pensar en función a las soluciones finales de los problemas. No podemos culpar al sector minero, entonces, por querer encontrar una solución definitiva para poder continuar explotando estos recursos naturales.
Esta solución, por supuesto, nunca llegó. En algún momento se pensó que el canon minero sería la solución y que así se ganaría el apoyo de las autoridades locales. Claramente ese no ha sido el caso. Basta echarle un vistazo al caso de Tía María. En otro momento se propuso la consulta previa como la forma por la cual Estado, comunidades aledañas y minera podían trabajar de la mano para beneficiarse todos simultáneamente de la explotación de una mina. No obstante, para que esto funcionase necesitábamos un Estado que se pusiera la camiseta y ése tampoco ha sido el caso. Claramente.
¿Cómo es posible que en casi una década no hayamos podido avanzar en absoluto al respecto? ¿Cómo es posible que la discusión siga siendo la misma? Los mineros han ido afinando sus procesos. Han aplicado tecnologías cada vez más limpias. Han contratado cada vez más y mejores operadores para trabajar con las comunidades distintos proyectos y programas para beneficiarlas. Y si bien hay mucho que podría hacer mejor y aprender y difundir para que más mineras hagan las cosas bien, por su lado, ¿qué ha hecho el Estado?
El Estado se ha puesto saboteado a sí mismo. La ley de consulta previa, que debía ser la norma final para solucionar este asunto, no ha funcionado por una serie de razones. Primero, porque su ejecución quedó en manos de un ministerio que semánticamente tiene algo que ver, pero que no es el adecuado y que tiene otras prioridades. Tan poco efectiva ha sido su aplicación, que incluso hoy en día hay líderes de opinión y columnistas que insisten en desinformar que la consulta previa es vinculante, un detalle que ya se aclaró a nivel técnico y legal que simplemente no es posible. El llamado a desmentir esto es el mismo Estado, el cual ni siquiera eso hace.
Y así seguiremos Perumin tras Perumin discutiendo las mismas cosas. A menos, claro, que hagamos cambios profundos a la institucionalidad alrededor de este problema. No obstante, antes necesitamos discutir en la arena política qué es lo que queremos como país hacer con la minería. Esa debería ser el inevitable punto de partida.
